La utilidad de un Plan Vivienda

La Comunidad Valenciana absorbe algo más del 12% del parque de viviendas español, pese a que su población no llega al 10% del conjunto nacional. Ello significa que, comparativamente con otras CC AA, goza de mayor densidad de viviendas. Esta circunstancia viene explicada fundamentalmente por la numerosa cuantía del stock de viviendas secundarias (casi 20% del total nacional) y desocupadas (14% del parque estatal) que pueblan la geografía valenciana. Ambas tipologías de vivienda se encuentran estrechamente asociadas a la especialización turística que caracteriza hoy a la Comunidad Valenciana y muy singularmente a sus municipios costeros, donde se concentra la mayor parte del contingente de viviendas secundarias registradas. De tal modo que un apresurado vistazo al panorama de la vivienda puede inducir a interpretaciones erróneas, pues nuestra Comunidad continúa todavía encontrándose obligada a propiciar el acceso a una vivienda a los colectivos menos privilegiados económicamente.

En consecuencia, a pesar de las macrocifras tan elocuentes que perfilan el ámbito valenciano de la vivienda, la realidad es que un bien tan esencial para la ciudadanía en su conjunto no siempre resulta factible. Ante esta realidad, la intervención de los poderes públicos se convierte en una obligación ineludible que debe permitir que se cumpla con un mandato recogido en nuestra Constitución: "El derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna". Si bien es imprescindible reconocer la persistencia de dificultades para que ese derecho constitucional sea genéricamente alcanzable, sobre todo entre determinados grupos de la sociedad: jóvenes que desean emanciparse, inmigrantes o familias monoparentales.

Además, la intervención pública enfocada a facilitar el acceso a la vivienda conlleva a su vez la regulación del suelo urbano donde edificar éstas, de acuerdo al interés general. Así se limita la especulación del suelo y se garantiza el aprovechamiento por parte de la sociedad en su conjunto de las plusvalías generadas por la acción urbanística. Al mismo tiempo, la vivienda adquiere protagonismo per se dado su carácter de bien básico capaz de favorecer la cohesión social, configurando el paisaje de nuestras ciudades a partir de un uso racional del territorio. De idéntica forma la vivienda es susceptible de adaptarse progresivamente a las necesidades de los usuarios en un entorno constantemente cambiante, donde los ciudadanos se benefician de la capacidad de adaptación de un bien que genera empleo y a su vez dinamiza la economía merced a los efectos inducidos en otras actividades relacionadas con la construcción. Sin olvidar su papel de factor de inversión.

Todo lo anterior justifica ampliamente la oportunidad de la política de vivienda, que por un lado aúne distintas políticas sectoriales de orden social, económico, urbanístico, territorial y medioambiental, y por otro lado se enraíce en un prisma de sostenibilidad, de modo que nuestras ciudades mantengan las fortalezas que desde sus respectivas génesis las han hecho evolucionar hasta el día de hoy con reconocible atractivo. Dentro de la política de vivienda se encuadran los planes de vivienda, como referentes para articular las siempre complejas y estratégicas decisiones que hacen viable la modernización y el progreso de la sociedad desde la vertiente de la dotación de hogares. Pero el reto prístino de un Plan de Vivienda es lograr armonizar y equilibrar los desajustes en la dotación de viviendas que inevitablemente se producen en las ciudades, por lo que todo Plan lo que verdaderamente debe conseguir es llegar a los ciudadanos más necesitados, para lo cual es esencial el compromiso de las diferentes administraciones (local, central y autonómica) y una misma dirección en los esfuerzos presupuestarios programados.

Con objeto de alcanzar el mayor nivel de éxito en un Plan de Vivienda, conviene activar toda una batería de modalidades de actuaciones protegibles, vía ayudas a fondo perdido, bonificación en el tipo de interés aplicable a un préstamo hipotecario y ayudas a la entrada para la compra de una vivienda. Sin desatender la rehabilitación de viviendas en zonas degradadas o núcleos urbanos de interés preferente y la promoción de viviendas para alquiler.

Por otra parte, un Plan de Vivienda siempre adquiere protagonismo con independencia de la coyuntura por la que esté atravesando en ese instante el mercado de la construcción. Pues si es cierto que cuando la economía marcha a ritmos crecientes las viviendas sujetas a protección disminuyen su presencia, tal como ha acontecido en el pasado más reciente en que el montante principal de la demanda se ha dirigido hacia viviendas de renta libre, no debe olvidarse que nunca deja de existir una bolsa de solicitantes de viviendas protegidas. Bolsa que aumenta en los periodos de enfriamiento económico, adquiriendo entonces la vivienda protegida y los Planes que la regulan un simbolismo especial. En cualquier caso un Plan de Vivienda no deja de ocupar un lugar destacado en la regulación del mercado residencial, con la finalidad de ordenar el espacio ocupado por viviendas protegidas y libres, y evitar así la proliferación de barrios marginales.

Conviene subrayar que un Plan de Vivienda pretende alcanzar unos objetivos básicos que subyacen a la política de vivienda de todo gobierno escrupuloso con la realidad social. En ese sentido cualquier Plan de Vivienda procura: a) Facilitar una vivienda digna a quien más lo necesita; b) ayudar a quienes opten por la adquisición de una vivienda usada como fórmula alternativa de acceso y animar a su vez la oferta de viviendas bajo ese régimen; c) fomentar la modernización del parque de viviendas mediante actuaciones de rehabilitación, tanto de viviendas como de edificios, bien sean antiguos o que se encuentren afectados de alguna patología estructural (por ejemplo, "aluminosis"), evitando de ese modo el despoblamiento de zonas antiguas en las ciudades, al tiempo que se logra la puesta en valor del patrimonio residencial; d) incentivar la generación de suelo y las promociones en el ámbito rural, reduciendo con ello la sangría de la emigración de muchos pueblos del interior.

En definitiva, un Plan de Vivienda es capaz de aglutinar la masa crítica necesaria para acometer las iniciativas que corresponda con objeto de adaptarse a las circunstancias específicas de un territorio, dando así respuesta a las familias con menores ingresos, a las que acceden por vez primera a la propiedad de una vivienda, a las que disfrutan de una vivienda necesitada de rehabilitación, a los jóvenes y familias numerosas, a los mayores, minusválidos, inmigrantes y a los inquilinos de viviendas cuya renta familiar sea reducida. Fruto adicional de todo Plan es también conseguir un equilibrio territorial, ya que los municipios costeros han experimentado un crecimiento progresivo en las últimas décadas en detrimento de un interior que ahora se divisa como lugar de gran potencial en cuanto a sus posibilidades de dar cobijo a nuevas formas de especialización económica, tanto para actividades industriales como de servicios, sin perder su ancestral razón de ser vinculada a la explotación agraria.

Vicente M. Monfort es profesor de la Jaume I.