La Confederación del Segura no sabe cuánto regadío hay en la región

La investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la presunta existencia de un mercado negro del agua en Murcia está deparando sorpresas. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, denunciado en el caso, aseguró ayer en su declaración ante la Fiscalía no conocer con exactitud la evolución de los regadíos en su territorio. "Conocer con precisión la superficie regada y el origen del agua es muy complejo", sostuvo, "porque ésta puede ser agua pública o agua privada de acuerdo con lo que establece el derecho transitorio de la Ley de Aguas".

Ante las acusaciones contra Cánovas y otros directivos de la Confederación por consentir supuestamente el desvío de agua hacia zonas urbanizables, favoreciendo a determinados grupos económicos, el máximo responsable de la Confederación, nombrado en junio de 2000, explicó al fiscal "que la Confederación Hidrográfica ha encargado al CEDEX [un organismo dependiente del Ministerio de Fomento] la elaboración de un modelo alimentado con datos de los satélites artificiales para conocer la evolución de la superficie regada en el territorio de la CHS".

Según la investigación de la Fiscalía, desde la Confederación se habría hecho la vista gorda, con expedientes tramitados pero sin sanción efectiva en muchos caso, sobre el riego presuntamente ilegal de un total de 8.500 hectáreas en Murcia, Albacete y Alicante, con extracciones presuntamente ilegales de 60 millones de metros cúbicos de agua al año.

Grupos empresariales

Esas extracciones supuestamente ilegales habrían beneficiado a un puñado de grupos empresariales, entre los que destaca el del constructor cartagenero Mariano Roca Meroño. Éste niega haber cometido irregularidad alguna y asegura que todas sus acciones se han atenido a la legalidad.

Cánovas, a través de un portavoz, declinó hacer comentarios a este diario sobre su comparecencia. Ante la Fiscalía aseguró también que no conoce a los supuestos beneficiados en la presunta trama del agua y se remitió a los archivos de la Confederación al ser preguntado sobre los informes remitidos a sus superiores y quiénes eran éstos. Precisó también que carece de competencias en cuanto al problema de los cultivos ilegales.

Las acciones por las presuntas irregularidades que se registran en torno al agua en Murcia se suceden. Ayer, la asociación Comisión Pro Río de Orihuela presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Mariano Roca Meroño y Antonio Pedrera por presunto delito medioambiental y fiscal y contra el presidente de la Confederación por un supuesto delito de prevaricación.

Estas acciones se suman a la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia de juzgar a los responsables de la Confederación del Segura por un presunto delito contra el medio ambiente por vertido de aguas residuales al Segura.