El tortuoso recorrido de una huelga sin ley

A rmada de poderosos corsés, la huelga dejó de ser ilegal en España en 1975, bajo mando de Carlos Arias Navarro. Pero Adolfo Suárez, con la Transición aún en pañales, no apuró ni un año en la presidencia del Gobierno para reemplazar esta norma por el tan traído y llevado Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, la base que explica, todavía hoy, que el derecho de huelga beba de un marco regulador preconstitucional. Esta base cede al Gobierno gran capacidad para forzar la reanudación de la actividad laboral, sobre todo en las empresas que prestan servicios públicos, y se explaya sobre cuándo este tipo de protesta es ilegal; por ejemplo, por "motivos políticos".

La Constitución, que elevó la huelga a la categoría de derecho fundamental, alude en su artículo 2.8 a una ley que deberá regular el ejercicio de este derecho con "garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Esta ley nunca ha llegado a promulgarse, aunque UCD hizo un amago en 1980, y los Gobiernos de Felipe González, tras unos años con el termómetro de la conflictividad laboral al rojo, impulsaron serios intentos, sobre todo en 1987 y 1992. Abrieron heridas: en el propio Ejecutivo, con la patronal y, aún más, con los sindicatos, que durante años han defendido que la mejor ley de huelga es la que no existe, que mirando a Europa han preferido la autorregulación en el marco de la negociación colectiva y ajena a las crisis en

ARTÍCULO 28, 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses

caliente, y que han criticado, con PSOE y con PP, la tendencia a usar política y abusivamente los servicios mínimos. Han sido éstos la fuente de conflicto, más que la propia huelga. El proyecto de 1992, que suscitó un contraproyecto sindical más afinado sobre los sectores y servicios esenciales a garantizar y una negociación al margen de las Cortes, murió en el Senado por el adelanto de las elecciones de 1993. Nadie volvió a desempolvarlo.

Pero ausencia de ley no equivale a vacío. Éste se ha ido llenando. Primero, con una sentencia del Tribunal Constitucional (8 de abril de 1981) que reinterpretó o dejó en papel mojado algunos preceptos de la norma de 1977. Hubo otros fallos del Constitucional, del Supremo y decenas de decretos y actos administrativos.

España ha vivido en democracia cinco huelgas generales: 1985, sin UGT; la emblemática de 1988, en 1992, 1994, y, ya con el PP, en 2002. Y el cruce entre el derecho de huelga y el de los ciudadanos a tener garantizados los servicios esenciales sigue sin casar.