El PSPV implica a dos empresarios de Orihuela en el presunto robo de agua del Segura

La presunta trama empresarial vinculada al robo de caudales del río Segura que investiga la Fiscalía de Madrid tiene, según el PSPV de Orihuela, numerosas implicaciones sobre el tejido empresarial y político de la Vega Baja. Según el secretario general de los socialistas, Francisco García Ortuño, las ramificaciones se extenderían al campo de golf de Algorfa, de Antonio Pedrera, y al vertedero ilegal que el industrial Ángel Fenoll tiene en la pedanía oriolana de Torremendo, instalaciones que, a juicio de los socialistas, se abastecen clandestinamente de los caudales que se extraen del Segura.

García Ortuño sospecha además que los sucesivos proyectos inmobiliarios que se prevén ejecutar en el entorno de Sierra Escalona constituyen un eslabón más del presunto expolio de agua por el que la Fiscalía de Madrid ya ha imputado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, y a tres altos funcionarios de este organismo gestor del río.

"Todos los altos cargos y empresarios de la Región de Murcia que han sido imputados tendrán que explicar ahora por qué roban el agua del río y qué ha ocurrido con los expedientes abiertos por estas fugas de caudales", comenta Francisco García Ortuño, quien anuncia asimismo su propósito de que la formación política que lidera se persone en el proceso que se instruye desde Madrid como acusación particular.

Pro-Río

El presidente de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, resaltó además su perplejidad por el hecho de que Mariano Espinosa, uno de los imputados en esta nueva investigación, siga ejerciendo "su labor como magistrado y que desde este cargo dicte resoluciones relacionadas con el robo de agua".

Espinosa Rueda ya se encuentra imputado en el proceso que sigue su curso en el tribunal número 37 de Madrid por el presunto cobro irregular de fondos europeos para reforestar la finca de El Chopillo en Moratalla (Murcia), y pese a ello sigue desempeñando su trabajo como juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia. "No entendemos cómo no han destituido a este señor", dice Muñoz Grau; "es escandaloso que una de las personas que podría haber detraído agua del Segura sin permiso esté emitiendo dictámenes sobre cuestiones que conciernen al uso del agua", agregó.

El colectivo Pro-Río ha pedido por ello el "cese inmediato" de todos los imputados en este proceso, tanto de Juan Cánovas como de los tres restantes funcionarios que tendrán que prestar declaración ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid a partir de la semana próxima. "Si el gobierno de Murcia no actúa con celeridad al respecto, se estará vinculando en esta presunta trama", sentencia Muñoz Grau.