La necesidad de ordenar las cuentas de Babcock obliga a retrasar su venta a ATB

La venta de Babcock Borsig España (BBE) a la austriaca ATB no se cerrará en un consejo de administración el próximo día 15 para poder sanear antes de la operación las cuentas de la firma española. La alemana Babcock Borsig Power (BBP), matriz de la firma española, ha pedido a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que aporte dinero para que la venta se cierre sin que los fondos propios superen a las perdidas, situación que, de mantenerse, obligaría a declarar la quiebra de la sociedad.

La venta a ATB se presenta casi como la única posibilidad viable, según recalcan fuentes próximas a la operación. Más allá sólo quedaría la declaración de la suspensión de pagos y la posterior venta. Ahora todas las partes están jugando con los tiempos. La SEPI pretende garantizar una estabilidad al comprador. El grupo austriaco se mantiene en silencio y a la espera, mientras ya está negociando con la SEPI la fórmula de subrogar el contrato de privatización que hace dos años firmaron la alemana Borsig y la sociedad pública. Los sindicatos mantiene la presión, aunque en un tono menor.

Mientras el comité de empresa se ha apuntado a la judicialización del conflicto para reclamar la entrada de la SEPI en la empresa, las centrales saben que esta postura es temporal. CCOO, la segunda central de la compañía, ya se ha desvinculado de esta propuesta y se decanta por una negociación con garantías. UGT, el primer sindicato, mantiene su dura postura, aunque la fimeza ya no es la misma que hace tres días. De hecho, fuentes sindicales apuntan a una paulatina evolución de las posiciones hacia una exigencia de garantías a la SEPI.

De hecho, ésta ya ha expresado que garantizará el empleo durante cinco años, como si la privatización se produjese hoy mismo. Además, pretende que ATB pacte con los trabajadores un sistema de prejubilaciones similar al que se cerró en el momento de la privatización. Ambas garantías son las que están llevando a los sindicatos a variar paulatinamente su postura oficial.

La semana pasada, BBP exigió a la SEPI que cumpliese las obligaciones derivadas de la privatización, en otras palabras, que ingresase fondos. La entidad pública respondió que no podía hacerlo, ya que la propia Borsig había anunciado que dejaba de cumplir las suyas dada la suspensión de pagos (con un pasivo de unos 800 millones de euros) que estaba atravesando. Sin embargo, este cruce de declaraciones puede tener como base, según fuentes que participan en el proceso, que la SEPI aporte parte del dinero comprometido en la privatización para paliar las pérdidas y no caer en una situación quiebra técnica antes de la venta al grupo ATB. Aunque se desconoce la actual situación de la empresa, los fondos propios parece que son inferiores a las pérdidas.

Esta situación resulta recurrente en la larga privatización de Babcock y en diferentes ocasiones la SEPI ha debido aportar dinero. De hecho, este tipo de aportaciones fueron investigadas por la Unión Europea para ver si eran ayudas de Estado y solamente la aceptación de la privatización pudo cerrar el expediente abierto. Ahora el caso sería diferente, ya que las ayudas se enmarcarían en los fondos que están autorizados por Bruselas para impulsar la privatización.

Mientras, ATB se mantiene en un prudente silencio público y negocia con la SEPI. El grupo austriaco se hará con la empresa radicada en Sestao por el precio simbólico de un euro, pero propone un plan de inversiones a cinco años de 75 millones de euros, a los que habría que sumar la partida de 104 millones que, según la SEPI, está autorizada por Bruselas para impulsar la industria vizcaína. ATB garantiza la transferencia de tecnología hasta que la planta de Sestao genere producto propio y aportará además carga de trabajo hasta que sea capaz de generar sus pedidos. ATB prevé una reducción de plantilla cifrada en 240 personas.

El proceso de privatización se cerró hace dos años y en él quedaron 1.274,15 millones de euros de dinero público (incluidas la pérdidas de los últimos cinco años) y se salvaron 673 trabajadores.