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Reportaje:ELECCIONES EN MADRID

La sanidad pública, en reanimación

Pacientes y trabajadores se quejan por la saturación de las urgencias y las largas listas de espera

Oriol Güell

Gratuita y universal, pero incómoda y lenta a la hora de atender las necesidades médicas no urgentes de los ciudadanos. Así es como ven a la sanidad pública una mayoría de sus pacientes y trabajadores. Los enfermos ingresados en un hospital suelen quejarse de que tienen que compartir habitación con otros; de que no funciona el aire acondicionado en verano; de que la comida es mala y llega fría; de que no hay baño en la habitación. Los enfermos, sin embargo, soportan con paciencia estos inconvenientes, compensados por la asistencia médica recibida (en muy pocos casos se critica) y los atentos cuidados de los entregados trabajadores.

Lo que más quejas suscita es el lento, dificultoso y muchas veces tardío acceso a la asistencia médica hospitalaria. Hay tres formas de acceder a la asistencia médica en los hospitales de la región y todas ellas contribuyen a devaluar la imagen que los ciudadanos tienen de la sanidad pública.

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LOS PARTIDOS RESPONDEN

La primera es a través del servicio de urgencias, frecuentemente colapsado; la segunda es mediante un acto médico (intervención quirúrgica, consulta con el especialista o prueba diagnósti-ca) programado, sometido a largas listas de espera. La tercera vía es la que sufren los pacientes crónicos, como los que deben someterse a diálisis, con viajes a los hospitales cada dos días en ambulancias que acumulan quejas por sus retrasos y mal funcionamiento.

"Mi madre ingresó ayer [por el lunes] a las tres de la tarde con un derrame cerebral. Han pasado casi 24 horas y aquí sigue, en el pasillo de las urgencias, porque no hay camas para ingresarla", se quejaba ayer Elvira de Sousa en el hospital Doce de Octubre. A las 13.30, la mujer se coló en el servicio de urgencias para visitar a Mercedes, su madre. Las enfermeras la echaron, amablemente, unos instantes después. "Hay 31 pacientes de más en las urgencias y si a todos les visitaran sus familiares, aquí no se podría trabajar", se justificaron las trabajadoras del servicio.

La historia de las urgencias colapsadas se repite casi todas las semanas en alguno de los grandes hospitales públicos de la región, como el Gregorio Marañón, La Paz, el Clínico o el Ramón y Cajal. Siempre hay alguna razón para explicar el colapso, ya sea un fenómeno natural -el polen en primavera, la gripe en invierno, el calor en verano...- o la propia organización de la sanidad pública -el hospital Doce de Octubre, por ejemplo, tiene unas urgencias pequeñas que serán ampliadas el próximo año, mientras el Gregorio Marañón y La Paz atienden a una población que supera las 600.000 personas...

María Luisa Rodríguez Ors vive en Ciempozuelos y es madre de un niño de nueve años que sufre de alergia "a todas las frutas y frutos secos y a algunas hortalizas como la lechuga o los pepinos". Hace casi un año, en noviembre de 2002, pidió hora al especialista. Aún le faltan casi otros ocho meses, hasta mayo de 2004, para que puedan atenderle los alergólogos. "Es un año y medio en lista de espera. Me parece una auténtica barbaridad", denuncia.

Como el hijo de María Luisa, más de de 457.000 personas estaban en julio a la espera de ser atendidos en algún hospital público de la región. De ellas, 56.177 aguardaban turno para poder entrar en el quirófano, otras 97.800 para ser sometidos a una prueba diagnóstica y 304.000 ansiaban que llegara la hora para ser atendidas por el especialista.

"Son unas cifras descomunales. No hay que olvidar que detrás de estos fríos números hay personas que sufren, familias preocupadas, dolores que no dan respiro... No se puede hacer esperar meses a una persona para confirmar o descartar un cáncer. Eso es un suplicio y la Consejería de Sanidad parece que muchas veces no se da cuenta de ello", afirma Carmen Carnero, delegada sindical de Satse en el Doce de Octubre.

La tercera forma de acceder al tratamiento hospitalario es la utilizada por los enfermos crónicos, como los que reciben diálisis u otros tratamientos. Éstos deben acudir con regularidad a los centros sanitarios y para ello usan el servicio de transporte sanitario del Imsalud.

Manuela Leira, jerezana de 52 años que vive en Aranjuez desde 2001, acude al Doce de Octubre todos los lunes, miércoles y viernes para someterse a diálisis. "Viajamos en tartanas que nos hacen perder todo el día", se queja la mujer, tumbada en la camilla en la que es dializada.

Leira debería llegar al Doce de Octubre a las nueve de la mañana, por lo que antes de las ocho está lista para que la recoja la ambulancia. Pero a partir de ahí, los retrasos se acumulan: los 50 kilómetros hasta Madrid, el colapso en las carreteras, el retraso casi diario de la ambulancia...

