Justicia suspende el pago a los abogados de Cádiz por la deficiente asistencia a inmigrantes

La consejera de Justicia, Carmen Hermosín, advirtió ayer al Colegio de Abogados de Cádiz de que la Junta no pagará el turno de oficio hasta que no se solucionen las supuestas anomalías detectadas en la prestación de asistencia jurídica a los inmigrantes. "Tenemos que tener control del gasto del dinero público y hemos detectado que las cosas no funcionan bien en Algeciras", explicó Hermosín tras conocer el informe del Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, que critica la "deficiente" atención de algunos abogados a los inmigrantes.

Enrique Múgica criticó que casi medio centenar de letrados gaditanos, la mayoría del Campo de Gibraltar, preste una asistencia legal a los inmigrantes "sin la mínima garantía, eficacia, rigor y profesionalidad que la ley exige". Estas críticas ratifican la actuación de la Junta, que decidió el pasado mes de julio suspender el pago a 47 abogados de Algeciras que atendieron "irregularmente" a inmigrantes en el turno de oficio.

Según los datos analizados por la Junta, en más de un millar de expedientes del primer trimestre del año se detectaron que estos abogados presentaron recursos fuera de plazo, utilizaron legislación derogada o emplearon formularios y modelos idénticos para personas diferentes.

Estas denuncias fueron refrendadas por las críticas de Enrique Múgica, quien recomendó al Colegio de Abogados de Cádiz que "investigue y sancione" a los abogados que hayan podido cometer irregularidades.

Hermosín saludó el "exhaustivo" informe del Defensor del Pueblo. "Ha detectado, al igual que nosotros, que los informes de los letrados se hacían con plantillas y no de forma individualizada, cuando la situación en la zona con la llegada de los inmigrantes provoca que las actuaciones deban ser más rigurosas y no se hagan informes como churros", dijo Hermosín. Con todo, la consejera de Justicia garantizó que la Junta mantendrá el turno de oficio gratuito que puso en marcha en colaboración con el colegio gaditanos para que el servicio jurídico a los inmigrantes "se mantenga y estas personas no se queden sin defensa". "Pero no les vamos a pagar si los abogados no hacen su trabajo en condiciones", reiteró.

De igual manera se pronunció el diputado autonómico del PSOE por Cádiz José Luis Blanco. "Hay claros incumplimientos de los derechos humanos", denunció. En esta misma línea crítica hacia los abogados se alinearon el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, y organizaciones humanitarias como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Andalucía Acoge. Chamizo pidió que "se sancione a los letrados que cometieron irregularidades".

El presidente de Derechos Humanos, Rafael Lara, respaldó el informe de Múgica y demandó que se abra una investigación que depure estas irregularidades. También el secretario general de Andalucía Acoge, Francisco Ramos, exigió "mayor control" en este servicio.

En clara disonancia con estas manifestaciones, la presidenta del PP andaluz y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, obvió que la Junta suspendió el pago a los abogados cuando afirmó que la consejera de Justicia "debió hacer actuado si conocía el informe del Defensor del Pueblo español". En otra contradicción, Martínez valoró las críticas de Mújica e instó al Colegio de Abogados a atender estas recomendaciones para "velar porque el trato a los inmigrantes sea el correcto", cuando hace dos meses criticó la actuación de la Junta al denunciar esta misma situación. Incluso respaldó las declaraciones del diputado nacional del PP por Cádiz Jorge Ramos, quien acusó a la Junta de actuar de "manera cicatera" por criticar a los letrados.

El Colegio de Abogados de Cádiz declinó ayer valorar el informe de Múgica y la suspensión de pagos de la Junta pese a los reiterados intentos de EL PAÍS.