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El PP llevará al Constitucional la negativa del Parlamento a tramitar la reprobación de Maragall

Caballos acusa a Sanz de deslegitimar sin fundamento a la institución parlamentaria

El portavoz del grupo popular en el Parlamento, Antonio Sanz, anunció ayer que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la negativa de la Mesa del Parlamento a tramitar una iniciativa de su grupo para reprobar al presidente de los socialistas de Cataluña, Pascual Maragall, quien aseguró que si gana las elecciones "no enviará ni una gota de agua del Ebro" a otras comunidades. Durante la reunión de la Junta de Portavoces, Sanz calificó esta decisión de "aberración y escándalo", mientras que el presidente de la Cámara, Javier Torres Vela, pese a defender la postura de la Mesa, le agradeció que acuda al alto tribunal para que establezca la "verdad jurídica".

Antonio Sanz realizó ayer una de sus intervenciones más duras contra la ecuanimidad de la institución parlamentaria. Acusó al presidente de la Cámara de poner a ésta al servicio del PSOE, de "pisotear" los derechos del PP, y de consentir de manera ordinaria "atropellos y aberraciones". El popular fue a la Junta de Portavoces con dos quejas, que calificó de "escándalos sin precedentes": que no haya sido admitida a trámite la iniciativa para condenar las declaraciones de Maragall, y que no entrara en el orden del día del próximo pleno, que debatirá las enmiendas a la totalidad del presupuesto, su proposición de ley sobre el Consejo Audiovisual.

Sobre la primera, Javier Torres Vela defendió la "labor rigurosa" de los Servicios Jurídicos parlamentarios, que han resuelto por segunda vez que la reprobación de Maragall "excede del ámbito de intereses y fines propios del Parlamento, afectando negativamente al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión de quien formuló las declaraciones". No obstante, agradeció al popular que lleve el asunto al Constitucional porque de esta forma quedará establecida para la posteridad la "verdad jurídica" sobre asuntos similares.

En cuanto a la segunda denuncia, recordó que los órdenes del día son propuestas del presidente. Tras explicar que el pleno de la semana que viene "es muy complicado" por el debate presupuestario, pidió al popular que mida sus palabras, pues, dijo, precisamente el criterio que sigue la presidencia es sesgar los órdenes del día hacia las minorías, lo que puede documentar "empíricamente". A saber: que en lo que va de legislatura, el PSOE, que representa al 47,7% de la Cámara, ha introducido un 40,35% de iniciativas debatidas (siete puntos por debajo de su representación); el PP, que representa al 42,2%, ha introducido el 45,36% (tres punto por encima); e IU, que representa al 5,5%, un 6,84% (más de un punto por encima).

El portavoz del PSOE, José Caballos, ironizó sobre la "pirotecnia verbal" de las manifestaciones de Sanz, y llamó la atención sobre el hecho de que para el portavoz del PP todo es un "escándalo sin precedentes", lo que le ha hecho perder hace tiempo "cualquier credibilidad". El socialista agregó que Antonio Sanz "deslegitima" y "ataca" al Parlamento a la menor ocasión: "Ha dicho en otras ocasiones que el Registro de la Cámara manipula, que los Servicios Jurídicos también, y hasta que el Parlamento es un cachondeo. Usted mismo se descalifica: poniendo un poco de finura e inteligencia, defendería mejor sus posiciones".

El grupo popular dispone de tres meses para formalizar ante el Constitucional su recurso, el cual, según explicó Sanz, se fundamenta en la vulneración del derecho a ejercer el cargo público de los diputados que han firmado la iniciativa no admitida y también del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de su representantes (los diputados). A juicio del portavoz, la Mesa se ha extralimitado en sus funciones al prejuzgar el contenido de la iniciativa, pronunciamiento que, opinó, corresponde al Pleno.

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El dictamen de los Servicios Jurídicos dice, sin embargo, que la doctrina constitucional establece que las facultades de las mesas de las cámaras no se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de una iniciativa "sino que se extiende también a si ésta responde al objeto y cumple los fines que le son propios".

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