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Entrevista:JOSÉ MARÍA MENA | FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA | ENTREVISTA

"La reforma del Gobierno ha hundido el barco de la fiscalía"

A falta de tres años para su jubilación, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, admite que es el último fiscal "de la vieja guardia". Roja, por supuesto. Lo ha demostrado durante los 40 años de oficio, pero ha sobrevivido a la última reforma de la fiscalía, aunque nunca ha escondido sus críticas a algunas leyes

Si algo caracteriza a José María Mena es que siempre ha dicho lo que ha pensado. En privado y en público. De las leyes vigentes y hasta de sus compañeros, como cuando calificó de "vomitivo" el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que justificaba la dictadura chilena a propósito del caso del juez Garzón contra Pinochet. Pero más allá de las declaraciones, la fiscalía de Barcelona ha sido en España la avanzadilla de muchas iniciativas para mejorar la administración de justicia. Lo fue en 1992, cuando se pusieron en marcha los juicios

rápidos, o después, con la creación de fiscales especializados en medio ambiente, violencia doméstica o accidentes laborales. Los responsables fueron Carlos Jiménez Villarejo, primero, y después su sucesor, José María Mena. Ahora, ese modelo de fiscal está en peligro por las reformas legales del Gobierno, asegura el fiscal jefe de Cataluña.

"En los últimos meses se ha producido un borbotón de producción legislativa. La consecuencia de eso son los fiscales atados a la pata de la mesa del juez"

"La destitución de Carlos Jiménez Villarejo es uno de los disgustos más grandes de mi vida. Es tan profundamente injusto que no tengo palabras"

"Comprendo que Pujol no nos tenga simpatía, ni a mí ni a Villarejo, por el 'caso Banca Catalana'. La rabia que da eso no prescribe y la guardará siempre"

Pregunta. ¿No le sorprende haber repetido en el cargo?

Respuesta. A mí me nombraron fiscal jefe y me han vuelto a nombrar. No sabría dar explicación de porqué. Yo me he limitado, como vulgarmente se dice, a echar la instancia. Y lo demás me ha venido dado. Con los grandes problemas que han dado lugar a los desdichados incidentes de Madrid, desde allí se ve lo de Cataluña como una provincia. Si se me ha conservado en Barcelona es porque esto no es una plaza importante.

P. ¿No le incomoda para su ejercicio profesional que el fiscal general del Estado tenga posiciones tan distintas y distantes de las suyas?

R. Yo he estado hasta 1982 con fiscales que eran como Jesús Cardenal, salvo que don Jesús les pasa por la izquierda. Cardenal es un fiscal jefe clásico, como tantos otros. Y en esta relación me he desenvuelto toda mi vida profesional.

P. ¿Qué opina de las últimas y numerosas reformas legales que afectan tan directamente al papel del fiscal?

R. En los últimos meses he notado un borbotón de producción legislativa y hubiera sido deseable haber reflexionado un poco y hacer las cosas por otro orden. La consecuencia de todo eso son los fiscales atados a la pata de la mesa del juez. El fiscal puede estar en un sitio, pero no en dos o tres. En este momento hay 4.200 jueces en España y 1.700 fiscales. Y no hay más que hablar. Hoy ya tenemos incidentes de quejas de jueces porque se señalan juicios y no van los fiscales. Porque no hay. O quitan juicios o añaden fiscales. La tendencia de que para todo hay que hacer juicios está muy bien, pero hay que saber lo que se tiene. Con un equipo de cinco o seis no se puede jugar al fútbol. Hacen falta 11. Y para un tipo determinado de encuentros que son los juicios hace falta una plantilla completa.

P. Parece que se quiere reducir la actuación del fiscal a la pequeña delincuencia.

R. Con esas reformas nos estamos convirtiendo en lo que llamaría fiscalía antibagatela, es decir, centrada en perseguir delitos menores. Y la dedicación exclusiva a las pequeñeces dificulta muy notablemente la persecución de las cosas importantes. En esta fiscalía, la mayor parte de los días no hay fiscales para hacer asuntos importantes. Es decir, quedarse en el despacho 15 días estudiando un caso.

