Ateval asume que deslocalizar la confección es inevitable

Alfredo Ferre, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), asumió ayer que deslocalizar las tareas de confección y trasladarlas a países donde la mano es obra es más barata que en España es prácticamente inevitable. Ferre acudió al Palau acompañado por el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, para entrevistarse con el presidente de la Generalitat y los consejeros de Economía e Industria. El objeto de la reunión fue diseñar fórmulas para lograr que los trabajadores afectados por suspensiones de contrato durante periodos de tres meses, de acuerdo con una iniciativa del Ministerio de Trabajo que se debe rubricar hoy en Madrid, puedan cobrar sus salarios habituales al 100%.

El Gobierno central propone fórmulas para paliar los efectos de la liberalización comercial del sector textil a partir de 2005 que pasan por compartir con los empresarios textiles el coste de los salarios de los trabajadores afectados por los denominados "paros técnicos", pero sólo hasta determinado porcentaje.

Ni el presidente de la Generalitat ni Ferre especificaron el contenido de las fórmulas en estudio para implicar a la Administración autonómica en la cobertura de los subsidios. Ferre, al término de la reunión, denunció que la liberalización que impone la Organización Mundial del Comercio -que permitirá a países como China, Pakistán o la India ofrecer sus productos sin aranceles en la Unión Europea- no responde a criterios de "reciprocidad". Y asumió que, en el futuro, "puede haber deslocalización en la parte del textil que es confección, que tiene una mano de obra intensiva".

Un empresario del sector textil asegura que la mayoría de las grandes empresas de confección ya contratan el grueso de la producción en el exterior y el personal que mantienen apenas se ocupa de los retoques más precisos y las tareas de embalaje y presentación del producto acabado.

Por esa razón, Alfred Botella, portavoz de Empleo de Esquerra Unida, sugirió que se impongan aranceles a las empresas españolas que producen en el exterior.