Los expropiados del aeropuerto de Castellón exigen más dinero

Los propietarios del suelo destinado al futuro aeropuerto de Castellón se han movilizado para reclamar un justo precio por los terrenos expropiados, cuyo precio se fijó entre 1,9 y 2,5 euros por metro cuadrado debido a su condición de rústicos. Los propietarios, sin embargo, exigen que el precio del suelo se fije conforme al uso al que se va a destinar. Es decir, como mínimo, como suelo industrial, si no terciario,puesto que las instalaciones también albergarán un hotel. Así, el coste final de las expropiaciones puede triplicarse hasta alcanzar los 30 millones de euros.

El coste de las expropiaciones de los terrenos en los que se prevé construir el futuro aeropuerto de Castellón puede triplicarse y pasar a representar un gasto público que se incrementaría de los cerca de 11 millones de euros (1.800 millones de pesetas) presupuestados inicialmente a más de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas). La Diputación de Castellón y la entonces Consejería de Obras Públicas (ahora Territorio) han sido las instituciones involucradas en el proceso de expropiación, en el que se fijó un precio entre de 1,9 y 2,5 euros por metro cuadrado como pago a un suelo rústico ubicado entre los municipios de Vilanova de Alcolea y Benlloch.

Sin embargo, los propietarios exigen que el precio del suelo se fije conforme al uso al que se va a destinar. Es decir, como mínimo, como suelo industrial, pese a que, tal como se ha reconocido, las instalaciones aeroportuarias contarán también con una zona de servicios que podría albergar, al menos, un hotel. A todo ello, se añade el hecho de que el Plan General de Ordenación Urbana de Vilanova, que se expuso públicamente al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de expropiación, marca todo el terreno como urbanizable ya que, a partir de la última ley, el suelo reduce sus calificaciones.

Ahora, los propietarios comienzan a unirse para reclamar lo que consideran un "precio justo" por sus tierras y no descartan presentar denuncias en el tribunal de lo Contencioso Administrativo hasta lograr llevar adelante sus reivindicaciones. Pese a que, en su día, hubo propietarios de terrenos afectados que dieron el visto bueno al precio de expropiación marcado oficialmente, no todos aceptaron una cantidad que ha llegado a calificarse de "ridícula" ya que se ha estimado que podrían llegar a percibir entre 12,20 y 20 euros.

La batalla que una parte de los propietarios llevaba en silencio ha sido destapada por la Unió de Llauradors que, públicamente, exigió para los titulares del suelo que son socios del colectivo, un precio justo, tras considerarse "engañados" por la Administración. Los expedientes de expropiación que podrían verse afectados por la reclamación de la Unió ascienden a ochenta. Por otra parte, se encuentran los propietarios que no aceptaron el precio inicial y que acudirán al tribunal del justiprecio convencidos, sin embargo, de que tampoco éste tasará sus tierras de acuerdo a su valor real.

Así, tras varias reuniones, un importante número de los titulares del suelo en el que ha de construirse el aeropuerto han comenzado a recibir asesoramiento de un bufete de abogados de Tarragona, desde el que ya han acumulado sentencias favorables a situaciones semejantes a la que se vive en la localidad castellonense. Así, las letradas cuentan con fallos judiciales como el de Terra Mítica, que elevó de 4,8 a 36 millones de euros el precio de una expropiación de terrenos en el entorno del parque temático de Benidorm, o el de la ampliación del aeropuerto de Reus.

Las cantidades que barajan los afectados no han sido fijadas al azar, sino que corresponden a un peritaje realizado por un arquitecto, no por un ingeniero agrícola, que realiza estas tareas por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Esta tasación sí recoge el principio de equidistribución de beneficios y cargas.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha sido el principal impulsor del proyecto de construcción del aeropuerto, con el que se pretende liberar el actual aeródromo de la capital de La Plana. Éste se encuentra en un solar de miles de metros cuadrados ubicado en primera línea de playa. Tras la polémica por el precio del suelo de Vilanova, la Diputación no se ha quedado parada. La pasada semana, el ingeniero aeronáutico contratado para el desarrollo del proyecto, Juan García Salas, acudió al pequeño municipio para "explicar" a los vecinos las características del aeropuerto y sus instalaciones. El técnico, acompañado de dos diputados provinciales del PP, insistió en que el suelo no se destinará a la construcción de un polígono industrial y una zona terciaria, sino que "se va a hacer una zona de servicios como en todos los aeropuertos y otra para usos industriales".