Impunidad en las carreteras

Margareta Jonsson, vecina de Barcelona, lo ha perdido todo. A su hijo Gabriel, mecánico de 21 años, carbonizado en 1999 en un accidente de tráfico, y a su marido, Enrique, al que se le rompió el corazón por la absurda y dolorosa pérdida del joven, una desaparición que no superó. A Margareta, de 56 años, sueca residente en España desde hace tres décadas, sólo le quedaba un consuelo, una sentencia justa que condenara a Eloy V. P., de 26 años, la persona que conducía el Peugeot 205 en el que viajaba su hijo. Al acusado se le describió así en el primer fallo judicial: "Rostro pálido, ojos brillantes, pupilas dilatadas, halitosis alcohólica muy fuerte de cerca, deambulación titubeante y expresión verbal repetitiva e ilógica".

Carlos Muñoz Repiso: "A veces me resisto a creer estas sentencias. El que las lee piensa que si cometes una imprudencia y matas a alguien, no te pasa nada"

"Una avería en los frenos,un reventón o una casualidad es asumible, pero no una imprudencia grave como la que acabó con la vida de mi marido", afirma Ruiz

"Sólo he visto una condena por encima de los dos años de prisión. No hay noticias de que nadie acabe entre rejas. ¿Por qué no va nadie a la cárcel?", dice el fiscal

"Hay dolor y rabia de las víctimas contra los políticos y la justicia porque no se toman en serio el acto de matar a otro en un accidente de tráfico", señala Thorson

Antonio Vicen, fiscal: "Mandaría a los jueces a reunirse con padres, madres y familiares y saldrían totalmente reciclados. Saldrían finos"

Durante los últimos cinco años, los jueces han revocado definitivamente tan sólo 13 carnés de conducir. El año pasado, ninguno

Tres años después de la fatal noche que truncó su vida, Jonsson tiene ya una sentencia definitiva. La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a Eloy del delito de homicidio imprudente por el que fue condenado a dos años de prisión en primera instancia. Ahora le considera autor de un delito de imprudencia leve con resultado de muerte y le impone una pena de 45 días de multa a razón de tres euros diarios, es decir, 135 euros, y seis meses de retirada de carné.

Durante los últimos cinco años los jueces han revocado sólo 13 carnés de conducir en toda España, según datos de la Dirección General de Tráfico. En el año 2002, ninguno. La revocación del permiso de conducir, supresión definitiva, es competencia exclusiva de los tribunales. En este periodo, 28.335 personas murieron en las carreteras y zonas urbanas, y 758.903 resultaron heridas. El 40% de los muertos superaba la tasa de alcohol permitida, según un estudio del Instituto de Toxicología basado en las autopsias de los cadáveres.

¿Hay impunidad en las carreteras? ¿Por qué casi nadie cumple penas de prisión cuando el Código Penal las contempla? ¿Cuál es el motivo por el que los jueces resuelven casos de negligencia grave por la vía administrativa? ¿Por qué esta indiferencia ante una masacre que en los últimos 24 años arroja la cifra de 135.761 muertos, una población similar a la de Cádiz?

Gobierno y oposición coinciden en que hay una cierta impunidad y anuncian medidas para atajarla. El pasado 26 de octubre, la comisión de Justicia e Interior del Senado aprobó, con los votos del PP, CIU y PNV, una reforma del Código Penal por la que se establece la prisión de tres a seis meses para los casos de alcoholemia. Antes, ésta se combatía con penas de arresto de fin de semana, que no se cumplían por falta de centros adecuados, y multas. José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato socialista a la presidencia, ha prometido acabar con "la impunidad penal" en los accidentes de tráfico.

El análisis al que se sometió a Eloy V. P., acusado de la muerte del mécanico Enrique Guardia Jonsson, arrojó un gramo de alcohol por litro de sangre, el doble de lo permitido por la ley; pero para el tribunal, que cuestiona la descripción de algunos testigos, no se deduce que el conductor estuviera afectado por la bebida. Margareta asegura que el joven al que su hijo prestó el volante de su coche en Piera-Hostalets, localidad situada a 50 kilómetros de Barcelona, tenía antecedentes por conducción temeraria y que ésta era su tercera alcoholemia. Todavía estupefacta por el fallo judicial, destaca que nunca se le retiró el carné.

"Es un fallo irrisorio, insultante y vergonzoso. Mi hijo acababa de terminar la mili, tenía trabajo y rebosaba ilusión. Tras su muerte, mi marido empezó a fumar y beber más de la cuenta. Nunca lo superó y entró en una profunda depresión. Hace un año sufrió un infarto y ahora estoy sola. Tenía 56 años. Las víctimas necesitamos que esto cambie. Que se acabe la impunidad", reclama Margareta.

