CiU recurrirá ante los tribunales la tasa de la grúa en Barcelona si no se rebaja

El grupo municipal de Convergència i Unió (CiU) recurrirá ante los tribunales contra el incremento de algunas tasas municipales previsto en las ordenanzas fiscales de 2004. En concreto, la grúa y la incineración. En el caso de la grúa municipal, el incremento será del 25% -recuperar el coche mal estacionado costará 130 euros- y la tasa que se pagará por incineración se encarecerá un 10%.

CiU cree que esas subidas responden al "afán" recaudatorio y que no se ajustan al coste real del servicio. Por tanto, pide que se rebajen.

El grupo nacionalista ha presentado más de 50 alegaciones a las ordenanzas fiscales de 2004, que serán sometidas a aprobación definitiva en el plenario de diciembre. El argumento de fondo del grupo de la oposición es que el equipo de gobierno municipal tiene que buscar fórmulas para rebajar la presión fiscal.

"Con la actualización del catastro, el Ayuntamiento ingresa más por el impuesto de bienes inmuebles [IBI]; por eso creemos que sería posible que rebajara el tipo de ese impuesto desde el actual 0,85% hasta el 0,77%", comentaba ayer Joan Puigdollers, portavoz del grupo municipal de CiU.

Xavier Trias, presidente del grupo, criticó especialmente el incremento de las tasas de grúa e incineración y el 10% de la tasa que pagan los restaurantes y bares por las terrazas y algunos vados. "Como no pueden subir más los impuestos, suben más las tasas, y eso es afán recaudatorio", sostuvo Trias, quien también considera abusivo subir el impuesto sobre construcciones, que pasa del 3% al 3,15%.

El grupo de CiU entiende que algunas de las medidas anunciadas, como el recargo del 50% del IBI en los pisos desocupados, es puro maquillaje para satisfacer las exigencias de algunos socios del equipo de gobierno. "Si no se determina qué se entiende por piso deshabitado, difícilmente se podrá aplicar un impuesto", añadió Trias.

Otra crítica que se hace desde la oposición al gobierno de Joan Clos es que el consistorio podría suavizar la presión fiscal sobre el ciudadano a partir de 2004 ya que la Ley de Haciendas Locales supondrá un incremento del 12% de las transferencias del Estado a los ayuntamientos. "Si las arcas municipales recibirán más, sería justo que el ciudadano pudiera pagar menos", insistía Puigdollers.

Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular, se sumó a las críticas a la política fiscal del Ayuntamiento y consideró "una burla a las familias numerosas" el descuento de 60 euros del IBI, una "cantidad insignificante para los gastos que han de afrontar". Fernández Díaz pidió una reducción del 20% del coste de la zona azul.