Las 'enfermedades' de la sanidad madrileña

Una visita protocolaria de la ministra de Sanidad, Ana Pastor, al hospital Clínico destapó el pasado viernes 14 la caja de Pandora de la sanidad madrileña. Pastor acudió al centro, sobre el que no tiene ninguna responsabilidad de gestión, en el Día Internacional de la Diabetes en reconocimiento de la destacada labor del Clínico en la investigación de los islotes de células productoras de insulina, la mayor esperanza de futuro para millones de diabéticos de todo el mundo. Pero la noticia que saltó a los medios fue el sonoro abucheo que la ministra tuvo de soportar por parte de decenas de trabajadores del servicio de urgencias del centro, colapsado desde hacía varios días.

No fue la única información del día poco amable con el estado de la sanidad pública madrileña.

"La lista está llena hasta junio de 2004", contestó el hospital de la Princesa a una paciente

Los centros públicos realizan cada día 10 trasplantes y operan a 1.100 personas

Sanidad ha barajado dar entrada al capital privado en la edificación de nuevos hospitales

Los usuarios del irregular servicio de ambulancias de la región denunciaron que la Consejería de Sanidad, en el concurso público que debe regular el servicio los dos próximos años, ha autorizado traslados de ida y vuelta de seis horas (a las que hay que sumar otras tres de esperas) en vehículos con capacidad para siete enfermos a los que no se exige estar equipados con aire acondicionado. "Estos plazos en pacientes enfermos son una salvajada", exclamó Pablo Palacín, portavoz de la asociación de afectados.

También el viernes 14, una vecina de la capital, María Jesús Delgado Arenas, de 45 años, acudió a su médico de familia porque sufre de artrosis y osteoporosis. "Tienes que hacerte urgentemente una densiometría [prueba que determina la cantidad de calcio en los huesos, lo que permite prevenir futuras fracturas]", le dijo el facultativo. Delgado llamó a su hospital, la Princesa, para pedir hora: "No tenemos citas libres. La lista está llena hasta junio de 2004", le respondieron.

Y esa misma madrugada, en el hospital psiquiátrico José Germain, de Leganés, los cuatro trabajadores de la unidad de enfermos agudos, al cargo de 40 pacientes, tuvieron que hacer frente a tres intentos de suicidio de otros tantos pacientes. La escasez de plantilla del centro, denuncian los sindicatos, llevó al José Germain esa noche a "una situación límite, con los empleados atendiendo las situaciones de crisis y sin nadie controlando al resto de internos".

Huelgas, colapsos en urgencias, retrasos de las ambulancias, listas de espera, agresiones a empleados de la sanidad pública... Los problemas en casi todos los niveles de la sanidad pública madrileña han sido noticia en los últimos meses. En este contexto se produce el cambio de Gobierno regional -la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad y de Manuel Lamela al frente de la Consejería de Sanidad- y cuando el próximo 1 de enero se cumplirán dos años desde que el Ejecutivo autonómico asumió la gestión de la red pública de hospitales y centros de salud y las competencias plenas en materia sanitaria.

Asumir la gestión sanitaria suponía para el Gobierno regional alcanzar su "mayoría de edad", según proclamó el ex presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón. Un total de 24 hospitales, más de 350 centros de salud, 65.000 profesionales y más de 4.200 millones de euros de presupuesto pasaron a ser gestionados por un Gobierno, que, según Ruiz-Gallardón, no las asumía "por reclamaciones históricas nacionalistas, como otras comunidades, sino por la necesidad de ofrecer una sanidad más cercana y de mayor calidad".

Aguirre llega ahora a la presidencia con promesas muy serias referentes a la sanidad pública: siete nuevos hospitales, 50 nuevos centros de salud y una lista de espera quirúrgica máxima de 30 días. Dimitirá si no lo logra en los dos próximos años.

¿Es la sanidad que encuentra Aguirre la proclamada por Ruiz-Gallardón hace dos años? EL PAÍS ha consultado con los principales actores de la sanidad madrileña (partidos, sindicatos, colegios profesionales...) y la respuesta mayoritaria es que no. Sólo la Federación Nacional de Clínicas Privadas afirma que ha mejorado. El PP, tanto el equipo entrante como el saliente del Gobierno regional, ha declinado contestar. Todos los demás actores de la sanidad (Colegio de Médicos, PSOE, IU, sindicatos, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos afirman que la sanidad está peor hoy que antes de las transferencias sanitarias.

La sanidad madrileña es pública, universal y gratuita. Cuenta con cinco de los mayores hospitales de España y de Europa (Ramón y Cajal, Clínico, Gregorio Marañón, La Paz y Doce de Octubre), con más de 1.000 camas y una extensa nómina de investigadores y médicos especialistas de primer nivel europeo.

