La Cartuja, hecha añicos

La loza de La Cartuja está al borde de convertirse en añicos. El futuro de la compañía sevillana, una de las fábricas de cerámica más famosas de Europa, y de sus trabajadores pende de un hilo debido a problemas de gestión y a su elevada deuda, que han puesto a la empresa al borde de la quiebra. Su propietario, Álvaro Ruiz de Alda, ha anunciado a sus 132 empleados que sólo tiene liquidez para pagar sus nóminas hasta finales de mes, y los empleados han denunciado en los juzgados la gestión del empresario. La única salida parece la venta de la compañía. Sindicatos y administraciones mantienen contactos con empresas del sector para vender, y salvar, La Cartuja.

Durante cuatro meses, los trabajadores aguantaron sin salario y sin cobrar el paro, para no ser considerados despedidos

Si Charles Pickman levantara la cabeza vería roto el proyecto empresarial que sustenta desde hace más de siglo y medio una de las fábricas de loza más conocidas de Europa. Pickman, de una familia de comerciantes de Liverpool, aprovechó la desamortización de los bienes de la Iglesia dictada en España a principios del siglo XIX para adquirir en 1839 el monasterio de la Cartuja de Sevilla. Allí instaló una fábrica en la que la maestría y las materias primas venían del imperio británico y el trabajo (a bajo coste) lo ponían los aprendices andaluces. En poco tiempo, las colecciones de cerámica hechas en Sevilla con diseños británicos ganaron fama y fueron habituales como objeto de regalo entre las familias más distinguidas, amén de ocupar un espacio en el menaje de las principales casas reales. Pickman-La Cartuja, ya en manos de empresarios españoles, aguantó con dignidad hasta la segunda mitad del siglo XX, pero desde hace dos décadas bordea la desaparición, una amenaza que nunca ha estado más cerca que ahora.

El principio de la pesadilla para los 132 trabajadores empezó con una carta que les envió el propietario de la firma, Álvaro Ruiz de Alda (dueño de la firma ceramista asturiana San Claudio), el pasado 5 de febrero. En ella les informaba de que no había podido afrontar un préstamo hipotecario de 1,5 millones de euros con Patrimonio de Rumasa (empresa estatal), por lo que los terrenos de la fábrica y las instalaciones (en el municipio sevillano de Salteras desde 1970) habían pasado a titularidad de la empresa pública. Ruiz de Alda aseguraba también que Patrimonio de Rumasa debía hacerse cargo de "los contratos de trabajo de todo el personal". Pero los empleados, cuando se dirigieron a la Seguridad Social, comprobaron que les habían dado de baja.

La Delegación del Gobierno central en Andalucía sostuvo ante los trabajadores que la cesión de esos bienes por la ejecución de la garantía hipotecaria no suponía la transmisión de la empresa. Y les dejó claro que la patata caliente seguía siendo de Ruiz de Alda. Durante cuatro meses, los trabajadores aguantaron sin salario y sin cobrar el paro para no ser considerados despedidos. Sus protestas ante las administraciones central y autonómica dieron frutos y ambas se comprometieron a reponer los salarios perdidos. Y en junio, una sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla obligó a Ruiz de Alda a readmitir a los trabajadores por considerar su baja un despido nulo.

A pesar del respaldo judicial y de las administraciones, presionadas por el valor histórico de La Cartuja en Sevilla (su colección de archivos y cerámica fue catalogada en 1998 bien de interés cultural), la situación de la empresa se ha deteriorado. Los representantes de Ruiz de Alda anunciaron hace dos semanas que sólo tienen liquidez para pagar nóminas hasta finales de mes y agitaron el fantasma de una quiebra. En los últimos días, los sindicatos y las administraciones han redoblado los contactos con empresas del sector para realizar una operación de venta, a la que ahora Ruiz de Alda no pone pega alguna.

Operación compleja

Pero la operación es muy compleja. La empresa no ha sido capaz de reducir la deuda que heredó en 1985 (2,5 millones de euros) cuando el Gobierno regaló al grupo Invertécnica la firma tras la expropiación de Rumasa. Ni tampoco de hacer frente al préstamo hipotecario de 1,5 millones que ahora ha sido ejecutado. La Seguridad Social ha embargado una de las marcas por otra deuda y ha impugnado la otra. Es decir, Ruiz de Alda es el titular de la empresa, pero casi todo lo demás está ahora en manos del Gobierno central, que está dispuesto a facilitar la venta. Los representantes del Ejecutivo no han concretado si están dispuestos a volver a regalar La Cartuja con la esperanza de que un nuevo propietario acabe con la sucesión de pésimos proyectos empresariales (Invertécnica suspendió pagos, el empresario Enrique Tatay tuvo que afrontar acusaciones de tráfico de drogas) que, según los sindicatos, rayan lo negligente: un juez acaba de admitir una denuncia de los trabajadores para investigar si Ruiz de Alda intentó provocar el cierre de la empresa para anular las marcas y beneficiar así a otras firmas de su grupo, que hacen piezas muy similares a las de La Cartuja.