Censura y autocensura

La decisión de la justicia inglesa de prohibir a un periódico, el Mail on Sunday, la difusión del testimonio -probablemente una invención fabricada a precio de oro- de un antiguo sirviente del príncipe Carlos sobre la supuesta participación de este último en un "incidente" de carácter homosexual constituye un acto de censura previa de difícil encaje en una democracia. Con la nefasta consecuencia de que no sólo la justicia escocesa introdujo a su vez ayer una prohibición general, sino que se han autocensurado los otros periódicos británicos para evitar caer en un delito de desacato judicial, y se ha interrumpido, por decisión de sus distribuidores, la venta en el Reino Unido de diarios extranjeros que trataban esta noticia.

Subraya lo absurdo de la medida el hecho de que los ciudadanos británicos pueden burlar la prohibición judicial a través de Internet, que no ha ahorrado detalle sobre el caso, o de cadenas de televisión por satélite extranjeras. Y ha dejado en situación un tanto rídicula a la secretaría privada del heredero de la Corona británica, empeñada en desmentir una noticia legalmente inexistente pero que todo el mundo conoce por otros medios.

En el sistema legal británico, a diferencia del de EE UU o de otros países europeos, la autoridad de la justicia prevalece sobre la libertad de prensa, pudiendo incluso adoptar medidas previas contra esta última, en supuestos de libelo, difamación o de interferencia en el proceso penal. Aunque el Tribunal de Estrasburgo nunca ha condenado expresamente los procedimientos de la justicia británica, sí ha recordado que la Convención Europea de Derechos Humanos, ratificada por el Reino Unido, otorga una valor preferente a la libertad de información, que sólo puede ser restringida en casos muy concretos y excepcionales y siempre de manera motivada.

Como cualquier otro ciudadano, el heredero de la Corona británica tiene todo el derecho a defenderse de los falsos testimonios de un antiguo sirviente, demandándole ante los tribunales por difamación. Lo que resulta inaceptable es que el sistema judicial quede al servicio del príncipe, para imponer en el país pionero de la libertad una censura que es cosa del pasado.