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Columna
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L.P.G.

El pasado miércoles un obrero de la construcción murió en Córdoba al caérsele un muro encima mientras trabajaba. Lo único que sabemos de él es que tenía 51 años y que sus iniciales son L.P.G. Los periodistas podían por lo menos darle la trágica gloria de poner, por primera y última vez, su nombre completo en los papeles. Así, con las iniciales solo, en vez de una víctima parece un asesino. Y no sería malo tampoco pergeñar unos breves apuntes de su vida, para que lo que se ha muerto nos parezca una persona. Con este son 41 los hombres que, sólo en Andalucía y sólo en el sector de la construcción, han muerto mientras trabajaban.

España tiene una de las mayores tasas de accidentes laborales de toda Europa. Hay diferentes causas. La más obvia, la primera que se nos viene a la cabeza, es la irresponsabilidad y la codicia de algunos empresarios del sector, que no quieren gastarse dinero en la seguridad de otros y a quienes no les importa que los obreros se caigan de los andamios: hay más. Pero la existencia de tiburones no exime de responsabilidad a las autoridades. No conozco en detalle la legislación vigente, pero estoy seguro de que el cumplimiento estricto de la ley rebajaría notablemente los accidentes. Sucede que con 144 inspectores de trabajo para toda Andalucía es muy difícil controlar la seguridad de las obras. Entre viviendas unifamiliares, reformas, hoteles y gaitas sólo en Almería debe de haber esa cifra de construcciones multiplicada por diez. Pensemos bien: la construcción, motor económico de gran potencia, es una actividad tan importante en el crecimiento económico del país que los encargados de apretar las clavijas prefieren no poner muchas trabas al desarrollo del sector, no vaya a ser que se chafe. Laissez faire.

Me consta, porque he tenido albañiles en casa, que algunos obreros pueden pecar en ocasiones de imprudencia, pero son los menos. En la mayoría de los casos los obreros desconocen la ley, muchos de ellos ni siquiera hablan bien el idioma, no saben cuáles son sus derechos, ignoran los mecanismos de denuncia y sobre todo tienen miedo a perder el empleo si se ponen gallitos. Y en este punto es donde los sindicatos tendrían mucho que hacer informando y amparando. Está bien que convoquen, como han hecho, un paro general en la construcción para el 5 de noviembre; no seré yo quien diga que está mal protestar. Pero esta huelga es un gesto para la galería. ¿Cuántos trabajadores de la construcción están, si es que se enteran de la convocatoria, en condiciones de ir a una huelga sin riesgo de perder el empleo?

Más efectivo que protestar, que aumentar la vigilancia o la dureza de las sanciones es concienciar a toda la sociedad. Si conseguimos que muertes como las de L.P.G. nos indignen tanto como los asesinatos terroristas o la violencia conyugal, lo demás vendrá por añadidura. Así que publiquemos los nombres de los empresarios condenados por incumplir normas de seguridad, hagamos películas, campañas publicitarias de impacto, y no dejemos de mencionar nunca a los muertos en accidente de trabajo cuando hablemos de los principales problemas que tiene el país.

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