El Gobierno en funciones de CiU sigue nombrando altos cargos tras las elecciones

Entre octubre y noviembre, el Gobierno en funciones de Convergència i Unió (CiU) ha nombrado a tres subdirectores generales, un presidente de la Junta de Finanzas, cuatro jefes de área, dos jefes de sección, nueve responsables de área, una decena de lo que se conoce como cargos singulares, amén de vocales y un sinfín de cargos administrativos cuyos beneficiarios, como mínimo, verán incrementar su salario de funcionarios a cargo del erario público.

Lo más sorprendente, sin embargo, han sido los nombramientos acordados tras las elecciones del pasado 16 de noviembre por un Gobierno en funciones. El 18 de noviembre, dos días después de los comicios, el consejero de Economía, Francesc Homs, firmaba en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) siete nombramientos. Por una parte, Carme Pla pasaba a ser coordinadora de Información Ciudadana; Montserrat Gálvez, responsable de Seguimiento de Proyectos, y Francesc Rius, jefe de Ingresos y Pagos de la Dirección General de Presupuesto. Por otra, Jordi Salleras era designado presidente; Bertomeu Puiggrós, secretario, y Maria Balada y Carme Duró, vocales de la Junta de Finanzas. Este organismo es el que, en única instancia, resuelve las reclamaciones de los ciudadanos contra resoluciones gubernamentales.

El lunes, la consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, nombraba a Jordi Vela subdirector de Gestión de Personal y de Medios Económicos y Materiales de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia.

La tendencia a engrosar las filas de la Administración se puso de manifiesto poco antes del verano, cuando el consejero de Gobernación, Josep Maria Pelegrí, respaldó a Albert Raventós, director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, por convocar unas oposiciones para aumentar el cuerpo de abogados de la Administración, pese a que se lo impedía una ley aprobada por unanimidad en el Parlament. En octubre se produjo otra oleada de nombramientos, entre los que destacan el de Jesús Marín como director de Tributos en Economía y el de Montserrat Segura en Trabajo.

Fuentes sindicales aseguran que antes de las elecciones hubo un pacto entre el PSC, ERC e ICV para revocar, si accedían a la Generalitat, todos los nombramientos del Gobierno en funciones. Esquerra hizo bandera de ello durante la campaña y en la actual ronda negociadora ha anunciado que revisará incluso otras decisiones del Ejecutivo.

Los beneficiarios de estos nombramientos mantendrán la subida en el escalafón y el correspondiente aumento de salario incluso si el nuevo Ejecutivo decide no confirmarles en sus puestos. El Gobierno saliente, por tanto, les habrá dejado bien colocados.

Este mes, el equipo de Artur Mas ha tomado ciertas decisiones como si hubiera sido confirmado por el Parlament, como la convocatoria de 27 plazas administrativas de libre designación, nueve de las cuales fueron publicadas en el DOG tras los comicios. Justicia e Interior y Enseñanza se llevan la palma. El primero ofrece 13 puestos para jefaturas de prisiones, y el segundo, seis secretarías en delegaciones territoriales.

El Gobierno catalán rechaza que haya irregularidades en estos nombramientos pues sostiene que "estos son cargos administrativos" con independencia de si el Gobierno "está o no en funciones", según un portavoz de Industria. "No podemos permitir que la Administración se paralice a la espera de un nuevo Gobierno", añade la misma fuente. Industria convocó el 25 de noviembre una plaza de informador de la Oficina de Gestión Unificada para Actividades Empresariales.En Justicia e Interior, están vacantes desde el 6 de noviembre 13 puestos de jefes de prisiones. Fuentes del departamento aseguran que estas plazas se han cubierto siempre por libre designación debido al alto grado de responsabilidad que exigen. "Más bien son pocos los que las están solicitando. Ser jefe de un centro penitenciario implica muchísimo desgaste y la rotación de los puestos es elevada", explica una portavoz.

La legislación permite cubrir determinados puestos por el sistema de libre designación, aunque sólo los funcionarios públicos pueden acceder a ellos. La convocatoria debe ser publicada en el DOGC. De los siete cargos nombrados el 18 de noviembre por Economía, cuatro habían sido seleccionados por la fórmula de la libre designación y el resto por concurso de méritos.

Mientras que la Administración avala esta práctica, los sindicatos creen que deteriora la imagen de la función pública. Juan Carlos Gallego, de CC OO, critica que un Gobierno en funciones ofrezca esta "utilización patrimonialista de la Administración". "Da la sensación de un retorno al mundo de los cesantes del siglo XIX", agrega. A Gallego también le sorprende el contraste de la actual fiebre de nombramientos con la tónica de la pasada legislatura, "en la que se ha producido una congelación de las promociones de funcionarios".