El Ejecutivo admite la "gran dificultad" del recurso al Constitucional, pero insiste en su decisión de presentarlo

El Gobierno central admite la "gran dificultad jurídica que entraña la interposición de un recurso de inconstitucionalidad", una vez conocido el texto aprobado por el Gobierno vasco, pero insiste en "buscar cualquier resquicio legal" para lograrlo, aseguran en La Moncloa. Ayer lo aclaró en Sevilla el vicepresidente segundo, Javier Arenas, al señalar que el Gobierno "responderá sin ningún tipo de complejos, con las medidas políticas y jurídicas más convenientes al desafío".

El Ejecutivo se reserva el momento en que tomará la decisión, pero adelanta que una "fecha clave" será cuando la Mesa del Parlamento vasco califique el proyecto, previsiblemente, en noviembre.

El que el Gobierno vasco haya planteado su iniciativa por sorpresa como "propuesta", en vez de "proyecto de ley", añade una nueva dificultad a la respuesta jurídica diseñada por el Ejecutivo central. Pero, paralelamente, también "han caído las máscaras jurídicas", según La Moncloa, porque "está muy claro en el texto que lo que propone el Gobierno vasco no es una reforma del Estatuto, sino una reforma constitucional de enorme calado".

El Gobierno central anota como elementos claves del texto del Ejecutivo vasco la "expresa derogación del Estatuto, la derogación explícita de aplicación al País Vasco de algunos artículos de la Constitución y la iniciativa de convocatoria del referéndum".

Texto rupturista

El vicepresidente del Gobierno lo denunció ayer al señalar que el texto es "rupturista con la Constitución" porque "elimina varios artículos de la norma fundamental e invade competencias del Estado que no le corresponden".

Concretamente, se consideran como no aplicables el artículo 155, que obliga a las comunidades a cumplir las disposiciones legales; el 145, que prohíbe la federación de comunidades, y el 161.2, que suspende automáticamente las disposiciones impugnadas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central.

Pero para La Moncloa, "el texto no sólo es anticonstitucional por su contenido sino que, además, supone un fraude en el procedimiento de tramitación de la reforma estatutaria", regulado en el artículo 46 del Estatuto. Dicho artículo establece que el referéndum de reforma debe venir precedido de una aprobación mayoritaria por el Parlamento vasco y las Cortes generales. Sin embargo, precisa La Moncloa, la propuesta del Gobierno vasco ya se atribuye la iniciativa de la convocatoria del referéndum.

"Ante tal cúmulo de despropósitos legales y jurídicos, el Gobierno tratará de buscar la fórmula adecuada de impugnación del texto", dijo ayer el vicepresidente segundo del Ejecutivo. La Moncloa insiste en que la Mesa del Parlamento vasco tendrá que calificar el texto como "propuesta o como proyecto de ley", y "en función de ello se dará la respuesta". La principal dificultad para el Gobierno central estriba, en principio, en que no es posible recurrir proyectos de ley sino leyes aprobadas.

No obstante, La Moncloa estima que la clave de la respuesta al "desafío soberanista del Gobierno vasco radica en el interior del País Vasco" y especialmente en el territorio foral de Álava. Arenas recordó ayer que el texto del Gobierno vasco "también atenta contra los derechos forales del País Vasco ya que los tres territorios -Álava, Vizcaya y Guipúzcoa- no han sido consultados". "Pero, aunque la clave de la respuesta tenga que proceder del País Vasco, el Gobierno central no puede permanecer impasible ante un reto de tal magnitud", agregó.