Dos 'padres' de la Constitución vinculan su éxito al compromiso democrático del Rey
"Somos el récord de la inestabilidad constitucional, comparados con Europa: en 150 años España tuvo, al menos diez constituciones; mientras Dinamarca en el mismo periodo ha tenido dos; Alemania e Italia, tres, y Francia, cuatro", ironizó anoche Gabriel Cisneros, ex diputado de las Cortes constituyentes y uno de los siete padres que participaron en la redacción de la Constitución de 1978, en un claro intento por "desacralizar" cualquier interpretación que trate de reducir las "posibilidades" de la Carta Magna a la rigidez de una simple "norma". "La Constitución no es una norma jurídica", puntualizó en una conferencia celebrada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con motivo de sus bodas de plata, "sino que fue el resultado de una tarea colectiva, del dinamismo y del esfuerzo de imaginación que hizo la sociedad española. La Constitución lo único que hizo fue poner el marco jurídico para amparar y proteger esos derechos". En realidad, el senador del PP y su homólogo en lo que a "escribano de la Constitución" se refiere, el ex diputado de UCD José Pedro Pérez Llorca, atribuyen "el éxito de la Constitución" a dos factores clave: En primer lugar, "el compromiso del Rey Juan Carlos I con la democracia".
Tarea diplomática
Ese compromiso se plasmó en una ardua tarea diplomática en el exterior que se intensificó entre mediados de 1975 y 1977, con viajes entre otros, a EE UU, donde Juan Carlos I declaró al semanario Newsweek que el Gobierno de Carlos Arias era un obstáculo para la Transición. El segundo gran factor insoslayable del éxito de "los pactos preconstitucionales" reside en el hecho de que "Europa dijo no a la continuidad" del régimen.
"Juan Carlos I fue un monarca escrupulosamente democrático, desde antes de la Constitución". De hecho, ejerció un intervencionismo en el plano internacional. "Y tanto que intervino", exclamó Cisneros, al narrar "el nivel de acuerdos previos alcanzados", fuera de España y dentro entre el ex presidente Adolfo Suárez, el Rey y los líderes de los partidos políticos clandestinos, antes de anunciar la elaboración de la "Ley para la Reforma Política que dio lugar a las elecciones generales de junio de 1977".
La LRP, que es sobre todo "una ley electoral" -vigente todavía, subrayó Pérez Llorca- fue "un potente instrumento jurídico ideado por el tutor del Rey, Torcuato Fernández Miranda, desarrollado aprovechando los derechos fundamentales del viejo régimen franquista en los que figuraba la posibilidad de convocar un referéndum", en casos en los que estaba en juego la soberanía nacional.