Escapar de la prisión

Al día siguiente de que el Senado endureciera las penas en accidentes provocados por el alcohol, Carlos Muñoz-Repiso, director general de Tráfico, abrió el periódico en el avión que le llevaba a Verona (Italia), donde se celebraba un Consejo de Ministros de Transportes, y leyó una noticia que le inquietó. Eneas C. A., de 21 años, la persona que la noche del 11 de diciembre de 2000 mató a dos operarios de 39 y 49 años en la Ronda Litoral de Barcelona y se dio a la fuga, había sido condenado a dos años de prisión. El conductor circulaba ebrio, y, además de no asistir a sus víctimas, protagonizó una espectacular carrera por la ciudad hasta que fue detenido por la Guardia Urbana. Eneas se ha salvado de la cárcel, las penas de dos años no se cumplen si se carece de antecedentes penales, porque seguirá un tratamiento de desintoxicación. Además resarcirá económicamente a las familias de las víctimas.

"Reconozco que sentí indignación. A veces me resisto a creer estas sentencias. ¿Cómo ha llegado el juez a esta conclusión? He pedido que me envíen el fallo porque no acabo de creerlo. El que lee esto piensa que, si cometes una imprudencia y matas a alguien, no te pasa nada", señala el responsable de Tráfico. Pese a su crítica, Muñoz-Repiso cree que, "en general, los jueces son duros", y pone el ejemplo de los fallos en los que se retira el carné durante dos años por infracciones en las que no hay lesiones.

Las víctimas de la negligencia de otros conductores no piensan igual. Amelia Ruiz, de 56 años, vecina de la localidad madrileña de Alcorcón es una de las miles de viudas que cada año provocan las carreteras españolas. Perdió a su marido el 3 de mayo de 1997. Aquel día, un retraso de 10 minutos de su esposo, un ingeniero industrial de 45 años, le hizo temer lo peor. Francisco Alonso yacía muerto en la carretera de Madrid a Extremadura. Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes cambió de carril y le empotró contra un lateral. Salió despedido por la ventanilla y falleció en el acto. "Al que mató a mi marido le condenaron, por una falta, a pagar 500 pesetas durante 45 días. Pedimos que le retiraran el carné, pero el juez dijo que era su medio de vida", se queja su esposa.

Amelia visitó a un psicólogo durante cuatro años y asegura que esa experiencia no se supera jamás. "Una avería en los frenos, un reventón o cualquier otra casualidad es asumible, pero no una grave imprudencia como la que acabó con la vida de mi marido".

Hace dos años, en la avenida de Montesierra de Sevilla perdieron la vida dos amigos cuando caminaban abrazados. Jesús Hermoso, socorrista, de 20 años, y Juan Antonio Martínez, ex futbolista, de 24. Salían de la discoteca Notre Dame a la una y media de la madrugada y cruzaban junto al paso de peatones cuando Emilio H. B., de 37, los arrolló con su turismo. "Mi hijo apareció a 40 metros del lugar del accidente y falleció seis días después. El autor superaba la tasa de alcohol permitida", denuncia Asunción Valderrama, la madre de Jesús. El conductor arguyó que no vio a sus víctimas.

Las dos familias no ocultaron su rabia cuando recibieron el fallo en primera instancia, una condena por falta leve, nueve meses de retirada de carné y una multa de 12 euros diarios durante 60 días. El pasado 22 de octubre, la Audiencia Provincial de Sevilla aceptó el recurso de las víctimas y elevó la pena a dos años de prisión, uno por cada joven fallecido, por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Además, un año y medio sin carné.

Juan Martínez, jubilado de 54 años y padre de Juan Antonio, se consuela porque "al menos hemos conseguido que se tipifique como delito y no como falta. Pero nos parece una burla a la familia porque no irá a prisión, ya que no tiene antecedentes".

Faltas u homicidios

¿Qué ocurre para que las víctimas de las imprudencias graves se sientan tan defraudadas por la justicia? Olé Thorson, de 62 años, ingeniero de caminos y autor de una tesis sobre seguridad vial, responde así: "Se tramitan los homicidios como una falta administrativa y en realidad estamos ante homicidios, aunque sean involuntarios. No se toca la responsabilidad del agresor contra las víctimas. Se liquida con una indemnización".

Thorson, vicepresidente de la Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T), muestra estupefacción por el hecho de que en los casos de infracciones graves o muy graves, alcohol o exceso de velocidad no se retire el carné. "No ocurre hasta que no hay sentencia. Hay dolor y rabia de las víctimas contra los políticos y la justicia porque no se toman en serio el acto de matar a un ciudadano en la carretera", dice.

Antonio Vicen, fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona y uno de los pocos especialistas en delitos de tránsito, lanza una recomendación: "Mandaría a los jueces a reunirse con padres, madres y familiares de víctimas y saldrían totalmente reciclados. Saldrían finos". Vicen lo hizo el pasado día 31 durante una reunión de familiares de víctimas en la casa Elizalde de Barcelona. No era la primera vez que se encontraban con ellos.

"Sólo he visto una condena por encima de los dos años de prisión. Era de dos años y unos meses. No hay noticias de que nadie acabe entre rejas. ¿Por qué nadie va a la cárcel si ya lo contempla el Código Penal? Hay muchos siniestros que no son accidentes de tráfico, sino que están provocados. Muchas alcoholemias quedan impunes porque demasiados jueces creen que conducir con dos litros de cerveza no es delito", asegura el fiscal.

