Audiencia escasa

La precariedad de medios de la justicia, propia de su no superada condición histórica de pariente pobre de los Presupuestos Generales del Estado, no exceptúa siquiera a la Audiencia Nacional, un tribunal que por los asuntos que trata y por su competencia en todo el territorio nacional juega poco menos que el papel de buque insignia del sistema judicial español. El informe que acaba de elaborar la Inspección del Consejo del Poder Judicial muestra una preocupante desproporción entre sus medios, tanto materiales como personales, y las tareas jurisdiccionales que tiene encomendadas.

Es incompresible que, a estas alturas, un tribunal que tramita causas penales de tanta trascendencia pública como las relativas al terrorismo, al narcotráfico y a la delincuencia económico-financiera, carezca de conexión informática con el Registro Central de Penados y Rebeldes, al que todavía se siguen solicitando por correo ordinario los antecedentes penales de los acusados, con el consiguiente retraso de los procedimientos. No hace falta ningún Pacto de Estado sobre la Justicia para que el Gobierno, responsable directo de la situación, ponga remedio cuanto antes a este anacronismo. Como depende de él acabar con otras carencias, como la insuficiencia de peritos y de intérpretes de idiomas, en particular del euskera, y la escasez de personal adscrito a las distintas fiscalías que operan en su ámbito, sobre todo la Fiscalía Anticorrupción. El informe del Servicio de Inspección atribuye a esta causa el retraso de no pocos procesos por terrorismo y por delitos económicos, que deberían tramitarse con la mayor rapidez por encontrarse los acusados, en la mayoría de los casos, en prisión preventiva. El ministro Michavila debería tomar nota, en lugar de ponerse al frente de la indignación pública, cuando, en ocasiones, salen en libertad presos que han agotado el tiempo máximo de prisión preventiva.

La Audiencia Nacional se ha ido consolidando como un tribunal imprescindible para hacer frente no sólo al terrorismo, sino a las nuevas formas de delincuencia organizada, con ramificaciones, en muchos casos globalizadas, allende las fronteras nacionales. Y aunque ha vivido episodios nada edificantes, como el plante en 1997 de los llamados fiscales rebeldes o indomables, con el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional a la cabeza, puede decirse que ha estado a la altura de las circunstancias, por más que, como el resto de la justicia, sufra los efectos de políticas presupuestarias mezquinas.