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Reportaje:

Vidas precarias

Patricia Ortega Dolz

A Paloma Caballero, que por prudencia prefiere dar ese nombre al suyo propio, no le han ido demasiado bien las cosas últimamente. Esta vasca de 36 años, licenciada en Filología Inglesa, se fue a Madrid hace cuatro en busca de mejores oportunidades. Algo que no ha encontrado hasta el día de hoy, al menos, en el ámbito profesional. En estos años ha tenido casi una decena de empleos con contratos diferentes. "Creo que he probado todos los tipos de subempleo que pueden existir", dice.

Desde su llegada a Madrid, Paloma ha ido rotando de empresa en empresa: de profesora a secretaria o administrativa, de secretaria a limpiadora... sin conseguir un empleo estable. Ahora está en el paro y se ve obligada a trabajar unas horas de asistenta para completar su seguro de desempleo y llegar a fin de mes.

El 31% de los asalaria-dos españoles tiene contratos temporales, frente al 13% de los países europeos, según los últimos datos de Eurostat
Los empresarios entienden que los contratos temporales juegan un papel de flexibilidad que permite a las empresas adaptarse a los cambios del mercado
Los sindicatos creen que hay un uso abusivo de la temporalidad y que se utilizan esos contratos como forma de entrada en empresas
La oposición insiste en fortalecer la inspección, favorecer los contratos indefinidos frente a los temporales, regular la subcontratación y revisar el salario mínimo
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Las indemnizaciones por despido marcaron en 2002 el récord de la última década

Paloma Caballero es una de esas miles de personas de las que hablan las encuestas sobre precariedad laboral en España, bajos salarios y deficientes condiciones para los trabajadores de este país en relación con el resto de Europa.

Según los datos de la última Encuesta sobre Fuerza de Trabajo elaborada por Eurostat, la oficina de estadísticas europea, el 31% de los asalariados españoles tienen contratos temporales, frente al 13% del resto de los países de la unión, y el 50% de dichos empleos temporales corresponden a jóvenes menores de 30 años.

"Hay una inmensa rotación y precariedad" en España, decía el texto. "La temporalidad representa un trastorno para los asalariados y sus familias. Además significa una pérdida de capital humano para la empresa", apostillaba en una entrevista concedida a EL PAÍS el español Raymond Torres, uno de los principales responsables del citado informe.

Para Carlos Martín, responsable del departamento de relaciones laborales de CC OO, las razones de este fenómeno y sus consecuencias están claras: "El contrato temporal, además de abaratar costes, garantiza trabajadores más dóciles y más adaptables. Pero también personas que no pueden comprarse una casa porque no les dan un crédito, que no pueden tener hijos porque no sienten suficiente estabilidad, que no participan en la formación porque la empresa no invierte en ellos ..." .

Como Paloma, que tampoco tiene hijos. No porque no quiera, sino porque su situación de constante inestabilidad no se lo permite. "Me lo planteé por la edad, pero si no tienes un trabajo...", dice pensativa. "Y si lo tienes, un hijo se convierte en un handicap. A este paso, cuando tenga todos los requisitos (un trabajo estable, un hogar, un buen padre...) se me habrá pasado el reloj biológico", comenta.

En un reciente estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Complutense de Madrid se revelaba que las mujeres con trabajo temporal tienen menos hijos que las paradas o las amas de casa, con una media de 0,65 por mujer asalariada.

Paloma, que empezó trabajando con contratos encadenados de tres meses en academias de inglés por un sueldo de unos 600 euros ("mitad negro, mitad limpio"), siguió como secretaria (por 30 euros más) y ha terminado de asistenta en el paro, busca empleo en una empresa de trabajo temporal (ETT) y le han ofrecido un puesto de intérprete, que ha rechazado porque era sólo de un mes.

Son cifras de la precariedad laboral en España y las consecuentes características de una vida precaria e inestable, basada en la temporalidad, la rotación laboral, el encadenamiento de contratos temporales, la subcontratación y los bajos salarios.

