La elección de un juez de la Sala Penal del Supremo divide al Poder Judicial

La elección de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo dividirá hoy a los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría conservadora considera que la vacante dejada por la jubilación de José Antonio Marañón, de perfil conservador, requiere sustituirle con un magistrado de la misma tendencia, mientras que los progresistas defienden que, por encima de adscripciones ideológicas, Alberto Jorge Barreiro es el penalista más prestigioso de los que concurren al cargo, dato que reconocen en privado vocales de la mayoría conservadora.

La Comisión de Calificación del Consejo ha propuesto al pleno de hoy, de entre los magistrados que solicitan la plaza, a Francisco Monterde Ferrer, de 55 años, ex vocal del anterior CGPJ a propuesta del PP; a Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, de 49 años, magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, y a Alberto Jorge Barreiro, de 56 años, que ha desempeñado de forma ininterrumpida durante 25 años la jurisdicción penal, los últimos 14 en la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección Penal 15ª preside desde 2000.

La importancia de la Sala Penal del Supremo, cúpula de la relevante jurisdicción penal y encargada de enjuiciar a los aforados a nivel estatal, provoca entre los dos sectores del CGPJ una particular atención hacia su composición. En cambio, la mayoría cedió el 9 de octubre votos a la minoría para que pudiera prosperar la designación de dos candidatos progresistas a las salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Militar del Supremo: José Manuel Bandrés y Ángel Juanes Peces, respectivamente, que ayer tomaron posesión.

Fuentes de la minoría progresista informaron que en el pleno de hoy defenderán que para la Sala Pena del Supremo, dadas sus competencias, lo más importante es asegurar la independencia de los magistrados que la integran respecto al poder político, sea del signo que sea, y recordaron que Jorge Barreiro dio muestras de esa independencia durante la etapa socialista en resoluciones como la que condenó por las escuchas del Cesid, cuestionó ante el Tribunal Constitucional la patada en la puerta de la llamada ley Corcuera o fue ponente de la sentencia que condenó por corrupción en la Casa de la Moneda.