Ideas para un debate político

1. En el proceso de globalización de hoy en día no se puede construir un discurso político serio sin tener una idea clara del lugar y del papel de España en el mundo. La derecha la tiene, aunque no la comparta. El PP ha optado por romper el consenso logrado en la transición en política exterior e intenta imponer su visión unilateral de las cosas. Con la megalómana idea de sacar a España del rincón de la historia -como si no hubiera sido la derecha la que la metió en ese agujero-, apuesta por el alineamiento incondicional con Bush y por desmarcarse de las europeístas Francia y Alemania. Con ese envite, lo único que ha conseguido es sacar a España del núcleo central de la construcción europea con daño para nuestros intereses económicos y políticos. Al lanzar la idea de la intervención preventiva -como hizo Aznar ante los militares-, no sólo se rompe el acuerdo parlamentario sobre la defensa nacional y la doctrina de Naciones Unidas, sino que ello supone una amenaza para el norte de África y conduce a un rearme español, al margen de la defensa de la UE. Esta política tan radical divide a los españoles y, en consecuencia, nos debilita. La izquierda, cuando llegue al poder, debería resituar a España en el núcleo duro de la UE, junto con los países que desean una Europa política fuerte y cada vez más autónoma. La UE, y España en ella, tiene que apostar por el multipolarismo cooperativo, que sólo es posible desde la autonomía de las partes. Atlantismo y europeísmo no son conceptos antitéticos, salvo que sometamos el segundo al primero como sucede ahora. España debe trabajar por la paz preventiva, y está en su interés un sistema automático de respuesta europea a las amenazas externas.

2. Nuestra Constitución habla de una democracia avanzada. La que en realidad existe atraviesa una fase de baja intensidad. Un Parlamento sumido en la impotencia, un Poder Judicial mediatizado por el Gobierno y una fiscalía a las órdenes de éste, una televisión pública manipulada hasta límites desconocidos. No hay manera de que se creen comisiones de investigación independientes que examinen al Gobierno, ni que la fiscalía haga lo propio cuando sea menester, ni que haya debates en los medios, entre los candidatos, con el fin de que el personal se entere de lo que cada cual propone. La democracia española necesita remozarse y fortalecerse si no quiere acabar marchitada por el uso del tiempo y el avance de los poderes no democráticos. Las comisiones de investigación deben ser un instrumento regulado de control en manos de la oposición y no del Gobierno. La presidencia del Congreso debe renunciar a su condición partidaria y ser garante de los derechos de todos. El fiscal general debería ser elegido por el Parlamento por una mayoría que obligase al consenso y por un único mandato. Una televisión pública regida por un consejo de personas independientes, un director general nombrado por las Cámaras con mayoría de consenso y un solo mandato, y debates televisivos entre candidatos mejorarían nuestra vida pública. Hay que arrimar los partidos a la gente, transformándolos en partidos de los ciudadanos, que son quienes los sostienen vía impuestos; con líderes designados mediante elecciones primarias por afiliados y simpatizantes inscritos en un censo, y los candidatos a diputados, además de figurar en la lista del partido, deberían estar adscritos a un distrito determinado, lo que acercaría los electores a los elegidos y disuadiría a los partidos de poner mastuerzos en las listas.

3. La cohesión social, garantizada por el Estado de bienestar, es una seña de identidad de las democracias europeas. No es cierto que aquél sea insostenible, ni que obstaculice la productividad. Son tesis ideologizadas formuladas desde la derecha. El PP ha degradado la cohesión social al precarizar el empleo -33% de los contratos-, hacer inaccesible la vivienda, reducir el gasto en sanidad y educación y abandonar a la suerte de las familias a los ancianos y niños de corta edad. La afirmación de que la creación de empleo es la mejor política social es una simpleza si no se explicita qué tipo de empleo y qué condiciones rodean a ese empleo. España sigue siendo un país atrasado en políticas sociales. Una política de progreso debería abordar cuatro grandes cuestiones: empleo, vivienda, ancianidad e infancia. Las normas laborales necesitan ser reformadas para estimular el empleo estable, convendría disuadir fiscalmente a los que tengan viviendas vacías más allá de un cierto tiempo, construir más habitaciones de protección social y, si se desea crear un mercado de alquiler, hay que modificar la LAU que garantice al inquilino que a los cinco años no se encontrará con la disyuntiva de abandonar la vivienda o abonar lo que al arrendador le plazca. España necesita como el comer una potente red de asistencia a la ancianidad, ya sea domiciliaria y/o residencial y de guarderías para niños de 0 a 3 años, condición para que la mujer acceda al mercado laboral sin angustias.

4. Una economía competitiva para la creación de riqueza y empleo no se consigue sólo con ladrillo y turismo, y además, rebajando la cobertura social. Razonan bien los que sostienen que el modelo económico fomentado por el PP tiene los pies de barro. España sigue en la cola de Europa en gastos en I+D+i, en inversión en educación por habitante, en infraestructuras de telecomunicación, en la introducción de la sociedad del conocimiento. Hay que invertir dos veces más que en la actualidad, pero, sobre todo, hay que elaborar un auténtico plan de I+D+i a nivel estatal en el que participen las administraciones públicas y la iniciativa privada, con objetivos claros, sectores prioritarios a desarrollar, así como diseñar la colaboración internacional que nos interesa.

