La juez mantiene el embargo de una cuenta de EE UU en Rota
El juzgado desoye la mediación de Asuntos Exteriores para que suspendiera la medida
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rota (Cádiz), Irene Partida, ha desestimado el recurso de nulidad presentado por Estados Unidos contra el embargo de una de sus cuentas en la base naval de Rota. La decisión se adopta pese a la mediación del Ministerio de Exteriores que, en un escrito, pidió al juzgado el levantamiento de la orden y advirtió de las "contramedidas" que EE UU pudiera adoptar.
EE UU alegó "inmunidad de ejecución", un concepto que impide la acción judicial ordinaria sobre bienes de la defensa de un país depositados en otro. Sin embargo, en un auto de 13 folios del pasado día 4, la juez entiende que la cuenta corriente embargada, la del economato de la base militar, no está sujeta a la defensa nacional de Estados Unidos.
La juez, que se ampara en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concluye: "La actividad del economato no puede interpretarse como básica o fundamental ni para la estricta actividad militar ni para la misión específica del personal militar ni para el mantenimiento de ambos (...) No ha quedado acreditado que el embargo de una de las cuentas del citado economato, a través de la cual únicamente se están haciendo pagos a proveedores y pagando al personal laboral local, afecte a la soberanía de EE UU".
El embargo responde a una sentencia del mismo juzgado sobre la demanda de la empresa malagueña Montasa contra EE UU por el impago de obras desarrolladas en la base naval.
La juez mantiene los bienes embargados en una cuenta del juzgado roteño porque contra su decisión aún cabe recurso en la Audiencia de Cádiz.
El abogado de Montasa, Enrique Sierra, calificó de "sorprendente" esta retención y afirmó que se "incumple" la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según el abogado, establece que "la apelación contra sentencias desestimatorias (...) carecerá de efectos suspensivos". El abogado anunció que solicitará el abono de los fondos que demanda su cliente por la obra realizada, 1,4 millones de euros.
Pese a este último conflicto, el letrado expresó su satisfacción por el contenido del auto de la juez, quien, según su criterio, "con una argumentación muy sólida y brillante, reconoce la validez del embargo y da la razón a Montasa".
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