Como la de Gimena Camino, de 29 años y madre de dos hijas, que, después de múltiples contratos temporales en toda clase de empresas, trabaja desde hace seis años para una ETT de telemarketing. Una que se denomina eufemísticamente "empresa de servicios" (porque no están reguladas) , y que, a su vez, está subcontratada por otra ETT y que se ha cambiado varias veces de nombre.

El año pasado consiguió, tras seis años en esa empresa, su primer contrato fijo. Hasta entonces ella había estado allí con diferentes contratos temporales por obra, en detrimento de su antigüedad y de su sueldo (12 pagas de 742 euros netos, 123.458 pesetas, con las extras prorrateadas, o sea, incluidas en el salario del mes). Y, pese a tener ahora un contrato indefinido, pertenece al colectivo de personas con "necesidades especiales" de la Comunidad de Madrid.

"Lo que hacen las ETT es que cambian la obra o el servicio de nombre y lo sacan a concurso, de tal manera que lo gestiona otra empresa, que en realidad te contrata de nuevo, si quiere, para hacer el mismo trabajo pero sin tener en cuenta tu antigüedad y, a veces, hasta bajándote el sueldo", explica. "No hay derecho. Me da la risa cuando oigo a Aznar decir eso de que el sueldo medio de un español es de 1.200 euros. Deben de hacer la media con el de un futbolista y el mío".

La temporalidad

También a Gimena se refiere la última encuesta de la Eurostat, que evidenciaba que el 65% de los españoles contratados en ETT tienen menos de 30 años, y su situación aparece íntimamente ligada a la temporalidad.

"Lo que ocurre es que el contrato temporal se utiliza como vía de entrada en las empresas", dice Carlos Martín, "pero, en realidad, se están cubriendo puestos estructurales que no responden ni a una punta de producción ni a un servicio u obra determinado, como contempla el contrato temporal. Luego se comete una ilegalidad".

Según los sindicatos, los contratos temporales tienen todas las ventajas para los empresarios y casi ninguna para la mayoría de los trabajadores porque no tienen coste de despido, y, además, el empresario entiende que el mejor incentivo para un trabajador es que tenga siempre la espada de Damocles sobre su cabeza.

Con esa presión ha vivido siempre Gimena, desde que se independizó con 18 años. Para ella, llevar su casa es todo un ejercicio de ingeniería financiera para llegar a fin de mes, como el del 55,6% de los hogares españoles, según los datos presentados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Me paso, y me he pasado, la vida trabajando para pagar. Trabajo como teleoperadora de 8 de la mañana a cuatro de la tarde y hago todas las horas extraordinarias que puedo. Después de 11 años, ¿no debería poder vivir en una casa que fuera mía, en lugar de en una vieja que se cae a cachos y con un miedo pavoroso a que me suban el alquiler? ¿No debería poder pagar el comedor del colegio de mis hijas?, ¿no debería poder llevarlas a la playa en verano para que vean el mar como sus amigas?, ¿qué culpa tienen las niñas?, ¿tengo yo la culpa por haberlas traído al mundo?", se pregunta con rabia.

Según Tony Ferrer, responsable de acción sindical de UGT, "se está produciendo una perversión de la legislación y resulta que la modalidad de contrato la está definiendo el empleador, en lugar de la causa de la actividad que se realiza. Si ésta última es permanente, el contrato debería ser indefinido y no temporal. Pero ahora hay una utilización abusiva y perversa de la contratación temporal. El PP ha fomentado la temporalidad como ventaja competitiva de las empresas, pero es competir sólo en costes, y no en calidad humana y de productos".

La flexibilidad

Sin embargo, un portavoz de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) considera que, "la contratación temporal desempeña un papel de flexibilidad que permite a las empresas adaptarse ante los flujos variables de trabajo". Y añade que la dificultad de demostrar que un despido se realiza por causas objetivas y, "sobre todo, las diferencias entre las condiciones de contratación indefinida y temporal, pueden estar en el origen de este fenómeno".

En todo caso, el hecho de que haya gente con contratos temporales ocupando puestos estructurales en empresas es perfectamente perseguible. El Instituto Nacional de Empleo (Inem) registra, uno por uno, todos los contratos laborales que se firman en España. También aquellos que se producen en fraude de ley, es decir, los que no responden a la causa -punta de producción, obra o servicio, etcétera-para la que están concebidos.