"Lo peor es el regreso, con el malestar que te queda tras la diálisis. Nos hacen esperar una o dos horas, y luego tenemos que hacer la ruta por todos los pueblos. Total, que no llego a casa hasta la tarde y ya se me ha ido todo el día", se lamenta la mujer con evidente amargura.

La unificación del servicio de ambulancias de toda la región y su concesión a una Unión Temporal de Empresas (UTE) ha sido una de las decisiones más controvertidas tomadas por los gestores de la sanidad pública. El servicio ofrecido por la UTE fue criticado por los usuarios desde el primer momento. El contrato entre Sanidad y la UTE termina el próximo 31 de diciembre y todavía no se conoce qué ocurrirá después. "Espero que alguien ponga arreglo a esto, porque hay días en que se te cae el alma a los pies", afirma Leira.

La extensa red de ambulatorios, centros de salud y consultorios locales, en total más de 350 centros sanitarios, constituye la red de asistencia primaria, la más cercana al ciudadano y uno de los pilares básicos de la sanidad pública.

Tampoco en este escalafón, sin embargo, escapa la red pública a las críticas, en este caso aireadas por uno de sus pilares: los médicos de familia. El pasado día 10, una mayoría de ellos secundó una serie de paros de 10 minutos, durante los cuales se concentraron frente a sus centros de trabajo. La protesta, convocada por la Plataforma Diez Minutos (formada por asociaciones científicas, de pacientes y sindicatos) reclamó más recursos para los médicos de familia y la reducción del número de pacientes asignados a cada médico.

"El objetivo es que cada médico pueda dedicar al menos 10 minutos de promedio para oír y atender a cada paciente, algo que ahora no es posible en la inmensa mayoría de centros de salud. Con más tiempo aumenta el cuidado y la atención que reciben los pacientes, es posible mejorar el seguimiento de sus patologías y con ello se reducen las derivaciones a los especialistas y el número de recetas médicas que en ocasiones sirven para suplir la falta de tiempo", afirma Pedro Cañones, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Cinco meses de conflicto sindical

Los empleados de la sanidad pública llegan a las elecciones del 26-O con un panorama laboral mucho más despejado que en la anterior convocatoria, celebrada en mayo. En los cinco meses transcurridos, sindicatos y Consejería de Sanidad han acordado un extenso paquete de medidas entre las que destaca la jornada laboral de 35 horas en los centros del antiguo Insalud, que el Gobierno regional gestiona desde el 1 de enero de 2002. La medida afecta a 50.000 trabajadores.

Los médicos, por su parte, han arrancado del Gobierno regional un compromiso histórico: el fin de la exclusividad que la sanidad pública exigía a 9.000 médicos y que les impedía compaginar su trabajo con el sector privado.

Para alcanzar estos acuerdos, sin embargo, Sanidad ha tenido que soportar una sucesión de huelgas que han marcado el calendario sanitario entre los dos comicios.

La primera de ellas la convocaron los técnicos superiores de los hospitales (los profesionales que llevan a cabo los análisis clínicos o pruebas diagnósticas como las radiografías o las ecografías). El paro empezó el mismo día en que la fuga de dos diputados socialistas en la Asamblea, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, marcó el inicio de la crisis política que concluye con nuevas elecciones. Tras tres semanas de seguimiento masivo, superior al 80% todos los días, los técnicos arrancaron del Imsalud un compromiso que satisfacía buena parte de sus demandas.

Cerrada esta protesta, a la sanidad pública se le abrió otra, protagonizada ahora por los tres sindicatos profesionales que representan a los colectivos más importantes de la sanidad pública: médicos (CESM), enfermeros (SATSE) y auxiliares de enfermería (SAE).

El seguimiento fue mucho menos masivo (entre el 10% y el 75%, según las diversas fuentes), pero fue presentado por los sindicatos como la primera batalla de lo que iba a ser un "otoño caliente".

Tras las vacaciones, CESM y SAE convocaron otros seis días de huelga para el 9 y 10 de octubre y 20, 21, 27 y 28 de noviembre. SATSE, pese a mostrar su "profundo malestar" por la gestión de los responsables de Sanidad, no se sumó a la protesta.

Tras la firma de las 35 horas y el fin de la exclusividad de los médicos, CESM se descolgó de las protestas, satisfecho con los acuerdos logrados con sanidad. Sólo los auxiliares de enfermería llegan a estos comicios en conflicto con los responsables de Sanidad. Los pasados días 9 y 10 llevaron a cabo sus dos primeras jornadas de huelga, con un seguimiento del 70%, según SAE, y del 20%, según Sanidad.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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