Empresas con sede en la colonia residencial han puesto una denuncia penal por el cierre de los accesos

Empresas ubicadas en la urbanización La Florida llevan más de dos años de litigios con la comunidad de propietarios para evitar el cierre de los accesos a la urbanización con barreras. De momento, han conseguido paralizar las obras. Ahora están a la espera de que se resuelvan una demanda civil y una denuncia penal que han interpuesto contra la comunidad. También han puesto el caso en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid, de la Demarcación de Carreteras del Estado y de la Dirección General de Tráfico.

"El conflicto tiene su origen en la junta de propietarios de mayo de 2001", relata un responsable de una compañía ubicada en la calle de Gobelas, en terrenos de la urbanización y que paga las cuotas que le exige la comunidad de La Florida. "Allí se acordó por mayoría simple el establecimiento de unas normas de régimen interior por la utilización de los viales, además de la instalación de barreras en los accesos", explica. "No estábamos de acuerdo. Las calles son públicas y, además, se habían cometido irregularidades en la convocatoria de la junta y en el escrutinio. Por eso, en julio de 2001 decidimos impugnar la decisión tomada".

El juzgado les dio la razón. En enero de 2003, una sentencia declaró nulos los acuerdos tomados en esa junta. La sentencia no entra en la titularidad pública o privada de las calles. En ella se dice que los viales han de ser considerados como elementos comunes y que cualquier modificación que se realice precisa un acuerdo por unanimidad. La comunidad de propietarios presentó un recurso de apelación contra la decisión judicial que todavía no se ha resuelto.

La sorpresa llegó cuando en la junta celebrada en mayo pasado se volvió a proponer la instalación de las barreras, "a pesar de que el juzgado ya había declarado nulo el mismo acuerdo tomado dos años antes". La comunidad aseguró que no instalarían las vallas hasta que se resolviera el recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia.

Pero a mediados del pasado agosto empezaron las obras, lo que provocó la vuelta de los demandantes al juzgado y que éste ordenara bloquear las obras. Los trabajos continuaron, y el juzgado tuvo que enviar agentes judiciales para su paralización.