"Queda constancia del número de contratos que ha tenido cada persona, de cuánto tiempo, de qué tipo, en qué empresa, y se puede ver perfectamente cuándo ha habido un encadenamiento que refleja una actividad permanente cubierta con contratos temporales. ¿Por qué no se persigue?", se pregunta retóricamente Carlos Martín. "Pues porque no interesa, porque ese fraude no revierte en ingresos para la Administración, como las sanciones que se imponen a los empresarios por contratar mano de obra irregular, por ejemplo. Sólo supone una reconversión del contrato temporal en indefinido".

Según Carmen de Miguel, secretaria general de Empleo, "la Inspección de Trabajo está incrementado sus actuaciones en torno a este tema, dado que constituye una prioridad. Como ejemplo, si en 2001 la inspección revisó la legalidad de 76.000 contratos, en 2002 la revisión afectó a 327.000. En este último año sólo se encontraron irregularidades en el 5,7% de los contratos controlados".

Pero deben seguir quedando sin analizar casos como el del último trabajo de Paloma Caballero. Fue en una empresa de transporte de arte donde trabajaba como administrativa. Primero le hicieron un contrato de prueba de cuatro meses; luego, otro, también de prueba, de otros dos; después temporales y así hasta un año y medio, "porque no lo veían muy claro", dice que le dijeron. "Eso sí, mi disponibilidad laboral era de lunes a domingo y, además, pretendían que me llevara el móvil de vacaciones, y me negué", recuerda.

Incertidumbres

"Son las incertidumbres", dice el portavoz de la CEOE, "las que hacen que el empresario opte por la contratación temporal, porque piensa que va a estar en mejores condiciones de adaptarse a los cambios del mercado, y el contrato temporal le ofrece, hoy por hoy, muchas más certidumbres".

Para incertidumbre, la que sintió Paloma cuando regresó de vacaciones y en su mesa no había ni un solo papel, no había trabajo para ella... "Y todos mis compañeros como si no pasara nada", recuerda. Estuvo aguantando el mobbing hasta que le dieron la carta de despido ("por falta de puntualidad") y la acompañaron, literalmente, hasta la puerta de la calle. Ahora ha pasado a engrosar la tasa de paro, aunque busca activamente trabajo: "Un trabajo decente, donde se declare el dinero y, si me echan, pueda cobrar el paro".

Justamente ahora, cuando el paro registrado en el Inem en septiembre subió en más de 38.000 personas (tras siete meses de descenso), lo que supone el 8,57% de la población activa (el 11,12%, según la Encuesta de Población Activa). Eso significa que el número real de desempleados se sitúa entre 1.607.847 y 2.085.000. Y la mayoría de los contratos (más del 90%) registrados en el Inem siguen siendo temporales, según los datos de los sindicatos.

Contratos como los de las ofertas que esta semana podían leerse en los periódicos: salarios de 702 euros con las pagas prorrateadas por ser auxiliar administrativo a tiempo completo, "con un contrato temporal por cuatro meses y luego una prórroga, y luego ya, a lo mejor, un contrato indefinido", según informaba la telefonista de la empresa anunciante.

O un sueldo de 360 euros por dedicar cuatro horas diarias a ser azafata en un stand de productos con un contrato por obra, aunque de entrada te aseguran que "la actividad dura todo el año".

O contratos de mensajeros con moto propia que van a comisión porque "se cobra por una serie de conceptos", con horarios libres y contrato temporal de tres meses: "Estamos estudiando la posibilidad de dar un sueldo fijo, pero puedes ganar entre 800 y 1.500 euros", asegura la telefonista. "Además te damos de alta en la Seguridad Social y cotizas el sueldo íntegro, no sólo una parte como hacen en otras empresas", explica. Ésa parece ser la realidad del empleo en España.

La misma dura realidad que se encontró Pablo Jurado, de 22 años, que en su último año de Comunicación Audiovisual trata de realizar su inmersión en el mercado laboral: "Hasta hace dos semanas, afortunadamente, no he necesitado trabajar, y es cuando me he dado cuenta de que sólo se puede trabajar de comercial, camarero o teleoperador, y de que no hay trabajo estable en ningún sitio", dice.

