La oposición acusa al Tribunal de Cuentas de "sectarismo"

La crispación política que preside las relaciones entre los partidos ha llegado hasta el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, órgano formado por tres consejeros afines al PNV, uno a EA, dos al PSE y uno al PP. Populares y socialistas acusaron ayer al tribunal de "sectarismo" por eludir la fiscalización de algunos asuntos controvertidos, sobre todo, para el PNV. Es el caso de la contratación de personal por parte de EITB, la financiación de la Feria de Muestras y el convenio suscrito entre la Diputación de Vizcaya, gobernada por el PNV, y el Athletic de Bilbao.

Estas cuestiones fueron recogidas en la lista de propuestas de fiscalización que el Parlamento envió al tribunal para el periodo comprendido entre junio de 2003 y mayo de 2004, pero fueron excluidas del plan de trabajo del órgano fiscalizador tras una votación celebrada en junio entre los consejeros. PNV y EA hicieron valer el peso de sus cuatro representantes frente a los tres de PP y PSE.

La presidenta del tribunal, María Asunción Macho, nombrada a propuesta del PNV, compareció ayer ante la comisión de Economía del Parlamento para explicar los motivos que han llevado a la institución que preside a excluir esa parte de las recomendaciones que le hizo la Cámara.

El Tribunal de Cuentas había conseguido escapar hasta ahora a la tensión que han imprimido los partidos, pero ayer no escapó a la censura. PP y PSE no se ahorraron críticas durante la comparecencia de la presidenta.

Rodolfo Ares, portavoz del PSE en la comisión, reprochó a la presidenta que, por primera vez en la historia, el tribunal no haya elaborado con el consenso de sus siete consejeros un plan de trabajo. En lugar de eso, ha recurrido a una votación donde los consejeros que apoyan a los partidos del Gobierno han rechazado las peticiones más relevantes presentadas por la oposición. "El Tribunal no cumple con sus tareas y está queriendo debilitar la tarea de control del Parlamento", señaló con enojo.

"Sombras de duda"

Ares advirtió de que la actitud del tribunal arroja "sombras de duda" sobre su gestión, lo que le llevó a preguntarse en voz alta si las decisiones que toma la institución son "¿para fiscalizar mejor o para que el Gobierno vasco tenga menos problemas?". El representante del PP, Antonio Damborenea, también se mostró muy molesto con las decisiones adoptadas por el Tribunal de Cuentas. "Ya no se puede hablar de partidismo, sino de sectarismo", proclamó. Y lo justificó con la tesis de que "lo que no se fiscaliza es lo propuesto por la oposición". Según Damborenea, la "ética se quiebra" cuando al segundo grupo del Parlamento vasco (el PP cuenta con 19 escaños, sólo por detrás del PNV) presenta tres propuestas y tan sólo se le acepta una, la menos polémica.

En concreto, el PP planteó la auditoría del Fondo de Cooperación al Desarrollo, que le ha sido admitida, y la fiscalización de los gastos sanitarios abonados por el Gobierno a los centros sanitarios y de la sociedad rural Mendikoi. "Ustedes", señaló Damborenea en alusión a la presidenta y los consejeros nacionalistas del tribunal, "no pueden decir que propuestas son prioritarias y cuáles no. El Parlamento es quien les da las prioridades".

La presidenta del Tribunal de Cuentas rechazó las acusaciones de "sectarismo" lanzadas por PSE y PP con el argumento de que la institución carece de los medios necesarios a la hora de abordar todas las propuestas. Así, recordó que en los últimos años se ha producido una demanda creciente en las solicitudes del Parlamento, pasando de los 9 informes del año 1999 a los 60 de 2003. "No disponemos de los medios suficientes para satisfacer esta demanda en un periodo razonable", razonó.

Los principales problemas con que se encuentra el tribunal son la ausencia de un aumento de plantilla frente a la creciente demanda de informes, las reducciones de la jornada anual de trabajo de los funcionarios, las bajas de maternidad y la aplicación del plan de euskaldunización, que obliga a la liberación de trabajadores. Las horas de trabajo para la realización de fiscalizaciones son aproximadamente 47.000 al año, pero un 47% de ellas se dedican a los informes obligatorios, como Osakidetza, cuenta del Gobierno vasco, de la Universidad del País Vasco (UPV) y de las tres diputaciones forales.

Macho propuso al Parlamento vasco que sea su comisión de Economía la que depure las propuestas presentadas por los diferentes grupos políticos y que remita al Tribunal de Cuentas una lista con los informes que juzga más necesarios.