Los hospitales y centros de salud de la región realizan de media cada día 10 trasplantes de órganos, alumbran a 200 bebés, intervienen quirúrgicamente a 1.100 personas, atienden unas 6.000 urgencias y 200.000 madrileños acuden a su médico. El Gobierno se gasta en ello más de 12 millones de euros diarios, dinero que sale de los impuestos pagados por los propios madrileños, entre ellos los 1,7 céntimos sanitarios con los que desde agosto de 2002 está gravado cada litro de combustible dispensado en la región. Gallardón previó que este impuesto subiera el próximo 1 de enero hasta los 2,4 céntimos por litro, pero Aguirre se ha comprometido a mantenerlo como está hoy (1,7 céntimos).

Pese a la magnitud de estas cifras, el Colegio de Médicos, los sindicatos, la oposición y las asociaciones sanitarias muestran cierta inquietud por el estado de salud de la sanidad madrileña. "Falta dinero. Las transferencias se negociaron mal y hay una acuciante escasez de recursos para atender a una población que ha crecido en medio millón de personas en los últimos años", proclaman la mayoría de los sindicatos y los partidos de la oposición.

En el PP, que hasta hace poco calificaba de "ejemplar" el proceso transferencial, empieza a cundir la idea de que Aguirre podría tener ante sí un "camino plagado de minas, principalmente relacionadas con los problemas de financiación". Fuentes populares hablan de un déficit anual de unos 600 millones de euros si, con el ritmo de gasto actual, el nuevo Gobierno financia con dinero público la construcción de los hospitales prometidos.

Aguirre se ha comprometido a construir siete nuevos hospitales en la región, además de 50 centros de salud. El mayor de ellos, el nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda, es un proyecto antiguo, cuyas obras acaban de echar a andar con cuatro años de retraso. En teoría, y si los compromisos del día a día no han hecho desviar el dinero a otros fines, los 167 millones de euros que costará el nuevo Puerta de Hierro estaban incluidos en los 4.200 millones anuales que Madrid recibe del Estado para financiar la sanidad pública.

A ese dinero, Aguirre podría sumar los 584 millones de euros procedentes de la recaudación del céntimo sanitario. Pero esta cantidad, sin embargo, quedará reducida en una octava parte si la nueva presidenta cumple su promesa de no aplicar el último tramo del impuesto, que era de 0,7 céntimos más por litro.

Pero los gastos crecen incesamentemente. Un ejemplo es el gasto farmacéutico, que lleva tres años aumentando por encima del 10% anual y que ya se come casi uno de cada cuatro euros que el Gobierno regional destina a la sanidad pública. La factura farmacéutica en el primer semestre del año fue de 511 millones de euros, lo que supone que cada madrileño consume una media de 185 euros anuales a cargo de los presupuestos regionales.

¿Habrá dinero para construir los nuevos hospitales y centros de salud prometidos? La nueva presidenta está obligada a construirlos si quiere reducir la lista de espera quirúrgica a 30 días en los dos próximos años, una de las promesas que la han llevado a la presidencia regional.

El nuevo consejero Lamela -un hombre ajeno a la sanidad y cuyas dos últimas responsabilidades han sido la jefatura del gabinete de Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, y la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura- responden al perfil de hombre capaz de gestionar con eficacia.

Si no hay dinero en las arcas públicas para acometer las nuevas inversiones, Aguirre deberá buscarlo en otro lado. No será la primera vez que desde Sanidad se baraja la posibilidad de dar entrada al capital privado en la construcción y gestión de las infraestructuras sanitarias.

Un reducido equipo de técnicos de la Consejería de Sanidad ha trabajado en el último año en esa línea, estudiando la posibilidad de que el nuevo Puerta de Hierro fuera construido por el sector privado mediante concesión administrativa. Este modelo, en síntesis, supone que una empresa privada asume el coste de la inversión (lo que libera al Gobierno de esa responsabilidad) para luego alquilarlo a la sanidad pública. El nuevo Ejecutivo regional deberá decidir si adquiere o no la responsabilidad de introducir este modelo, hasta ahora inédito en la región.

El problema de la financiación de la sanidad madrileña, sin embargo, tiene otras cifras. La Comunidad de Madrid destina hoy entre el 4 y el 5,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto sanitario, según diversas fuentes. La media española es del 7,1%. Todos los actores consultados, menos el PP, coinciden en que lo primero a debatir es si el Gobierno regional debe aumentar los gastos en sanidad.