Para Vicen, que ha actuado como acusador en varios casos, las quejas de las víctimas son justificadas. El fiscal explica cómo algunos jueces miran hacia otro lado. "La policía envía el atestado al juzgado y se archiva. Se deja toda la iniciativa a las víctimas. Si la familia denuncia, entonces lo reabren. Apenas hay causas por accidentes cuando no hay alcoholemia. Los accidentes casi no se persiguen".

Jaime Gil Robles, presidente de la Fundación Alcohol y Sociedad, añade otro factor al asegurar que los jueces tienen en este campo "una absoluta falta de formación". "Dejan que se vaya de rositas gente con 2,8 gramos de alcohol en aire. Pedimos tolerancia cero. La gente no tiene la sensación de que la van a pillar".

El fiscal Vicen recuerda que hasta 1983 se consideraba delito conducir sin carné. Ahora es una falta administrativa. "Lo cambiaron y se consideró un logró de la democracia", dice con ironía. Desde 1989 lo que era delito se convirtió en falta, "para desahogar los juzgados". La mayoría de las incidencias pasaron al terreno civil.

Las penas más graves también se rebajaron en el nuevo Código Penal de 1995. Así, la de muerte o lesiones graves que contemplaba prisión de seis meses a seis años se redujo a cuatro. "Bajaron de forma escandalosa los delitos contra las personas. Se protegió más la propiedad que la vida. Por robar un bolso te pueden caer de dos a cinco años de cárcel. Es una paradoja que me indigna".

Pero esta tendencia puede cambiar. España está en los puestos de cabeza de víctimas en Europa, y el alud de sentencias que indignan a las familias de los muertos ha provocado que se levanten voces favorables a endurecer la ley. La pena máxima de cárcel es de 4 años mientras en Francia y el Reino Unido se eleva hasta 10. El Gobierno francés acaba de poner en práctica una legislación más severa con notable éxito.

Jordi Jané, diputado de CiU y miembro de la comisión de Tráfico, es uno de los impulsores de medidas que acaben con la "impunidad", como los casos de omisión del deber de socorro. "Tiene que salir más caro huir después de matar a alguien". Pero la meta de CiU es lograr que se objetive en el Código Penal cuándo un conductor causa peligro. " No lo está, y queremos que se haga aunque el conductor no cause lesiones. Que se concrete que a partir de los 180 kilómetros por hora un conductor está en situación de causar un peligro real. Es como ir con una pistola disparando por las calles", dice.

Conductores bala

Jané apunta a los conductores bala. Los radares de los Mossos d'Esquadra pillaron en el año 2002 a 445 conductores que circulaban a más de 180 kilómetros por hora. Treinta y nueve lo hacían a más de 200. En Lleida se localizó a un motorista cuando circulaba a 236 km/h., y en una vía de Tarragona, a un automovilista a 243. "No se les puede castigar penalmente si no han causado daños", se queja.

CiU ha logrado, en la reciente reforma del Código Penal, que se sustituyan los arrestos de fin de semana por penas de prisión de tres a seis meses para quienes conduzcan bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas; pero fracasó en su intento de objetivar la tasa de alcohol (0,8 en sangre y 0,40 en aire) y la de velocidad (el doble del límite y aumento del 50 km/h.). Ésta sólo aparece en la norma administrativa. "Seguimos sin saber qué es para el Código Penal temeridad manifiesta y cuál es la velocidad desproporcionada", reprocha el senador de CiU Salvador Capdevilla.

¿Por qué no apoyó el PSOE este cambio si Zapatero quiere acabar con la impunidad? "Pedimos el endurecimiento penal sólo para los casos en los que se produce muerte o incapacidad laboral. Para los otros consideramos suficiente la retirada del carné", responde el diputado Victorino Mayoral.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, reconoce que la alcoholemia se combatía sólo con multas, pero critica la propuesta de CiU. "Una medida tan drástica no se puede hurtar del debate social. Es desproporcionado que a una persona que circula a 180 se le imponga pena de prisión. El alcohol no afecta igual a todo el mundo".

Para Santiago Vidal, 48 años, juez de la Audiencia de Barcelona, la raiz del problema está en la frontera poco clara entre la infracción y el delito penal. "La ley es generalista y provoca que nos inclinemos por la infracción. Aplicamos el Código Penal si se duplica la tasa de alcohol. Me opongo a que se haga cuando no hay lesiones".

Desde que en 1998 perdió a su hijo de 35 años arrollado por un turismo, Ana María Campo, de 64, ha dedicado su vida a combatir "esta sangría de muerte" desde su asociación Stop Accidentes. En su opinión, el reciente cambio legal es insuficiente. "La industria del motor y la publicidad tienen demasiada fuerza. Hay miedo a llegar más lejos", denuncia. Lidón García, almeriense de 42 años, que perdió a su marido de 34 y a su hijo de ocho, en un accidente ocurrido en 1995 en Castellón, resume su opinión en una sola frase: "Las víctimas somos los últimos".