"La semana pasada creí encontrar una gran oportunidad", prosigue. "Leí: 'Empresa de publicidad y marketing necesita gente joven, con o sin experiencia, para diferentes puestos. 300 euros semanales de media'. Pensé que me vendría bien. Pero cuando fui a hacer la entrevista me dijeron que tendría que estar tres o cuatro días haciendo de comercial para ver la venta directa al cliente (sin especificarme qué iba a vender). Acepté. A la mañana siguiente me presentaron a la persona que me acompañaría. Cogimos el metro hacia Carabanchel, y, allí, empecé a enterarme de que el trabajo era de comercial puro y duro".

El contrato que le ofrecían a Pablo era mercantil -de autónomo, que implica pagarse él mismo la Seguridad Social y no tener derecho a paro-. Además, sólo a comisión, sin un salario mínimo fijo. Y lo que tenía que hacer era básicamente vender a pequeñas empresas contratos de otra empresa de telefonía, para que se cambiasen y se ahorrasen un dinero. Pablo se despidió antes de empezar y ahora va a intentarlo en la hostelería.

Subcontratación

Y llegamos a otra de las palabras más mencionadas cuando se habla de precariedad laboral: "subcontratación, ya sea mediante otras empresas o mediante personas autónomas.

Según Carmen de Miguel, "la externalización de funciones es un fenómeno generalizado ya en las economías actuales y ello trae como consecuencia la extensión creciente de pequeñas empresas y trabajadores autónomos".

Los sindicatos opinan que este sistema se ha generalizado y produce un alejamiento del trabajador y el empresario. Aparecen empresas pantalla que ocultan a la empresa madre y evitan los vínculos y los compromisos directos con los trabajadores. "Además, la mayoría de las veces, estos pasan a estar sujetos a otros convenios menos garantistas que el de la empresa madre y así se profundiza en la precariedad", dice Carlos Martín, de CC OO. "La subcontratación ha mercantilizado las relaciones laborales", añade Tony Ferrer.

La visión de los empresarios es casi la contraria. "A medida que los mercados son más abiertos", argumenta un portavoz de la CEOE, "hay más incertidumbres derivadas de la competencia, y las empresas se reorganizan. Pero esos cambios no implican peores condiciones, sino al contrario, ya que si permiten ser más competitivos generarán o mantendrán más empleo. La externalización es uno de estos cambios organizativos, y nadie parece estar en contra de un fenómeno que se da en todas las economías de nuestro entorno".

En el mismo sentido se pronuncia José Eugenio Azpiroz, diputado del Partido Popular y portavoz de empleo en el Congreso de los Diputados: "La subcontratación existe en todo el mundo. Cuestión diferente es que se regule, pero es necesaria para ser competitivo. Aún no lo tenemos bien encauzado. Es un mundo nuevo, en expansión".

La oposición apuesta directamente por poner en marcha medidas concretas que corrijan esta situación. Ramón Jaúregui, portavoz de empleo del partido socialista en el Congreso, asegura que "hay que poner coto al abuso exagerado de la contratación temporal, y, por tanto, procede una revisión de sus formas contractuales. Además es necesario fortalecer la inspección de los fraudes más frecuentes. Hay que insistir en una política de bonificaciones para los contrato fijos, y el PSOE va a presentar una proposición de ley reguladora de la subcontratación".

Revisar el salario mínimo

Desde Izquierda Unida, Javier Alcázar apuesta por incluir un sobrecoste a la contratación temporal. Y coincide con Jaúregui en la necesidad de regular la subcontratación y de fortalecer la Inspección. Además, introduce la idea de la revisión del salario mínimo, hoy, de 451 euros, un 24% más bajo de lo considerado digno en la Carta Social del Consejo de Europa y el más bajo de los países de nuestro entorno. "Hay que darle una dimensión real para evitar el abuso de los bajos salarios", sostiene.

