Escaños y lealtades

Nada obliga, sin embargo, a que los diputados o concejales tengan que ejercer ese derecho a retener el acta -garantizado por la jurisprudencia constitucional- si rompen con el partido que les había incluido en sus listas cerradas y financiado generosamente la campaña; por ejemplo, Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño -diputados independientes por el PSOE- demostraron en 1994 con su renuncia al escaño que las motivaciones políticas, éticas o estéticas se hallan por encima de las disquisiciones legales. W. S. Gladstone -cuatro veces primer ministro del Reino Unido- afirmó en una ocasión que prefería "votar como un caballero lo que me dice mi partido que votar como un canalla lo que me dicta mi conciencia".

Resulta lógico que el transfuguismo, es decir, el abandono del partido con el acta bajo el brazo de parlamentarios o concejales elegidos en sus candidaturas, tenga mala prensa: demasiadas veces ha sido utilizado para cambiar el signo de las mayorías salidas de las urnas. Una reciente monografía de la profesora Beatriz Tomás Mallén sobre Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos (Centro de Estudios Constitucionales, 2003) analiza las notables dimensiones alcanzadas en España (y también en otros países europeos) por esa desestabilizadora costumbre: sirvan de muestra las 113 mociones de censura que prosperaron en el ámbito municipal entre 1995 y 1999. Los casos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Marbella han confirmado la conclusión según la cual esa abusiva práctica falsea la representación política surgida de las elecciones, debilita el sistema de partidos, perjudica la gobernabilidad, favorece la corrupción, deteriora la cultura democrática y resta credibilidad a la clase política.

Aunque los tránsfugas suelan esgrimir nobles argumentos ideológicos para justificar su deserción -con escaño incorporado- hacia otras zonas del espectro político, en muchas ocasiones el móvil más plausible de su conducta es el soborno puro y duro o variantes disimuladas de venalidad política como la expectativa de continuar el ejercicio remunerado de la profesión política al amparo de las siglas compradoras. La negativa de los parlamentarios o concejales a dimitir del escaño puede tener efectos letales para los vencedores de unas elecciones (así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella) o producir consecuencias marginales (es el caso del conflicto de Cristina Alberdi con el PSOE). Los tránsfugas Tamayo y Sáez bloquearon a finales de junio con la llave de sus dos escaños la investidura presidencial de Simancas y forzaron la repetición de los comicios madrileños. También durante el verano de 2003 varios concejales disidentes del Grupo Liberal Independiente (el GIL fundado por Gil) se aliaron con ediles rebeldes del PSOE y del Partido Andalucista para presentar una moción de censura contra un ex correligionario elegido alcalde de Marbella. En cambio, la negativa inicial de Cristina Alberdi -ministra con Felipe González y ex presidenta de la FSM- a devolver su escaño de diputada del Congreso, un castigo impuesto por la dirección del PSOE como represalia a sus críticas por la deficiente gestión de la crisis madrileña, tiene repercusiones sólo simbólicas: apenas faltan tres meses para el final de la legislatura y el PP dispone de una desahogada mayoría en la Cámara baja.