Los partidos, en riesgo de esclerosis

La sociedad está insatisfecha con el funcionamiento de los partidos políticos y ellos también. Necesitan renovarse, pero el problema es cómo. Las relaciones entre partidos políticos y ciudadanos fue objeto de un debate organizado por la Asamblea Permanente de Intelectuales en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el jueves.

Los interpelados eran los representantes de los partidos: Josep María Vallès (diputado de PSC-Ciutadans pel Canvi), Anna Simó (concejal de ERC), Joan Boada, (diputado de ICV) y Daniel Sirera (diputado del PP). CiU no asistió. Fue el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Joan Botella, el encargado de hacer el diagnóstico y no fue complaciente. Es cierto que los partidos fueron colocados durante la transición en el centro del sistema político como "un instrumento indispensable para canalizar los procesos de representación, debate y decisión política", pero despiertan sentimientos ambivalentes. "En las encuestas aparecen como las instituciones más desprestigiadas, pero un 80% de los ciudadanos los consideran indispensables para defender sus intereses", recordó Josep Maria Vallès, también catedrático de Ciencia Política de la UAB.

"El envío conjunto de papeletas ahorraría 16 millones de euros"

Sólo el 1% de la población milita en una organización política

Entre las carencias, Botella citó en primer lugar su debilidad. En Cataluña, el número de afiliados a algún partido apenas representa el 1% de los ciudadanos mayores de edad. Son también "organizaciones muy institucionalizadas", de modo que los cargos directivos están en manos de muy pocas personas, que a veces acumulan también los cargos representativos. La mayoría de sus ingresos, al menos los conocidos, proceden de subvenciones de las instituciones y su actividad se centra en los ciclos electorales. Como un guadiana, aparecen en la campaña electoral y desaparecen hasta la siguiente. "Son además", prosiguió Botella, "organizaciones muy autorreferenciales; no tienen información fina, capilar, de la sociedad; se basan demasiado en informes de expertos y, sobre todo, en la prensa".

Pese a que cuentan con pocos ingresos económicos, son organizaciones caras y se financian de forma opaca, lo que abre las puertas a los mecanismos de corrupción. Su funcionamiento interno es también poco democrático: la mayoría de las decisiones se adoptan a puerta cerrada, sin participación de la militancia y menos aún de los simpatizantes o electores. Pero al mismo tiempo son, en opinión de Botella, "muy atractivas", puesto que deciden cosas importantes para la ciudadanía, desde la cuantía de las pensiones a la planificación urbanística.

Los políticos coincidieron, en términos generales, con el diagnóstico, pero también en que no hay recetas mágicas y en que algunas de las medidas que se apuntan tienen efectos adversos. Las listas abiertas, por ejemplo. O la elección directa de los alcaldes. Todos coincidieron en que los ciudadanos se sentirían más confortables pudiendo elegir entre los miembros de una candidatura, pero eso abriría la puerta, según Daniel Sirera, a que en algunos casos pudiera prevalecer, no el candidato que mejores propuestas tiene, sino el que tiene más dinero para gastar en publicidad. La elección directa del alcalde podría darle, en opinión de Sirera, un poder excesivo, que ahora comparte con los grupos municipales.

Pero el que no existan recetas mágicas no quiere decir, según Boada, que no se puedan ir cocinando y probando reformas parciales. Por ejemplo, las listas cerradas pero desbloqueadas, en que el ciudadano elige una, pero decide el orden de preferencia dentro de ella. De hecho ya hay propuestas en esta dirección: "En ERC hemos adoptado un documento de regeneración democrática en el que proponemos listas abiertas en los municipios de menos de 2.000 habitantes", explicó Anna Simó.

Iniciativa plantea también medidas de "radicalidad democrática", según Boada, como un uso más riguroso de la iniciativa legislativa popular, "para que no ocurra como en esta legislatura, en que se recogieron 100.000 firmas para que no se permitiera la incineración de residuos y en la tramitación parlamentaria acabó convertida en una ley que consagra la incineración, aunque con controles". Podrían utilizarse con más frecuencia, según Boada, aunque sin abusar, los referendos vinculantes, y "plantearnos el voto a los 16 años; ¿por qué no? O la posibilidad de que los inmigrantes extranjeros, a partir de un determinado tiempo de residencia, puedan votar".

Josep Maria Vallès resumió en dos ideas su propuesta de regeneración de la participación democrática: socializar los partidos y liberalizar el mercado político. Para lo primero, propuso hacerlos más transparentes, "que participen no sólo los militantes, sino los simpatizantes e incluso los electores, y convocar conferencias abiertas para elaborar los programas". Las elecciones primarias, aunque en algunos casos no han dado los frutos deseados, son un instrumento a seguir explorando. Limitar los mandatos y evitar la concentración de cargos en una misma persona rompería con la actual tendencia a la profesionalización. Incluso debería pensarse, según Vallès, en una indemnización económica por cese de cargo público, pues de lo contrario quienes no son funcionarios públicos pueden resistirse a abandonar el cargo por dificultades de reinserción laboral.

El término "liberalizar el mercado de la política" sonaba algo mercantilista, pero Vallès aclaró a qué se refería: "Se trata de privar a los partidos de la exclusiva de la representación social". Ésta es una tarea que compete, sobre todo, a las instituciones públicas, pues ellas tienen la llave para promover, por ejemplo, audiencias legislativas sobre los proyectos que se tramiten en el Parlament o para convocar referendos derogatorios cuando los partidos no cumplan, aunque en este punto se proyectó sobre la sala la inquietante sombra de Schwarzenegger, pues cabe el peligro de que cualquier Terminador con suficientes apoyos económicos coja la escoba con la intención de barrer a los políticos profesionales. En cualquier caso, los partidos deben superar la fase en que se han convertido en meras "agencias necesarias de reclutamiento, formación y ocupación del personal que aspira a ocupar un cargo".

Unas agencias que además se financian de forma opaca, algo que todos criticaron. Quedó claro que hay que cambiar el sistema de financiación, ampliando el poder de fiscalización del Tribunal de Cuentas, y hubo incluso propuestas radicales, como la de que los partidos sean sometidos al control permanente de un interventor público. Pero en este ámbito, el escepticismo era manifiesto. Daniel Sirera recordó que los partidos ni siquiera han sido capaces de cumplir el compromiso que adoptaron de forma solemne en el Parlament para reducir los gastos de campaña. "Sólo con el envío conjunto de la propaganda electoral podríamos haber ahorrado en estas elecciones 16 millones de euros. Pero ni de eso hemos sido capaces", dijo Sirera.

Al final, quedó claro que la democracia puede mejorarse pero hay dos ámbitos en los que es urgente actuar: reformar el sistema de financiación de los partidos, para reducir los gastos electorales y evitar corrupciones, y modificar radicalmente el modelo de gestión de los medios de comunicación públicos, para evitar que dependan de los gobiernos y puedan ser instrumentalizados por éstos, como ocurre ahora, con fines partidistas.