La mujer del César

Todo el mundo sabe que en política, como en la vida, la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino también parecerlo; hay cosas que no están bien y la opinión pública así las percibe, en consecuencia, se consolida un concepto negativo de las personas que realizan algo que no parece muy correcto. Viene esto a cuento del nombramiento del delegado del Gobierno en Andalucía como coordinador electoral del PP en la provincia de Sevilla, circunstancia que ha desatado, y con razón, voces que se escandalizan ante esta duplicidad de funciones, que, más allá de que sean o no jurídicamente incompatibles, y hay muchas razones para pensar que sí lo son, en cualquier caso, lo parecen y mucho; pero además de la interpretación de la norma que regula el caso concreto o de la que se haga del sentido del conjunto del ordenamiento jurídico, desde un punto de vista ético la incompatibilidad no resiste el más mínimo análisis, resulta evidente.

En los muchos años que llevo dedicada a la política activa, tantos como los 25 años de la Constitución cuya conmemoración celebramos el próximo 6 de diciembre, he tenido la fortuna de poder ocupar diversos cargos de representación política, desde consejera del Gobierno andaluz a concejal del Ayuntamiento de Sevilla, pasando por la vicepresidencia de su Diputación provincial, además de parlamentaria nacional y andaluza y también delegada del Gobierno en Andalucía y les aseguro que mi relación con la política partidaria, absolutamente legítima y necesaria, por otra parte, fue radicalmente diferente cuando fui delegada del Gobierno que en cualquiera de las otras funciones que desempeñé, y es que, al margen de lo que diga la ley de incompatibilidades, que dice muchas cosas, la propia naturaleza de las funciones que se desempeñan obliga a actuar de manera diferente; éste ha sido, por otra parte, el comportamiento generalizado, en los más de 25 años de vida democrática, de todos los delegados del Gobierno, de todas las comunidades autónomas, de todos los partidos políticos y cuando alguno se ha apartado de esta norma no escrita ha sido objeto de crítica pública y, en ocasiones, de cese.

Estoy segura de que el delegado del Gobierno en Andalucía lo sabe, porque antes lo ha sido en Castilla- La Mancha y trajo fama de hombre institucional y no partidario; en esta ocasión, Javier Arenas le ha jugado una mala pasada proponiéndole para el puesto de coordinador electoral provincial del PP, situación inédita hasta ahora en España y que va en esa línea marcada por este partido de no saber distinguir nunca entre cargos institucionales y partidarios; el propio señor Arenas no se ha dado cuenta de que es vicepresidente del Gobierno y ya no secretario general del partido; las funciones de un delegado del Gobierno no son iguales que las de un ministro ni que las de un consejero, por ejemplo, y hay pruebas: estos, ministros y consejeros, pueden presentarse a las elecciones, pues son compatibles y elegibles y los delegados del Gobierno, no. Yo tuve que dimitir como delegada del Gobierno para poder presentarme a las elecciones generales porque así lo establece la propia ley electoral y, sin embargo, no lo hace con otros cargos públicos, alguno de los cuales son elegibles, aunque después resultan incompatibles, mientras que el delegado es lo más: inelegible e incompatible.

¿En donde está esa incompatibilidad manifiesta que le alcanza al delegado del Gobierno? En las propias funciones que en el proceso electoral por ley le corresponden, por ejemplo, la supervisión o el nombramiento de los representantes de la Administración en las mesas electorales, ¿con que criterio los va a nombrar quien es al mismo tiempo responsable institucional y partidario? ¿Va a actuar como representante de la Administración que tiene que velar por el interés de todos o como mandado de su partido? ¿Nos vamos a quedar tranquilos con las personas que elija? ¿Quién nos asegura que actúan autónomamente?. ¿Por qué son las mejores? Demasiadas interrogantes y demasiadas dudas se nos plantean.

También hay que decir que es el responsable de la dirección del proceso electoral general y que tiene, por ejemplo, que velar por la legalidad del nombramiento de los interventores de los diferentes partidos políticos que, en el caso del PP, el mismo ha nombrado; le corresponde, nada más y nada menos que, asegurar el funcionamiento de los colegios electorales, la existencia de cabinas y, lo que es aún más importante, el número suficiente disponible de papeletas de los diferentes partidos y coaliciones electorales. ¿Por qué nos tenemos que fiar de que lo vaya a hacer correctamente quien representa a los intereses de un partido que compite? El señor Zoido sabe, mejor que nadie, que no se puede ser juez y parte y él ha decidido serlo; de aquí a la prevaricación no hay más que una paso en el que temo que el delegado del Gobernó esté metiendo a toda la Administración electoral andaluza, que no sólo tiene que ser independiente sino también parecerlo. Señor Zoido, cese en una cosa o en otra y no contamine con su nombramiento como coordinador partidario el proceso electoral, váyase cuanto antes de este lío en el que el señor Arenas nos ha metido. Espero que asuma sus responsabilidades, todos saldremos ganando.

Amparo Rubiales es diputada del PSOE por Sevilla, vicepresidenta del Congreso y ex delegada del Gobierno en Andalucía.