La prensa guarda silencio sobre Carlos

La prensa británica está acatando de manera preventiva la orden judicial por libelo dictada el pasado 2 de noviembre por el juez Mackinnon prohibiendo al dominical Mail on Sunday la publicación de unas informaciones que afectan al príncipe Carlos de Inglaterra. Aunque los fundamentos de la decisión son secretos y la orden judicial no ha sido remitida por el juez a los demás medios, el conjunto de la prensa inglesa y los importadores de la prensa continental se consideran afectados por la orden.

Es un caso extraordinario en un país en el que legalmente prevalece el derecho a informar frente al interés particular. Siobhainb Butterworth, del equipo legal del diario The Guardian, sostiene en un artículo publicado el lunes que "el factor crucial ha sido que el Mail on Sunday no ha reivindicado que sus acusaciones eran verdad", abriendo así las puertas a que el juez dictara el secuestro de esa información por considerarla un libelo.

Si el diario hubiera defendido ante el juez que las informaciones que se disponía a publicar sobre un "incidente" que afectaba al príncipe de Gales y un antiguo empleado suyo eran ciertas, es muy probable que Mackinnon hubiera autorizado la publicación basándose en la prevalencia del derecho a informar establecido en 1891 en el llamado caso Bonnard contra Perryman. Entonces se consagró el principio de que la libertad de expresión está por encima del bien particular siempre y cuando se utilice para defender la verdad o el interés público. Si con el tiempo se demuestra que la información era falsa, el perjudicado tiene derecho a ser resarcido, pero no le basta decir que algo es mentira para impedir que se publique.

Comentario justo

"No se hace ningún mal si es la verdad o si es un comentario justo en un asunto de interés público. El tribunal no entorpecerá el asunto concediendo una orden judicial antes de que se haya publicado", recuerda la sentencia de 1969 del caso Fraser contra Evans, basándose en la sentencia de casi un siglo antes, según recogen Geoffrey Robertson y Andrew Nicol en Media Law, un compendio del intrincado campo legal en que se mueven los medios de información en el Reino Unido.

Aunque las prohibiciones de publicar una información en base a libelo son muy raras, la prohibición preventiva es relativamente habitual cuando se invoca la llamada "ruptura de la confianza". Es lo que humorísticamente se llama "prohibiciones del viernes por la tarde", porque suele tratarse de gente famosa que pide al juez que prohíba la publicación de tal o cual artículo en la prensa del fin de semana alegando que la información se ha obtenido por medios ilegítimos: a través de una persona que ha roto el secreto profesional o un contrato de confidencialidad. Suele haber una prohibición cautelar hasta que el caso se dilucida en los tribunales.

Las órdenes judiciales por ruptura de confianza tienen carácter universal en el Reino Unido. Sin embargo, según Siobhain Butterworth, es muy dudoso que eso sea así en una orden por libelo. No obstante, el conjunto de la prensa de Inglaterra y Gales ha decidido acatar la orden, a pesar de que, según una asesora legal del diario The Independent, ésta no ha sido transmitida por el juez al conjunto de la prensa. "Normalmente siempre nos comunican las órdenes judiciales, pero no en este caso", aseguró.

La autocensura de la prensa inglesa ha sido extendida a la prensa continental que se distribuye en el Reino Unido. El diario Financial Times, distribuidor de Le Monde, decidió destruir los ejemplares que llegaron el lunes con fecha del martes por entender que en un artículo se daban detalles que, por asociación de ideas, podían suponer una ruptura de la orden judicial dictada contra el Mail. "Hemos consultado a nuestros asesores legales y éstos nos ha aconsejado no distribuir esa edición", comentó a este diario una portavoz del Financial Times.

El resto de la prensa continental se vio afectada el fin de semana cuando su importador, International Press Network (IPN), tomó la medida preventiva de no distribuirla el sábado y el domingo al enterarse de que un diario italiano había revelado detalles de las acusaciones contra Carlos. La empresa ha reanudado ya la distribución, aunque previamente ha exigido el compromiso por escrito de cada diario de que se hace responsable de su contenido, según una nota enviada a este corresponsal por el director de IPN, Adrian Luxmoore.