Un juez investiga a un matrimonio acusado de estafar a 30 familias vendiéndoles ordenadores

Un juez de Madrid investiga una estafa que afecta, al menos, a una treintena de familias humildes de distintos municipios, entre ellos Meco y Colmenar Viejo. Los supuestos estafadores son un matrimonio, Margarita A. M., de 56 años, y su marido, Luis E. L., que hasta 2002 se dedicaron a vender ordenadores por las casas en nombre de la empresa Informática Cultural. Según la investigación, lograban que las víctimas les pagasen por adelantado el ordenador, con la promesa de instalárselo en los siguientes días. Pero los afectados nunca llegaron a ver sus aparatos.

Los acusados se presentaban en las casas de las víctimas tras concertar por teléfono una entrevista y les convencían para que pidiesen un crédito bancario con el que pagar el ordenador. El banco daba el dinero a los acusados casi sobre la marcha, y las víctimas se quedaban obligadas a pagar las mensualidades cuando ni siquiera habían visto el equipo informático adquirido.

Aunque algunas familias se negaron a solicitar préstamos, los acusados les convencieron para hacerlo con la excusa de que sólo así podrían beneficiarse de una subvención de la Unión Europea. Cuando los dos presuntos estafadores llamaban por teléfono ofreciendo ordenadores explicaban que se trataba de una campaña de venta de monitores avalada por la Comunidad y la Unión Europea.

Una de las víctimas, María Isabel C. V., de Colmenar Viejo, explica que el 23 de diciembre de 2001 recibió una llamada de Margarita y que ésta le habló de una campaña de venta de ordenadores subvencionados. A 1.430 euros la unidad. Ella y su marido querían comprarle uno a su hija para su cumpleaños, que se celebraba el 19 de enero, por lo que accedió a la entrevista. Ya en su casa, el vendedor le dijo que debía pedir un préstamo para acogerse a la subvención comunitaria. Allí mismo les tomó las firmas para el crédito.

"En 20 días le traemos e instalamos el equipo informático", les aseguró Margarita. "A la semana", relata esta víctima, "Luis me llamó por teléfono para decirme que no iba a ser posible traer el ordenador el día prometido, pero que lo haría lo antes posible", añade. El 30 de enero, harta de esperar, llamo a los teléfonos de la empresa. Pero nadie contestó.

La mujer acudió a la sede de la firma informática y el portero le dijo que había visto salir a los inquilinos con maletas. El día que firmaron la compra del ordenador ella y su marido adelantaron 60 euros. Pero, para su sorpresa, el banco, al dar el crédito, no descontó ese anticipo. Otra de las víctimas, Concepción S., de 42 años, recibió una llamada de Margarita diciéndole que representaba a una empresa de informática con cursos evaluados por la Comunidad. Concepción estaba interesada en uno y quedó para una entrevista el 29 de noviembre de 2002. El precio del ordenador y del supuesto cursillo era de 1.548 euros. Ella también entregó una señal de 60 euros y accedió a firmar el crédito. Quedaron en que le llevarían el equipo el 21 de diciembre de 2001.

Más perjudicados

El ordenador no llegó, por lo que la mujer llamó a la empresa. "Dijeron que lo traerían la semana siguiente. Volví a llamar y Luis me contestó que la empresa estaba en quiebra y que hiciese lo que quisiera", añade. Cuando trató de anular el préstamo, la directora de la entidad le informó de que había más perjudicados. Los acusados han declarado que no tenían intención de estafar a nadie y que todo se debe a que el precio de los ordenadores subió y no pudieron afrontar los compromisos, según explican fuentes cercanas a la investigación.

Margarita F. M. indicó a la policía que llevaba siete años en la empresa, cuyo dueño era Luis E., su marido. Él ha declarado a los jueces que se vio obligado a cerrar por la falta de clientes y el alza de los precios de los ordenadores. Admite que ha dejado deudas por importe de siete millones y que puede haber una treintena de familias afectadas. También dijo a la policía que "nunca había tenido problemas de ese tipo" y que cerró "para no dañar a más clientes".

"Se da la circunstancia de que no había llevado el ordenador a la víctima de Meco cuando ya estaba vendiendo otro a la de Colmenar Viejo; ¿para qué seguía vendiendo y cogiendo dinero de personas si ya sabía de las dificultades", señalan fuentes de la investigación.