Envidia

La muerte del Dr. Kelly como consecuencia del enfrentamiento entre el Gobierno británico y la BBC a raíz de la información suministrada por la cadena de televisión pública sobre las armas de destrucción masiva que habían justificado la invasión de Irak en el discurso del Gobierno Blair, ha servido, entre otras cosas, para que los ciudadanos no británicos hayamos tenido un ejemplo práctico de lo que es y debe ser una televisión pública en una sociedad democrática.

Creo que fue Maruja Torres en una de sus columnas de contraportada de EL PAÍS la primera que anunció su envidia por el funcionamiento de las instituciones británicas, y en especial de su televisión pública, expresando de esta manera un sentimiento que estoy seguro que compartimos muchos. Que una televisión pública sea capaz de soportar la presión del Gobierno y que este último no disponga de medios para torcer la línea informativa seguida por aquélla en un asunto de tanta trascendencia, es algo tan impensable en España, que no puede dejar de causar envidia.

No hay ninguna televisión pública en España que llegue al mínimo exigible en independencia del Gobierno

Y es bueno que lo reconozcamos. No para lamentarnos o flagelarnos, sino para tomar nota de la situación en la que nos encontramos y ser conscientes del camino que todavía nos queda por recorrer para convertirnos, como dice el Preámbulo de la Constitución, en una "sociedad democrática avanzada". Si la existencia de unos medios de comunicación de titularidad pública realmente independientes del Gobierno e imparciales a la hora de trasmitir información relevante para la formación de la opinión pública es una de las características de una sociedad democrática avanzada, es evidente que en España estamos muy lejos todavía de llegar a serlo. Se podría llegar incluso a decir que la afirmación del constituyente es sarcástica. En lo que a los medios de información de titularidad pública se refiere, no es que no seamos una sociedad democrática avanzada, sino que estamos todavía en una situación predemocrática.

Tanto es así que a veces pienso que lo mejor que nos podría pasar es que no existieran medios de comunicación de titularidad pública. En los comienzos de la transición se liquidaron todos los periódicos de la cadena del Movimiento y de la Organización Sindical creados durante el régimen del general Franco, dejándose en manos exclusivamente privadas los medios de información escritos. No creo que nadie eche de menos aquellos periódicos y considere que estaríamos mejor si todavía se dedicara dinero de los presupuestos generales del Estado para mantenerlos con vida.

Sé que la radio y la televisión son distintas y que la existencia de una radio-televisión pública, compitiendo con cadenas privadas, puede ser un instrumento sumamente útil en el proceso de constitución de una opinión pública libre. Así lo es en varios países europeos. Pero una radiotelevisión pública puede ser también un instrumento de manipulación y de corrupción del proceso de formación de la opinión. Y así lo es en España.

Y lo es de forma múltiple, ya que, como es sabido, radios y televisiones públicas hay varias, la estatal y las de varias comunidades autónomas, entre ellas la de Andalucía. Y ninguna de ellas, ninguna, responde en su organización a lo que debería ser en una sociedad realmente democrática, aunque no fuera todavía "avanzada".

No quiero decir con ello que todas las televisiones públicas son iguales y que es comparable la posición del Estado con la de las comunidades autónomas. El sectarismo con que opera RTVE no es alcanzado, ni de lejos, por las televisiones autonómicas. Por ninguna.

Pero no hay ninguna que llegue al mínimo exigible en independencia del Gobierno y en imparcialidad en su participación en el proceso de formación de la opinión pública. Éste es uno de los defícits más notorios de la democracia española, que apenas hemos reducido en los casi veinticinco años de vida de la Constitución.

Por eso me pareció bien la referencia que hizo el pasado viernes el presidente de la Junta de Andalucía, en el acto de presentación de las conclusiones del equipo que ha venido trabajando en la llamada segunda modernización" de Andalucía, a RTVA en general y a la creación del Consejo Audiovisual en particular.

No hay que perder de vista, sin embargo, que se trata solamente de un primer paso y de un paso pequeño. La creación de un Consejo Audiovisual es una buena idea, pero no es mucho lo que dicho Consejo puede hacer para garantizar la independencia de RTVA del Gobierno y hacer posible que cumpla la función que tiene que cumplir. La creación del Consejo únicamente será útil de verdad si después se dan otros pasos, entre los que destaca el nombramiento del director de RTVA por el Parlamento y no por el Gobierno.

Ésta es una propuesta que parece que va a figurar en el programa del PSOE para las próximas elecciones generales y, además, con el compromiso de ponerla en ejecución de manera inmediata en el caso de que consiga formar Gobierno. La idea es buena para la televisión estatal y también para las televisiones autonómicas. Por sí sola tampoco es suficiente, pero ése sí sería un paso muy importante. Mucho más importante que el Consejo.

Sería bueno que, de cara a las elecciones autonómicas, se fuera pensando en proponer algo similar. Entre otras cosas, porque no tendría mucha credibilidad que la propuesta se hiciera para el Estado, donde los sondeos indican que no existen muchas posibilidades de ganar y no para Andalucía, en donde sí parece que es probable que el PSOE revalide su mayoría. No es fácil adquirir ese compromiso en un clima tan encanallado políticamente como el que tenemos en España, pero peor es no adquirirlo.