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El TSJA paraliza en dos días siete promociones urbanísticas en Marbella

La sala ampara la validez del PGOU de 1986 y trata de evitar posible perjuicio a terceros

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó en apenas dos días, entre el 9 y el 10 de octubre pasados, siete órdenes de paralización de obras de otras tantas promociones urbanísticas en Marbella cuyas licencias municipales han sido impugnadas por la Junta por no tener amparo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. Estas medidas afectan a 1.610 viviendas y un hotel de tres estrellas.

La sala fundamenta la adopción de estas medidas "cautelarísimas" en los posibles perjuicios para los compradores de las viviendas en caso de que finalmente se produjera una sentencia de anulación de las licencias impugnadas, que fueron otorgadas por el consistorio entre diciembre de 2002 y mayo de 2003 con Julián Muñoz de alcalde. Estas suspensiones vienen a confirmar el cambio de actitud de los tribunales respecto a las prácticas urbanísticas en Marbella, pues hasta ahora habitualmente se negaban a suspender cautelarmente las obras con licencia impugnada, lo que suponía el riesgo implícito de que al final del procedimiento, que en el contencioso administrativo suele prolongarse durante varios años, llegara a declarar ilegal una construcción que, al no haber sido suspendida durante el procedimiento, estuviera ya construida y en uso.

En 1995, la Junta recurrió por primera vez contra una licencia municipal de obra concedida por el Ayuntamiento de Marbella, pero hasta este año no se ha adoptado la primera medida cautelar de suspensión de obras, una vez que varias sentencias del propio TSJA han admitido que el PGOU de 1986 es el legalmente vigente en la ciudad. Desde abril, distintas instancias judiciales han dictado más de una veintena de órdenes de paralización cautelar de obras.

Urgencia

La sala entiende que "no puede predicarse la presunción de legalidad de las licencias", como suele alegar el consistorio marbellí. Las suspensiones cautelarísimas son de hecho medidas adoptadas en razones de urgencia y están tomadas sin esperar a tomar audiencia a la parte contraria, en este caso el Ayuntamiento de Marbella, para que haga sus alegaciones.

En el caso del hotel de tres estrellas paralizado en Los Altos del Rodeo, el auto sostiene que "en primer lugar, no puede predicarse la presunción de legalidad de la licencia si falta un instrumento urbanístico esencial para autorizar la edificación, cual es el plan parcial. En segundo lugar, el hecho de estar ya muy avanzada la construcción del hotel, aconseja paralizar inmediatamente el proceso edificatorio hasta que por este tribunal se oiga a la administración demandada".

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Además de este hotel, las suspensiones decretadas por el TSJA entre el 9 y el 10 de octubre afectan a seis promociones que suman un total de 1.610 viviendas. La mitad de ellas, 831 corresponden a Atalaya de Río Verde, un conjunto de tres bloques con más edificabilidad de la admitida en el PGOU, cuya licencia fue concedida por la comisión de gobierno presidida por el ex alcalde Julián Muñoz el pasado 23 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales.

Los motivos de las impugnaciones son la construcción de las promociones sobre suelos catalogados como zona verde o de equipamiento o con mayor volumen de lo contemplado en el planeamiento. Entre las obras paralizadas se encuentran la de una promoción de 224 viviendas en una parcela de Elviria donde el PGOU prevé sólo 120; y otra en San Cristóbal con 48 casas cuando se permiten 26. En el primero de estos casos el tribunal entiende "aconsejable" la suspensión inmediata de las obras porque "la existencia del estado de las obras de urbanización indican la previsible inmediata construcción de las viviendas cuestionadas".

Otro de los autos de paralización de obras afectan a una promoción de 165 viviendas en Arroyo de las Cañas donde el PGOU prevé casi la tercera parte, 61, y con invasión además de una parcela catalogada de zona verde pública.

La sala revisará el mantenimiento o no de las suspensiones una vez que dé audiencia a Junta y Ayuntamiento.

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