Algunos afectados siguen sin cobrar 21 años después de la rotura de la presa de Tous

Más de medio centenar de afectados por la rotura de la presa de Tous siguen a la espera de recibir las indemnizaciones que les corresponden por las pérdidas sufridas como consecuencia de las inundaciones al cumplirse hoy el vigésimoprimer aniversario de una catástrofe que causó daños cifrados, entonces, en unos 50.000 millones de pesetas.

Estos afectados pertenecen a la Asociación de Damnificados de Carcaixent, única de las varias agrupaciones formadas en aquel momento en la comarca de la Ribera que optó por la vía de lo contencioso-administrativo en lugar de la vía penal. Sus 400 asociados comenzaron a percibir las indemnizaciones hace apenas unos meses tras habilitar el Gobierno central diversos créditos extraordinarios para pagarles. Se reparten los últimos 10 millones de euros de un largo proceso en el que quedan todavía 60 afectados por recibir las compensaciones económicas mejor dotadas de todas las percibidas por los diversos colectivos que englobaron a cerca de 35.000 familias de perjudicados.

De cada 600 euros de daños justificados perciben una indemnización de 1.500 euros por los intereses devengados desde 1983, año en que se produjo el desastre, y los daños morales que sufrieron como consecuencia de la pantanada.

Menos beneficiados resultaron los 5.200 afectados que optaron por la vía penal y a quienes finalmente les dio la razón el Tribunal Supremo en una sentencia emitida en el año 1997.

Convenios con el Gobierno

Aunque los peor parados fueron el grupo mayoritario compuesto por 28.000 familias que, hartas de esperar las resoluciones judiciales, optaron por aceptar los convenios transaccionales propuestos por la Administración central a través de diversos decretos.

Un recurso presentado por las asociaciones Afiva y Apemeda, que se disolvieron el pasado año, aún está pendiente de que lo resuelva el Tribunal Supremo. El recurso acusa a la administración de Justicia de cometer dilaciones y por ello reclama la equiparación de las indemnizaciones para todos los afectados.

Mientras tanto la comarca de la Ribera, que fue castigada con dureza tanto por las inundaciones de 1982 como por las del año 1997, espera la acometida de las principales infraestructuras contempladas en el plan de actuación contra las avenidas del Júcar.

El presidente del Consorcio Medioambiental de la Ribera y alcalde de l'Alcúdia, Francesc Signes, ha criticado el retraso del Gobierno central en la construcción de las presas de Estubeny, el Marquesat y Montesa, así como del acondicionamiento previsto de un ramo del río Júcar que afecta a los términos municipales de Carcaixent, Alzira y Algemesí, entre otras obras.