La Junta niega que haya autorizado en Marbella obras dentro del PGOU que denegó a Gil en 1998

El equipo de gobierno de Marbella intenta que promotores y constructores intercedan ante la Junta para que llegue a algún acuerdo sobre planes urbanísticos con el Ayuntamiento. La pasada semana le planteó esta cuestión a una veintena de empresarios, en un almuerzo organizado por Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo del ex alcalde Jesús Gil y asesor de los actuales regidores.

El tercer teniente de alcalde, Carlos Fernández, confirmó esta reunión y añadió que "hay miles de viviendas en Marbella a las que no podemos dar licencia de primera ocupación porque no se ajustan al plan de ordenación urbana (PGOU) de 1986 [el único que reconocen la Junta y los tribunales] y no queremos hacer nada ilegal; pero la Junta, que dio certificados para construir en la parte aprobada del PGOU de 1998, no quiere llegar a ningún acuerdo con nosotros".

El plan que Gil presentó en 1998 a la Comisión Provincial de Urbanismo fue denegado íntegramente hasta que el Ayuntamiento presentara un texto refundido. Una parte de ese plan fue considerada aprobable: De los 18 millones de metros cuadrados de terreno forestal que Gil quería declarar urbanizable, la Comisión se mostró dispuesta a aceptar 7 millones, pero tipificó el resto como de "alto valor ecológico".

"La Junta nunca autorizó, ni certificó obras en Marbella dentro del plan de ordenación urbana que denegó a Jesús Gil en 1998; porque además no existe ningún plan del 98", afirmó ayer el delegado de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano. El delegado admitió que, tras la denegación del plan "se hicieron cuatro notificaciones sobre el estado de unos suelos, pero no se autorizó obra alguna". Estas cuatro cartas las firmó Carlos Morales, que fue delegado de Obras Públicas hasta 2000. Su sustituto, Enrique Salvo, hizo otra notificación a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Carlos Fernández añade a su argumentación contra la Junta que "el suelo del PGOU de 1986 está más que agotado" y que si siguen dando licencias "sólo de acuerdo a este plan, la construcción en Marbella acabará parándose". Este argumento lo repite Jesús Gil, a título personal: "Esto se hunde, nadie lo va a aguantar; ahora mismo hay 160 licencias paradas y 50.000 trabajadores con su empleo amenazado. Por los impuestos entran unos 6 millones de euros al mes, pero los gastos son casi el doble". Enrique Salvo subraya que "ni trabajadores ni empresarios se van a quedar parados, porque las estadísticas demuestran que cuando bajan las viviendas visadas en Marbella suben en Manilva y en Mijas.

La portavoz del PP en Marbella, Ángeles Muñoz, recuerda que "el 30 de julio, por unanimidad, el pleno aprobó hacer un nuevo PGOU, y hasta entonces nada debería hacerse sin el visto bueno de la Junta". Ruiz Povedano reprocha al gobierno municipal de Marbella "que no haya iniciado la revisión del plan".