Los jueces avalan que Tamayo quedase fuera de la comisión de investigación
El tribunal señala que fue una decisión política
La Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia no ha admitido a trámite el recurso presentado por el diputado tránsfuga Eduardo Tamayo contra la decisión que adoptó la mesa de la Asamblea de Madrid de excluirle de la comisión de investigación creada para analizar si tras su fuga del grupo socialista había una trama de corrupción urbanística. Los jueces consideran en un auto que ayer conoció la Mesa de la Asamblea que la decisión de la mesa del Parlamento madrileño fue política y no administrativa, por lo que no cabe recurso por esta vía y decide inadmitir el planteado por Tamayo.
La participación de Tamayo en la comisión de investigación desató una fuerte controversia entre los grupos de la izquierda y el Partido Popular. Hasta el punto de que la presidenta del Parlamento regional, Concepción Dancausa, del PP, tuvo que pedir informes jurídicos a los letrados de la Asamblea de Madrid para orientarse y poder orientar a los grupos parlamentarios en la toma de decisiones sobre aquel asunto.
La izquierda regional mantuvo desde el principio que Tamayo no podía estar dentro de una comisión de investigación que, entre otras funciones, tenía que estudiar si este diputado tránsfuga había sido comprado por algún empresario de la construcción a cambio de impedir con su ausencia el triunfo de la izquierda regional.
El voto de Tamayo desempataba en el pleno de la Asamblea de Madrid (el PP obtuvo 55 escaños; el PSOE, 47, e IU, 9). Otra diputada socialista, María Teresa Sáez, se unió a Tamayo en la espantada.
La salida de Tamayo del grupo socialista le llevó a encabezar el grupo parlamentario mixto, que goza de una serie de privilegios, entre los que se encuentra su presencia en todas las comisiones de la Asamblea de Madrid. Una de esas comisiones era la de investigación, que se creó y que trabajó durante los meses de julio y agosto.
Tamayo reivindicó su derecho a participar en las sesiones de esa comisión de investigación como portavoz del grupo parlamentario mixto. Pero al final sólo pudo estar presente el día de su propia comparecencia para contestar a las preguntas que le formularon los parlamentarios del resto de los grupos.
Tamayo optó por presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Casi dos meses después de que quedara cerrada la comisión de investigación sin la participación de Tamayo, los jueces han avalado ahora la legalidad de la decisión adoptada por los miembros de la Mesa de la Asamblea con los votos a favor de PSOE, IU y PP.
El auto de un folio y medio fue analizado ayer por la Mesa de la Asamblea, que tomó conocimiento del mismo y aprobó su publicación en el Boletín Oficial hoy mismo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumentó en su escrito que, en función de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, solamente son susceptibles de ser revisados por esa jurisdicción los actos económicos o en materia de personal, pero no los actos derivados de las relaciones de las cámaras con sus miembros, que tienen la consideración de actos parlamentarios y no administrativos.
Los jueces mantienen que al tratarse de actos parlamentarios, los mismos no son revisables en vía contencioso-administrativa. Tamayo sólo podría tener alguna posibilidad de éxito en su queja si plantease el recurso ante el Tribunal Constitucional, según los expertos.
Arbitrariedad
Los informes de los letrados del Parlamento madrileño sobre la participación de Tamayo en la comisión de investigación establecían que, con la decisión de excluir a Tamayo y Sáez, se evitaría "la arbitrariedad de los poderes públicos". Entendían los letrados que podría ser arbitrario permitir que participaran en la comisión de investigación diputados que, como en el caso de Tamayo, pudieran estar directamente afectados por la propia investigación.
Además, el informe jurídico sostenía que Tamayo y Sáez no debían participar en el pleno en que fueran votadas las conclusiones de la comisión de investigación. Sin embargo, el PP permitió a ambos tránsfugas votar en el pleno al considerar que no se les podía excluir, lo que desencadenó una gran trifulca de los diputados del PSOE e IU contra los populares. Los votos de Tamayo y Sáez en contra de cualquier conclusión de la comisión de investigación tiraron por tierra este trabajo parlamentario.
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