El presidente del Parlamento canario asegura que la Cámara retirará el acta de diputado a Dimas Martín
El Gobierno rechazó la petición de indulto del presidente del cabildo de Lanzarote
El Parlamento de Canarias retirará la condición de diputado a Dimas Martín, el político de Lanzarote condenado a tres años de cárcel e inhabilitación y 30 millones de pesetas por un delito de cohecho, a quien el Consejo de Ministros le denegó el pasado viernes un indulto, según anunció el ministro de Justicia, José María Michavila. "Yo no soy como Atutxa; en cuanto llegue la confirmación de la sentencia, Dimas Martín quedará suspendido como diputado", reiteró ayer el presidente del Parlamento de Canarias, Gabriel Mato (PP), en alusión al incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo por parte del Parlamento vasco en el caso de la disolución del grupo parlamentario de Batasuna.
Mato manifestó que tuvo conocimiento del rechazo del indulto a través de los medios de comunicación, y adelantó que en cuanto la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas le notifique la ejecución de la sentencia firme definitiva (hasta ahora suspendida por la petición de indulto), "la Mesa del Parlamento se reunirá de forma inmediata" para aplicarle a Martín los artículos 8.1, 8.6 y 10 del reglamento de la Cámara, referidos a la pérdida de la condición de diputado por sentencia firme condenatoria.
Mato aclaró que todas las votaciones en las que ha participado hasta ahora Dimas Martín "fueron válidas" porque ejercía su condición de diputado "con todos sus derechos legales", incluida la elección de una terna de magistrados para cubrir una vacante en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La votación de Martín en esa sesión implicaba que hasta la pérdida de su condición de aforado, el mismo juez que él estaba eligiendo lo iba a juzgar por un nuevo caso financiero por el que la Fiscalía solicita para él 12 años de prisión y 15 de inhabilitación, aunque la defensa anuncia que "será una absolución de manual".
Origen de la tormenta
El presidente del Parlamento canario apuntó ayer a la Junta Electoral, "que expidió el acta de diputado" de Dimas Martín, como el origen de la tormenta política que ha sacudido Canarias desde su toma de posesión en junio pasado. Fue esa institución la que consideró que Martín podía presentarse a las elecciones, después de que la Audiencia Provincial suspendiera la pena de cárcel y la inhabilitación, en tanto se tramitaba su indulto.
Tras las elecciones del 25 de mayo pasado, la Junta Electoral le concedió a Dimas Martín el acta de diputado. La lista que encabezaba el líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) obtuvo 13.655 votos (el 31,62%). A día de hoy, Martín compatibiliza su cargo de diputado con el de presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, donde recibe los apoyos del PP y de Coalición Canaria.
Martín no podrá eludir su ingreso en prisión, informaron a este periódico desde el Ministerio de Justicia. La carpeta que contenía el expediente de su indulto, rechazado por el Consejo de Ministros, también incluía las solicitudes cursadas por dos asociaciones de vecinos, los ayuntamientos y el cabildo de Lanzarote, respaldadas por más de 10.000 firmas. La decisión del Gobierno afecta tanto a su inhabilitación como a su pena de cárcel, por lo que tendrá que cumplir ambas condenas.
Sólo existe una posibilidad de que no sea así. Fuentes de la judicatura reconocieron que el propio Martín tiene derecho a solicitar un segundo indulto, aunque no concretaron si esta segunda solicitud suspendería de nuevo la ejecución de la sentencia. Por el momento, la multa de 30 millones de pesetas ya se ejecuta con el embargo de varias fincas. Las mismas fuentes reconocieron que aunque el trámite administrativo de comunicación de ejecución de la sentencia puede durar "varias semanas", "probablemente" Martín "no se comerá el turrón" como presidente del Cabildo y diputado.
La Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria condenó a Martín a 3 años de prisión y de inhabilitación y multa de 30 millones por un delito de cohecho, al considerar probado que compró el voto de un concejal del PP por 300.000 pesetas mensuales, a cambio de que éste se abstuviera y permitiera su nombramiento como alcalde de Arrecife, capital de Lanzarote, en 1995. La sentencia fue ratificada por el Supremo y Martín solicitó el indulto, que ha sido rechazado.
