Ataques anticipatorios

¿Quién ha de rectificar sobre Irak: el Gobierno o la oposición? Esto último es lo que exige Aznar a Zapatero al hilo de la resolución 1.511, aprobada por unanimidad del Consejo de Seguridad. La resolución constituye un marco para el futuro de Irak, pero en ningún caso legitima la guerra, como parece pretender el Gobierno español, ni revoca la condición de potencias ocupantes de EE UU y el Reino Unido. Legitima el despliegue de una fuerza multinacional e impulsa la pronta recuperación por los iraquíes de su propio futuro, de su soberanía. Conviene recordar que Irak no planteaba un problema de terrorismo, pero que la invasión y la falta de previsión sobre la posguerra han contribuido a generarlo. Y mientras Aznar insiste en la confluencia de terrorismo y armas de destrucción masiva, sigue pendiente una explicación sobre por qué no aparece este armamento en Irak.

La unanimidad alcanzada por el Consejo de Seguridad ha reflejado que, más allá de las disputas sobre las razones de la guerra y el caos de la posguerra, hay un consenso internacional sobre la necesidad de una rápida solución, que preserve la unidad territorial y recupere la gobernabilidad del país. La resolución, que abarca desde EE UU hasta Siria, pide a todos los miembros de la ONU que colaboren a ello. En este sentido, el despliegue militar español cobrará una nueva legalidad como parte de una fuerza multinacional y no meramente de cooperación con las potencias ocupantes.

La aprobación de la 1.511 hubiera sido una ocasión estupenda para rehacer un mínimo consenso español ante el futuro de Irak. Pero, en vez de utilizarla con este objetivo, Aznar y Zaplana han preferido blandirla como arma arrojadiza contra Zapatero. Al margen de este desaforado ataque, el secretario general socialista debe una explicación sobre cuál es su posición tras la nueva resolución de Naciones Unidas.

Zapatero deberá responder también a otro desafío lanzado ayer mismo por el presidente del Gobierno en un nuevo gesto de solipsismo político. Aznar ha definido en el Ceseden (Consejo Superior de Estudios de la Defensa Nacional) su visión sobre la defensa de España, sin tener en cuenta que hace menos de un año el Partido Popular alcanzó un consenso con PSOE, CiU y Coalición Canaria sobre una Doctrina Estratégica con vocación de durar varios años y no unos meses.

La "visión" de Aznar supone una ruptura completa de esa doctrina: apoya la guerra preventiva, relega a las organizaciones internacionales, desde la ONU -que sólo mencionó una vez en relación a la 1.511- hasta la UE o incluso la OTAN, en aras de una relación bilateral de España con Estados Unidos y lo que puedan hacer "los españoles y sus gobernantes" por sí solos. Y defiende "unas acciones anticipatorias" en "casos determinados", que si siguen el ejemplo de Irak se convierten en un instrumento peligroso, además de ilegal. Aznar, cabe recordarlo, aún es presidente del Gobierno, y como tal debería defender la doctrina estratégica oficial, especialmente ante los jefes militares.