P. Ahora, además, se ha limitado a seis meses el tiempo máximo para que investigue el fiscal.

R. Distintos fiscales hemos utilizado la misma expresión: la reforma es un disparo en la línea de flotación de la fiscalía. El barco de la investigación fiscal se ha hundido. En estos momentos, las denuncias que se presentan en la fiscalía se remiten inmediatamente a los juzgados. Sólo puedo investigar hasta que haya un sospechoso porque, cuando lo tenga, he de informar al afectado. Cualquier ciudadano entiende que si la policía hace una investigación, no cabe en ninguna cabeza que busque al sospechoso y le diga que le está investigando. Ahora, si la actuación policial la dirige el fiscal, sí que hay que avisarle.

P. O sea, que las leyes vigentes benefician más que antes a la llamada delincuencia de cuello

blanco.

R. Siempre ha sido así, lo que pasa ahora es que se nota mucho. Es una situación que genera efectos muy perniciosos. No podemos olvidar que detrás de la persecución de determinados poderosos ha dejado de ser fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Y con un nexo causal entre su desaparición y ciertas actuaciones que son absolutamente sabidas. Por no citar a poetas antiguos, Joaquín Sabina lo define muy bien cuando dice en una canción: "Que ser valiente no salga tan caro". Estamos en una situación que si, por encima de todo, se hace lo que hay que hacer, se producen bajas.

P. Pocas personas conocen tan bien a Jiménez Villarejo como usted. ¿Qué impresión provocó su relevo?

R. Una situación así no se había producido nunca en la democracia española. Se destituyó a José Aranda como fiscal jefe de la Audiencia Nacional cuando el caso de los llamados fiscales

indomables, un término que no se merecían en absoluto porque ellos eran los domadores. La destitución de Villarejo es uno de los disgustos más grandes que me he llevado en mi vida. Es como si me hubieran cortado un brazo, una sensación horrible. Es tan profundamente injusto, innecesario y desacertado que no tengo palabras. La democracia siempre es relativa, y yo creo que éste es uno de los momentos en que estamos en un camino hacia la democracia.

P. ¿No tiene la sensación de que con esas reformas y ciertos nombramientos en la cúpula judicial es cada vez más tenue la separación de poderes en España?

R. Ahora hay una gran cantidad de jueces de a pie que ejercen su función con absoluta autonomía. La inmensa mayoría son de derechas, eso sí, pero no se dejan manipular. El roce de poderes existe, y el poder ejecutivo tiende a comerse todo hueco que le quede delante, siempre ha sido así. Otra cosa es que en los últimos dos o tres años hay una mayor exhibición del poder y es más visible la situación de hipertrofia del poder ejecutivo, pero recordando historias antiguas, cosas así ha habido siempre.

P. ¿Se refiere a los Gobiernos del PSOE?

R. He dicho historias antiguas solamente, ¿eh?

P. Se le ve muy crítico y escéptico con la situación actual, y que coincide con las encuestas sobre la desconfianza de los ciudadanos en la justicia.

R. Desconfiar de la administración de justicia actual en España es absolutamente razonable, pero no hay razones para desconfiar más de la justicia que de otros servicios. La justicia no es de lo que peor funciona, y su lentitud obedece a un sistema de garantías y de recursos. Estados Unidos es un país muy eficaz y los procesos con pena de muerte tardan 15 años. Aquí no hay pena de muerte, pero no pasan 15 años. A veces hay que mirar alrededor, porque en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de 1887, ya se plantean los mismos problemas que hay ahora. Se va mejorando, lo que pasa es que una sociedad democrática es una sociedad exigente y crítica, y eso es bueno estimularlo. Pero eso no quiere decir que estemos peor que hace 10 o 30 años. La democracia, sobre todo, es cara. Hay que poner dinerito para pagar plantillas de jueces y fiscales y nuevas prisiones. Y si se quieren sistemas alternativos a la pena, hay que buscar una plantilla de funcionarios.

