Condenados dos graduados sociales de Cádiz por realizar contratos fraudulentos

Los graduados sociales de la ciudad de Cádiz Antonio Caldelas Ruiz y Míriam Caldelas Monge, padre e hija, responsables de la empresa de asesoramiento y estoría Caldelas, han sido condenados a dos años de prisión y al mismo periodo de inhabilitación profesional por delitos continuados de falsedad documental y estafa. El abogado que los representa y la Fiscalía de Cádiz llegaron ayer a este acuerdo después de que el Ministerio Público pidiera seis años de prisión para ambos por elaborar contratos ficticios en diversas empresas, algunas de ellas inexistentes, para varias personas que, aunque no trabajaban, cotizaban a la Seguridad Social para tener acceso en el futuro a una pensión de jubilación superior a los 300 euros al mes.

Acuerdo

El acuerdo entre las partes evitó ayer que se celebrara el juicio previsto en la Sección Quinta de la Audiencia de Cádiz. Los condenados eludirán su ingreso en la cárcel.

Una de las personas beneficiadas por un contrato falso fue una familiar los condenados, quien figuró como trabajadora en nueve empresas distintas entre 1989 y 1997. No trabajó en ninguna de ellas, pero liquidó sus cuotas a la Seguridad Social para tener acceso a una pensión.

Otro caso de fraude es el de J.A., quien figuró como trabajador y cotizante de la empresa Anglos Naval de Industrial S.A entre 1992 y 1993, pese a que esta sociedad había cesado su actividad un año antes. Más tarde, esta persona estuvo contratada en Comercial Frigorífica de Cádiz. Por último, J.A. aparecía como trabajador y cotizante de la empresa Shipping Company entre 1995 y 1996. Esta entidad cerró en 1993. Tras este contrato ilegal, esta persona, percibió una prestación por desempleo durante unos meses al final de 1996. Según el fiscal del caso, J.A ha declarado que no tenía constancia de que las gestiones que le tramitó la gestoría fuesen ilegales.

Según informó Diario de Cádiz, los asesores llegaron a "simular la firma de los empresarios en los contratos ficticios" y libraron certificados de empresa por trabajos que no fueron realizados.

El fiscal ha solicitado al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo (Inem) datos y documentación sobre las prestaciones y pensiones pagadas a las personas que fueron contratadas ilegalmente y cobraron pensión de manera fraudulenta.

Colegio profesional

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, anunció ayer que estudiarán la condena de su asociado, aunque detalló que, contra su inhabilitación laboral, cabe recurso administrativo.

La empresa de asesoramiento integral Caldelas lleva más de 30 años prestando servicios jurídicos, laborales, contables y de asesoría fiscal desde que fue fundada por el mayor de los condenados. Habitualmente ha prestado servicios tanto a pequeñas y medianas empresas, como a particulares de las provincias de Cádiz, Sevilla, Toledo y Madrid.