Garzón envía a prisión a 20 de los 29 detenidos en la operación contra ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó ayer prisión incondicional para 20 de los 29 detenidos el pasado miércoles por su presunta relación con el aparato de captación e infraestructura de ETA, dos de los cuales elaboraron y trasmitieron informaciones sobre un agente de la Ertzaintza. El juez dejó en libertad al sindicalista de LAB Agustín Gorbea, al detenido en Aragón Egoitz Martioda, a Naiara Landazabal y a Eneko Sorzabal, y decretó libertad bajo fianza de 15.000 euros para las hermanas Aranzazu, Miren y Carmen Etxebeste, y para Joseba y Eneko Compains, dos de los trillizos de Pamplona detenidos anteriormente en dos ocasiones por actos de kale borroka.

Garzón considera que los veinte detenidos para los que ha ordenado el ingreso en prisión podrían haber cometido sendos delitos de integración en organización terrorista, y, además, señala que Carlos Moisés Martín, detenido en Usurbil (Guipúzcoa) podría haber incurrido en tres delitos de terrorismo por su presunta participación en el talde Erezuma. El juez estima también probado que dos de los detenidos en Zaldibia (Guipúzcoa), Itsaso Garmendia y Bittor Imanol García Díaz, elaboraron y transmitieron información sobre objetivos terroristas y en concreto sobre el ertzaina Antonio Aizpurua Zabala.

En el auto, notificado ayer, Garzón ordena además la búsqueda y captura internacional de Alain Berasategi, cuyo paradero se desconoce, y que, según los documentos intervenidos al ex dirigente etarra Ibón Fernández de Iradi, Susper, habría dado una respuesta afirmativa para su integración en ETA a los responsables de captación. Estos documentos han facilitado la detención de todas estas personas, integrados supuestamente en el aparato de captación de la banda -conocido como arrantza- o en el aparato de información. Ambos se encuentran bajo el control de la dirección del aparato militar de la organización terrorista.

Respecto a Carlos Moisés Martín, el juez determina que participó, al menos, en el ametrallamiento de la Comandancia de la Guardia Civil en San Sebastián y en la colocación de una bomba en los juzgados de Tolosa y Azpeitia en 1996.