Son propuestas concretas para resolver problemas concretos, visualizados a través de las vidas de Paloma, Gimena, Pablo, Luis, y otras muchas personas que prefirieron ocultar su rostro, como Miguel Noya ( 31 años), redactor 12 horas al día de una televisión local canaria, que le ha encadenado innumerables contratos, por el módico precio de 12 pagas de 751 euros, o Diana, colombiana de 34 años, que prácticamente vive en el café-bar en el que trabaja sin contrato por 480 euros al mes, o José Luis Solano (41 años, casado y con una hija), que ha soportado años de incertidumbre con contratos temporales levantándose a las tres y media de la madrugada para trabajar 12 horas de comprador, vendedor, repartidor y contable en Mercamadrid a cambio de 12 pagas de 1.020 euros mensuales, o Andrés Moreno (53 años), que lleva dos semanas de taxista en el vehículo de un amigo tras la reestructuración de su empresa que le ha dejado en la calle, declarándose arruinada, después de 20 años, o...

Luis Quijada, 10 años como becario de investigación, y Gimena Camino, teleoperadora de ETT desde hace seis.
Luis Quijada, 10 años como becario de investigación, y Gimena Camino, teleoperadora de ETT desde hace seis.R. GUTIÉRREZ

Becarios eternos

CUANDO LUIS QUIJADA terminó su carrera de Biológicas tenía 24 años. Comenzó su tesis doctoral como becario predoctoral ese mismo año (1994), y se convirtió en doctor, después de ser Premio Extraordinario, en 1997. Desde entonces hasta hoy, cuando ya tiene 35 años, se ha casado, ha tenido dos hijas, ha trabajado tres años en Alemania y ha sido becario de investigación. Uno más de los 20.000 que hay en España y que sufren una precariedad laboral de tal calibre que ni siquiera tienen tarjeta de la Seguridad Social porque las becas en España no están incluidas en el régimen general.

"Algo a lo que tienen derecho, y me parece muy bien, hasta los inmigrantes irregulares por estar empadronados, a nosotros se nos niega. Tengo cartilla de la Seguridad Social en Alemania, donde también fui becado, y en España, no", dice.

Los becarios de investigación han adquirido la máxima titulación existente en España. "No hay argumentos para sostener a un becario posdoctoral porque ya no hay más formación posible en este país", explica Quijada.

Y eso es lo que ha sucedido: se ha eternizado la figura administrativa del becario hasta cuando ya no tiene sentido que lo sea. Y ocurre porque se han roto los puentes que permitían acceder a otros puestos administrativos en la carrera científica que hoy ya no existen.

"Lo que pasa es que hace falta gente investigando en los proyectos concedidos, y, como no tienen dinero para mantener una plaza con un salario, la sustituyen por una beca".

Las becas, que económicamente consisten en 12 pagas al año de entre 1.000 y 1.500 euros, han de renovarse anualmente, no deben de ser inferiores a tres años y no dan derecho ni a paro, ni a poder cotizar para la jubilación, ni a sanidad pública -todos los becarios de investigación tienen un seguro médico privado-; ni a antigüedad laboral, ni a poder acceder a ayudas especiales del Estado, como las de los 100 euros al mes de las madres trabajadoras; ni a permisos por maternidad... porque no hay nada regulado al respecto y todo depende de cómo lo estime la entidad convocante de la beca.

"Y cuando se acaba, se acabó. No se puede pedir otra. A mí se me acaba el año que viene, o sea, mi futuro tiene un año de vida", añade.

La reivindicación, ya antigua, de los becarios de investigación, que se han manifestado en numerosas ocasiones estos últimos años, es doble. Por un lado, que se regule de una vez su situación administrativa, de forma que se les reconozcan los derechos básicos de cualquier trabajador. Por ello, y desde hace más de un año, pulula por los ministerios un llamado Estatuto del Becario que jamás ha visto la luz, pese a las reiteradas promesas de los sucesivos ministros de Ciencia y Tecnología. Y, por otro, que se invierta en I+D al menos el 1% del PIB, teniendo en cuenta que, si no, la gente o abandona la carrera o se va fuera y el país se empobrece. Además de que en 2010 la inversión ha de ser del 3%, según lo acordado en la Cumbre de Barcelona.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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