Reportaje:

Sospechosos actos

La familia que comparte con una veintena de gitanos un palacete en Neguri les denuncia por una treintena de hechos

El propietario de una vivienda del palacete de Neguri que tiene como vecinos a una veintena de miembros de una familia gitana ha presentado ante un juzgado de Getxo varias denuncias que incluyen más de 30 delitos o faltas supuestamente cometidos por los gitanos: allanamiento de morada, inundaciones, forzamiento y ralladuras en un coche, manchas con pañales sucios, rotura de cristales y un largo etcétera.

Una de las acciones judiciales señala el convencimiento de los denunciantes de que todos estos actos son aislados, pero que tras los mismos está el empresario que tiene alquilada parte de la mansión a los gitanos: "Induce a los inquilinos a ejecutarlos, todo ello para hacer

la vida imposible". Los denunciantes piden al juez que ordene el cese de estas actuaciones. En caso de proseguir, la comunidad de vecinos iniciará un procedimiento judicial para obligar a los gitanos a dejar la casa.

Los denunciantes están convencidos de que un empresario ha inducido las acciones

La Ertzaintza ha abierto varias investigaciones ya que algunos de los miembros penetraron en el duplex situado en el piso superior al de la familia gitana, ahora vacío, y sustrajeron aparatos de música, cuberterías o un televisor que, una vez devuelto, volvieron a robar.

Desde hace varios meses, el palacete Tangora, en la calle Bajada de Ereaga, es compartido por la familia que reside en él desde 1971, y que en 2002 adquirió una parte de su propiedad, y por una familia de gitanos a los que un hombre de negocios, que prefiere ocultar su identidad, les ha alquilado su parte del inmueble por un simbólico euro. Un tercer propietario vive actualmente en Madrid por motivos personales. La llegada de los gitanos a la planta segunda del palacete ha supuesto un cambio de vida radical para ellos mismos, que han pasado de malvivir en una caravana a una mansión en Neguri, pero ha convertido en "un infierno" la vida de los otros inquilinos, un matrimonio con un hijo adolescente.

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El propietario de la vivienda, J. I. R., tras expresar su "indefensión", insiste en que no tiene nada contra la etnia gitana. Por contra, apunta como inductor al empresario, del que dice que está "aprovechando" la necesidad de los gitanos para ejecutar su "venganza" por no haberle vendido su parte del palacete.

Una de las denuncias incluye distintas alusiones a la participación del empresario en los supuestos hechos cometidos por los gitanos. En septiembre pasado, Dolores Escudero, la abuela de la familia gitana, manifestó a agentes de la Ertzaintza que acudieron a la casa que tenía indicación de que el terreno perteneciente a J.I.R. era común y que, por tanto, podían entrar, lo que hicieron con furgonetas una madrugada. Un mes antes, otra denuncia señala que fue también Escudero la que dijo que la esposa de su benefactor le había comentado que "por la buenas o por las malas" iban a penetrar en la vivienda, así como que pretendían meter al perro en la perrera y una caravana en el jardín.

J.I.R. no duda de que su negativa a vender su parte ha sido el desencadenante de unos hechos que han convertido su vida en una pesadilla. "Compró la vivienda en el año 2000 y nos ofreció dinero para que no ejerciéramos nuestro derecho de compra. Le dije que no y ahí empezó todo. Dice que no hemos querido arreglar los desperfectos y la fachada y que por eso se la ha dejado a los gitanos, y también es mentira", dice. "Consta oficialmente que vemos la necesidad de reparar el tejado, arreglar la fachada y el pozo aséptico. Quiere que nos marchemos y para ello no reparan en nada, pero no lo va a conseguir".

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