P. El pacto de Estado para mejorar la justicia no ha servido para abordar esas situaciones.

R. Sería muy buena cosa que hubiera un pacto, pero hasta ahora no lo he visto, no me he enterado de que exista ningún pacto. Hasta el presente.

P. El PP y el PSOE firmaron un acuerdo en su día que abordaba numerosas reformas.

R. No creo que eso fuera ningún pacto.

P. A usted le nombró el Gobierno del PP en 1996 tras ganar las elecciones, después de esperar varios meses porque el PSOE no lo hizo. ¿Es cierto que le vetó el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch?

R. Casi nadie puede decir como yo que ha sido nombrado dos veces por el Partido Popular. Eso se lo debo agradecer a Belloch, al que conozco desde hace muchos años. No creo que él tenga nada contra mí. Los políticos, con mucha frecuencia, incluso con el entorno que tienen más afecto, tienen una cierta relación de usar y tirar.

P. ¿Está diciendo que Belloch le dejó tirado?

R. No, pero usado sí. Prefiero creer que no podía nombrarme, lo que no sé es por qué, pero me dolería mucho que no quisiera.

P. Hablando del pasado menos reciente, cómo ve ahora, veinte años después, el caso Banca Catalana, cuando Villarejo y usted se querellaron contra Jordi Pujol y otras personas. Siempre le ha incomodado hablar de aquello.

R. La única incomodidad que recuerdo es la dificultad para entender la trama. Era una gente mucho más lista que nosotros que había organizado muy bien su trama y con un nivel de perfección dificilísimo de desentrañar. Lo demás tenía que ser lo que fue -la Audiencia Territorial de Barcelona archivó la querella-, y era inimaginable que fuera de otro modo. Lo que no tiene sentido es que una institución tan respetable, y tan de derechas, como el Banco de España presente un informe en el que deja clavadísimas las cosas, dice los autores, y que la fiscalía se tire para atrás o meta el informe en un cajón. Eran dos y dos son cuatro y había que hacer lo que se hizo, porque para eso están los fiscales. Luego vienen más historias. Se acaba de publicar un libro sobre Pujol, Què direu de

mi, en el que se entrevista a cien personas. Uno soy yo, pero otros son Narcís Serra y Felipe González, y se desprende muy claramente lo mucho que les desagradó la posición de la fiscalía en el caso Banca

Catalana. A Villarejo y a mí nos llamó el fiscal general de entonces, debatimos el asunto con el teniente fiscal del Tribunal Supremo y otros tres fiscales, y al acabar, Luis Burón dijo: "Es mi decisión que se interponga la querella". Nosotros volvimos y al día siguiente se publicó en la prensa. Y ahí es donde se produce la cortina de humo de estos casos. El verdadero debate es si la querella era acertada y veraz en su relato de hechos, pero eso no lo ha vuelto a debatir nadie. Sólo se ha hablado de la filtración. Me ha alegrado leer en ese libro que Felipe González llamó a Pujol para ponerle en guardia y advertirle que se le estaba investigando. La cúpula del PSOE pensaba que les hicimos una faena, y pienso que les desagradó mucho no poder controlar la situación.

P. ¿Cuál fue el momento más delicado de aquel proceso?

R. El interrogatorio de los fiscales fue el momento más aparatoso. Supongo que para el president fue humillante ser interrogado. Yo comprendo que el president no nos tenga simpatía. La rabia que da eso no prescribe y la guardará siempre, pero nosotros a él no le tenemos ninguna antipatía. Somos unos profesionales que hemos hecho lo que nos toca. Nosotros contra él no tenemos nada, ni personal ni institucionalmente. Para nosotros solamente es un señor que sale en unos papeles, que, según los datos que nos dan, ha hecho eso y le tenemos que acusar. En las películas, los fiscales hacen del caso un asunto personal y tienen mucho afán de perseguir. Nosotros no tenemos esos problemas, nos pagan igual. Si no hubiéramos llevado el asunto de Banca Catalana, esos meses habríamos cobrado lo mismo y habríamos vivido notablemente mejor.

