Admitida a trámite una querella contra la ampliación del Palacio de Deportes

El juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por los vecinos del número 88 de la calle de Goya contra el proyecto de reconstrucción del Palacio de Deportes y contra su autora, la arquitecta Paloma Huidobro, ya que la obra invade supuestamente zonas verdes. Según el auto judicial dictado el pasado día 8, se admite a trámite la querella contra Huidobro, pero se archiva contra otros dos de los responsables del proyecto, el ex consejero de Hacienda Juan Bravo, ahora edil de Hacienda de Madrid, y Ricardo Domínguez, gerente de la sociedad Arproma (Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid). El juez ha citado a Huidobro para ser oída el próximo 3 de noviembre en calidad de imputada.

El archivo de la causa contra Bravo y Domínguez, recurrido ya por los denunciantes, obedece, según este auto, a que el delito de que se acusa a los mencionados "sólo puede ser cometido (...) por promotores, constructores o técnicos, es decir, profesionales" del ramo.

Ventanas a la calle

La querella fue presentada el pasado 23 de mayo por la comunidad de propietarios del número 88 de la calle de Goya, esquina a la calle de Lombia, y que hasta el inicio de las obras de reconstrucción del Palacio de Deportes era un edificio sin patios de luces, y en el que todas las ventanas daban a la calle. No obstante, la querella se basa en que se adjudicó el proyecto a Arproma "sin que previamente constase la licitación del mismo", según los querellantes, y en que el proyecto "implicaba la invasión de zonas verdes" de "titularidad municipal".

El proyecto fue denunciado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en julio de 2002 por su "fuerte impacto urbanístico" y porque la obra "ha sido adjudicada a dedo", según dijo el vicesecretario del colegio, Serafín Sardina.

Los denunciantes consideran que tanto Bravo como Huidobro y Domínguez incurrieron en un delito sobre la ordenación del territorio, por lo que solicitan tres años de prisión, multa de 24 meses e inhabilitación especial de tres años.

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