No soy partidario de subir los impuestos por una razón muy sencilla: porque los que abonamos los tributos que nos corresponden pagamos muchos impuestos. El problema fiscal de España es que existe un fraude fiscal escandaloso y creciente desde que gobierna el PP. Hay que cegar las posibilidades "legales" de engañara Hacienda con la reforma legislativa que proceda y hay que declarar una guerra a sangre y fuego contra el fraude fiscal. Me indigna saber que ¡sólo 150.000 españoles declaran ingresos superiores a 10 millones de pesetas! Dicho esto, no comparto la idea de que tengamos que mantener el déficit cero. Si queremos sacar adelante las mejoras sociales y de productividad indicadas, no podemos confiar sólo en el ahorro de las administraciones o en la lucha contra el fraude. España puede permitirse 1,5 o 2 puntos de déficit -no más- siempre que lo gaste con fines productivos.

5. Un Estado garante de la seguridad es condición de la libertad y el bienestar. La seguridad pública en España se ha deteriorado en los últimos años. El Ministerio del Interior se ha centrado en la necesaria lucha antiterrorista y ha descuidado el resto. La inseguridad ciudadana afecta sobre todo a las capas modestas de la sociedad que no tienen más protección que lo público. La derecha relaciona delincuencia e inmigración, lo que es falso. Las diferentes mafias extranjeras que pululan por nuestras ciudades y costas no están formadas por inmigrantes. Es imprescindible aumentar las dotaciones policiales, ordenar un despliegue de éstas muy diferente al actual, unificar el mando y la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y crear una auténtica policía federal a nivel europeo. No tiene sentido que a los inmigrantes sin papeles se les expulse del país y que mafiosos de diferentes naciones operen en España sin mayor problema.

El servicio público de la justicia no funciona como es debido, empieza a estar trufado por la corrupción, y el pacto de Estado PP-PSOE no ha servido para gran cosa. La justicia necesita una poderosa inversión en medios materiales y humanos que sitúe la ratio juez-habitante al nivel de países más avanzados, hay que racionalizar las leyes de procedimiento para hacerlas más ágiles, y hay que crear las figuras del juez y el fiscal ayudante con el fin de aumentar la productividad de éstos y exigir niveles mucho más altos de eficiencia judicial.

6. Una España que asuma su pluralidad es garantía de estabilidad y convivencia. Al margen de los sentimientos de pertenencia, que inciden en la esfera de lo privado, la cuestión radica en lograr que la mayoría de los ciudadanos, de cualquier territorio del Estado, prefieran formar parte de España y de Europa, por cuanto es más beneficioso para su realización personal y colectiva que no pertenecer a ellas. Las relaciones del Gobierno del PP y del PNV en Euskadi se han deteriorado hasta límites peligrosos. Es como si la lógica perversa de los dos nacionalismos se hubiese desatado y no tuviesen otro destino que el choque frontal. Ambos se han radicalizado desde diferentes ópticas. Uno, negándose al diálogo, frenando el desarrollo estatutario, identificando nacionalismo con violencia; el otro, radicalizando su discurso, aproximándose a las tesis abertzales hasta plantear la ruptura con la CE y el Estatuto. La propuesta de Ibarretxe no es una reforma del Estatuto, sino un proyecto constituyente que parte de la soberanía del pueblo vasco, que la CE no reconoce. El PNV, con su propuesta, parte en dos a la sociedad vasca, pues los no nacionalistas, así como la mayoría de Álava y Navarra, jamás aceptarán un planteamiento de esa naturaleza. Pero la situación se complica ante el inmovilismo del PP. Una cosa es que la CE y los Estatutos sólo puedan ser reformados mediante el consenso, y otra es que, después de 25 años, no se pueda cambiar ni una coma. La reforma del Senado como Cámara territorial; la presencia de las autonomías en los Consejos europeos; mayores poderes a los Tribunales Superiores de Justicia, respetando al Supremo como unificador de doctrina; selecciones deportivas propias, etcétera, son cambios hacederos que no atentan contra la cohesión territorial, sino quizá todo lo contrario. En todo caso, convendría evitar que los nacionalismos identitarios y dogmáticos nos conduzcan a momentos indeseables. España no ha sido nunca un Estado unitario, salvo periodos dictatoriales, pero tampoco el Imperio Austro-Húngaro. Nos hemos situado, en la democracia, en la lógica federal, que es la lógica europea. Mantengámonos ahí, sin maximalismos ni estridencias, para lo que quizá sea imprescindible que ambos nacionalismos pierdan La Moncloa y Ajuria Enea.

Nicolás Sartorius es vicepresidente de Fundación Alternativas.