Territorio abre una vía legal para edificar en el litoral no protegido

El pleno del Consell aprobó el pasado viernes un anteproyecto de ley de suelo no urbanizable que abre la vía a la edificación en zonas de litoral al margen del planeamiento urbanístico de cada municipio. La norma, además, traslada a los ayuntamientos la última palabra sobre los usos terciarios del suelo no urbanizable puesto que deroga la previa autorización urbanística de parte de la Generalitat que recogía la ley de suelo no urbanizable de 1992. La nueva ley establece cinco tipos de aprovechamiento del suelo no urbanizable siempre que no sea protegido.

Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, subrayó el pasado viernes que la nueva ley abre la posibilidad de destinar suelo no urbanizable a la construcción de viviendas de protección oficial. Del mismo modo, podrían construirse colegios o cualquier otra dotación de servicios públicos sobre determinadas parcelas rurales. Pero las posibilidades de edificación sobre el suelo rural que abre la nueva ley son mucho más amplias.

El anteproyecto de ley de ordenación del territorio, que ya tramita el Consell, suprimió la restricción a la urbanización en la franja de quinientos metros a partir de la costa que históricamente correspondía a la zona de delimitación marítimo-terrestre. Pero introducía toda una serie de criterios de uso racional de los recursos que limitan de forma genérica una urbanización agresiva.

La nueva norma de suelo no urbanizable, que en una anterior redacción formaba parte de la ley de ordenación territorial, se ha desgajado y establece distintas modalidades de uso del suelo no urbanizable común, aquél que no está protegidas por razones medioambientales, por ejemplo.

El texto prevé la construcción de almacenes para usos agrícolas, establece limitaciones a la construcción de viviendas familiares sobre fincas rurales y señala bienes de relevancia local que se recogerán en los respectivos planes de usos en suelo no urbanizable y que limitan la tranformación de ciertos asentamientos.

Pero también recoge la construcción de "instalaciones destinadas a actividades turísticas, deportivas, de ocio y esparcimiento, terciarias en general o de servicios en suelo no urbanizable", que requerirá la preceptiva declaración de interés comunitario.

Y detalla a continuación que "sólo podrán tramitarse" solicitudes para implantar "establecimientos de restauración, hoteleros y asimilados" cuando las parcelas urbanas más próximas disten cinco kilómetros de la zona elegida y sea conveniente la ubicación de los edificios "para el disfrute del medio natural y del paisaje". El texto también menciona que se tendrán en cuenta las posibilidades de acceso desde la red de carreteras existente.

La Consejería de Territorio y Vivienda difundió el sábado una nota oficial sobre un estudio de usos del suelo que concluía que el 1% del territorio litoral valenciano concentra el 15% del PIB regional.

La nota incluía también una cita del consejero Rafael Blasco: "La nueva ley de suelo no urbanizable permitirá la recuperación de determinados puntos muy valiosos del litoral para el disfrute colectivo teniendo en cuenta su importancia como generación de empleo y riqueza".

La costa de la Comunidad Valenciana tiene una longitud de 470 kilómetros, de los cuales 146 están completamente libre de edificación según el citado mapa de usos del suelo, de los cuales cien están protegidos. La nota oficial subrayaba que un 68,4% del litoral sin edificar se encuentra protegido. De otra manera, cabe edificar sobre los 47 kilómetros restantes de suelo no urbanizable que carecen de protección específica.

La estricta regulación del uso del suelo municipal urbano y urbanizable que incluye el proyecto de ley de ordenación de territorio contrasta con la cesión de atribuciones a los ayuntamientos sobre los usos del suelo no urbanizable que recoge el segundo proyecto. Las Cortes tramitarán ambos textos de forma paralela a tenor de sus plazos de aprobación.