Hijo y nieto de fiscales y 11 años militante del PSUC

JOSÉ MARÍA MENA ÁLVAREZ nació en Villarcayo (Burgos) en 1936. Hijo y nieto de fiscal y bisnieto de magistrado, empezó a ejercer en 1964 en Santa Cruz de Tenerife. Sólo duró tres años porque su manera de entender el oficio le llevó a pedir penas de cárcel para unos empresarios por la muerte de 14 trabajadores en un accidente laboral y por una estafa inmobiliaria. "Aquello era la Edad Media. Los afectados estaban emparentados con la fiscalía y amparados por la Administración". También ejerció como profesor de Derecho Penal y tuvo entre sus alumnos a Eligio Hernández, que después fue fiscal general del Estado. En abril de 1967 llegó a Barcelona por un traslado forzoso y a los pocos meses empezó a militar en el PSUC, el histórico partido de los comunistas catalanes y referencia obligada del antifranquismo. De aquella época arranca su amistad con Carlos Jiménez Villarejo. En 1972 fue desterrado a Lleida "por tener amistad con personas desafectas al Movimiento Nacional", según decía el expediente de la época. "Era verdad, tenía amistades en el antifranquismo, porque el Tribunal Supremo desestimó el recurso que presenté", asegura Mena. Tras la muerte de Franco, regresó a Barcelona en 1975, y el día que se aprobó la Constitución se dio de baja por escrito en el PSUC, lo mismo que hizo Villarejo.

Ambos se hicieron cargo en 1984 de investigar un caso que les ha perseguido desde entonces como una sombra: Banca Catalana. La falsa leyenda sobre ambos fiscales difundida por círculos interesados es que actuaron a las órdenes del Gobierno del PSOE. "Nada más lejos de la realidad. La orden de querellarse la dio el fiscal general Luis Burón tras varias horas de reunión, y mucho antes, Felipe González ya advirtió a Pujol que le estábamos investigando. A los socialistas nunca les gustó aquella querella", recuerda Mena. "Además, se olvida que ninguno de los dos pedimos ese caso, sino que nos lo encargó el fiscal jefe de entonces, Alejandro Sanvicente".

De aquella época quedan las pintadas en las calles de Barcelona "Volem fiscals catalans" ("Queremos fiscales catalanes"). Y la imagen de Mena, con su inseparable pipa de entonces saliendo de interrogar a Pujol en la casa del Canonges, la residencia oficial. En 1996 regresó al Palau de la Generalitat, en una breve visita de cortesía institucional, al ser nombrado fiscal jefe de Cataluña, pero Pujol no permitió la foto. "El encuentro apenas duró unos minutos. El president me dijo: "Supongo que sabrá que su nombramiento no me satisface". Yo le agradecí la franqueza y le dije que antes, ahora y en el futuro, lo único que hago es cumplir la ley. Me miró atentamente, se levantó y abrió la puerta, y nos miró a los tres. A mí, al fiscal general del Estado, Carlos Granados, y a la consejera de Justicia, Núria de Gispert. Eso es lo que se llama dar puerta".

La querella contra Pujol fue la primera escenificación sonada de que Mena y Villarejo serían rigurosos en considerar a todos iguales ante la ley. Pero el archivo del caso también dejó claro que una cosa es el principio de legalidad que guía a los fiscales, y otra distinta, las decisiones judiciales. "La gran mayoría de los jueces que votaron en contra del procesamiento de Pujol ni siquiera se miraron el resumen que había preparado la fiscalía", recuerda Mena.

Luego vinieron otros escándalos en los que ambos fiscales se labraron fama de azote de la burguesía catalana, como los casos Planasdemunt, Bertrán de Queralt, Casinos, Estevill o De la Rosa. En uno de esos juicios y en una actuación muy poco habitual, Mena retiró la acusación. Fue en el caso de las escuchas ilegales del Cesid, que sentó en el banquillo, entre otros, al agente Miguel Martínez Ruiz, El Lobo. "En el juicio nos quedamos sin pruebas y no nos quedó más remedio que actuar así o arriesgarnos al escándalo de una sentencia absolutoria", explica José María Mena.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de octubre de 2003

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