Seis juristas creen inviable un recurso de inconstitucionalidad en este momento

Seis catedráticos de Derecho Constitucional coinciden en la imposibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional un proyecto de ley, como es el que contiene la propuesta aprobada por el Gobierno vasco que preside Juan José Ibarretxe, entregada el 25 de octubre último al Parlamento de Euskadi. Creen no impugnable el acuerdo del Gobierno o el de la la Mesa del Parlamento. Sin embargo, Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, cree recurrible la calificación que haga la Mesa del Parlamento y estudiable el recurso contra el envío de la propuesta por el Gobierno.

Los seis constitucionalistas coinciden en que ni la Constitución ni la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)permiten recurrir contra proyectos de ley.

El catedrático emérito de Derecho Constitucional y ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, afirma que a su juicio, "y al de toda la opinión culta, "la jurisdicción constitucional está limitada a lo que la Constitución y la LOTC disponen, y ninguna de esas normas considera impugnables los proyectos de ley, llámense así o propuestas".

Rubio Llorente recuerda que "incluso cuando existió el recurso previo de inconstitucionalidad, tenía que interponerse sobre un texto ya elaborado definitivamente". Señala que el artículo 27.2 de la LOTC enumera los textos "susceptibles de declaración de inconstitucionalidad" y entre ellos no figuran los proyectos de ley.

"Sigo pensando", agrega, "que no es posible en absoluto recurrir un proyecto de ley, y someto mi opinión a cualquier otra mejor fundada en derecho".

En cuanto a la anunciada impugnación del acuerdo que adopte la Mesa del Parlamento vasco sobre el plan Ibarretxe, "es un disparate atribuir a la Mesa el enjuiciamiento de la constitucionalidad del proyecto de ley".

Javier Corcuera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, manifiesta que "a la perplejidad producida por la propuesta de Ibarretxe, se suma ahora una nueva perplejidad ante el anuncio hecho ayer por el Gobierno".

Corcuera se expresa así: "Que es inconstitucional el contenido de la propuesta está claro, pero no sé si tiene algún sentido impugnarlo, aunque pudiera ser impugnable, que no lo es. Dado que es una propuesta cuya naturaleza y alcance se desconoce, lo normal sería esperar a ver qué sale, pero iniciativas como estas no se sabe qué sentido pueden tener".

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de Sevilla, cree que la iniciativa del Gobierno es "un absurdo que no debería admitir el Tribunal Constitucional de ninguna forma, porque va contra la lógica". Explica que el artículo 161 de la Constitución y el Título V de la LOTC permiten impugnar "normas jurídicas o actos jurídicos ya firmes, no una propuesta de reforma de un Estatuto de autonomía".

En cuanto al futuro acuerdo de la Mesa, Pérez Royo subraya que "se trata de trámites internos del Parlamento respecto a una propuesta legislativa que puede no tener la mayoría suficiente, por lo que es prematuro recurrirla, antes de que recorra todo el camino previsto por el ordenamiento jurídico". Agrega que "ni siquiera si subsistiera el recurso previo sería posible, porque sólo se podría impugnar la norma cuando estuviera terminada de elaborar".

Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, de la que es rector, opina así desde Londres: "La vigente LOTC no prevé el recurso de inconstitucionalidad contra proyectos legislativos. Sólo existe recurso previo explícitamente frente al caso de Tratados Internacionales que sean presumiblemente inconstitucionales. Frente a una hipotética calificación de la Mesa del Parlamento Vasco cabría la posible interposición de recurso, al hilo del artículo 161.2 de la Constitución".

"En cualquier caso, sería susceptible de estudio la viabilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el acto administrativo del Gobierno vasco que pone fin al procedimiento administrativo, al hilo de lo previsto en el artículo 161.2 de la Constitución y del Título V de la LOTC. En todo caso, se requeriría conocer en profundidad la extensión y el contenido particular del acto de reenvío del Gobierno a la Cámara vasca, para poder enjuiciar la viabilidad de este proceso".

ANTONIO TORRES DEL MORAL "No es posible impugnar un simple acto preparatorio"

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, cree que "no es posible jurídicamente impugnar un simple acto preparatorio". Recuerda que ante el Tribunal Constitucional sólo se pueden recurrir las leyes ya aprobadas", pero plantea que "si lo que se quiere impugnar es un acto administrativo tendría que hacerse ante otra jurisdicción, pero no ante el Tribunal Constitucional".

Su opinión es que "el Gobierno se ha equivocado, al menos en cuanto a la jurisdicción".

Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional en Granada, señala que "si lo que el Gobierno quiere recurrir es la propuesta de Ibarretxe, que no tiene estatus de norma legal, no existe ningún mecanismo para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional".

Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona, declara que "el Gobierno no puede impugnar esa propuesta, cuando lo único que ha hecho el Gobierno de Vitoria es ejercer la atribución institucional de la iniciativa de la reforma estatutaria".