El PSOE exige la reforma del Estatuto Fiscal para la supervivencia del Pacto por la Justicia

La reforma del Estatuto Fiscal para liberarlo del poder del Gobierno, así como el respeto a la tarea de la Fiscalía Anticorrupción; la agilización de la administración de Justicia y una dotación económica urgente y sostenida en los próximos ejercicios presupuestarios son las condiciones que el PSOE pone al Gobierno para mantener el Pacto por la Justicia firmado en mayo de 2001. La respuesta dada ayer por el Gobierno a la amenaza del PSOE consistió ayer en una oferta del ministro de Justicia, José María Michavila, dispuesto a realizar "un nuevo impulso" al pacto en materia económica y normativa.

El ministro de Justicia, José María Michavila, recibió ayer una carta de ocho folios firmada por el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, en la que se vierte el malestar de este partido, acumulado, al parecer durante meses. No obstante, el colofón o la gota que colmó el vaso de la paciencia de Zapatero, según su círculo cercano, fue el cambio que el Gobierno hizo del Estatuto del Ministerio Fiscal. "La parcialidad abusiva en la utilización de los resortes del Estado de Derecho, la ocupación sin ambages del Ministerio Fiscal, la presión sobre el poder judicial, el nulo interés mostrado en la potenciación del servicio público de la Justicia, conducen, inevitablemente, a un replanteamiento en nuestra determinación por mantener una colaboración constructiva en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la reforma de la Justicia". Esta es la síntesis de las razones por las cuales el PSOE amenaza con "desvincularse" del Pacto por la Justicia. La esencia de las quejas la destilaron ayer en el pleno del Congreso el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, y el responsable de Justicia en la ejecutiva federal, Juan Fernando López Aguilar. Caldera se centró en la acusación de que al Gobierno, en realidad, sólo le importaba "el control del poder". Por su parte, López Aguilar, cogió la otra pat

a

del reproche: la insuficiencia económica y la escasez de recursos materiales y humanos para que los ciudadanos aprecien que algo ha cambiado en la Justicia. Las fuentes socialistas consultadas aseguran que sólo habrá marcha atrás en su intención de "desvincularse" del pacto si hay una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, incluyendo el respeto y la libertad para la Fiscalía Anticorrupción y dotaciones presupuestarias sucesivas en los próximos años empezando por este mismo ejercicio.

Petición de reunión

Esta negociación sólo debe entablarse en la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Justicia, que López Aguilar pide en su carta al ministro Michavila que la convoque de inmediato.

Pero el ministro decidió ayer responder en público y lanzó una oferta al PSOE, que llamó "nuevo impulso" del pacto. Michavila aprovechó la sesión de control al Gobierno para ofrecer a los socialistas "un plan estable de financiación para los próximos seis años; un plan de transparencia judicial y la extensión de los juicios rápidos al ámbito civil (familia y vivienda)". El ministro añadió que en la nueva negociación con el PSOE propondría la ampliación de la actual planta judicial y la adopción de medidas para que "ningún delincuente pueda salir a la calle después de cuatro años de prisión sin haber sido juzgado".

El ministro mostró con Caldera y con López Aguilar un tono de cierta moderación al ofrecer este pacto aunque lo alternó con algún dardo político por las posibles causas que habían llevado a Zapatero a amenazar con la ruptura del pacto. El líder socialista pidió a López Aguilar en julio que le hiciera un informe sobre el estado del pacto por la Justicia. Tomó esa iniciativa después de los cambios del Gobierno en el Estatuto del Ministerio Fiscal que llevaron a prescindir de fiscales de orientación progresista, empezando por el anterior fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. En la carta de López Aguilar al ministro se lamenta que el Gobierno presentara en las Cortes , "sin debate previo y sin consenso", una modificación de ese Estatuto "para fortalecer la instrumentalización del Ministerio Fiscal al servicio del Gobierno". "Hemos tenido que presenciar comentarios vejatorios del ministro sobre fiscales que se han atrevido a opinar de forma diferente al Gobierno; ceses injustificados; sometimiento total de la institución, socavando todo atisbo de autonomía de criterio". López Aguilar considera que "la operación contra la Fiscalía Anticorrupción para impedir que investigue los delitos que el Gobierno considere oportunos o incómodos a los intereses del PP". "No puede haber política de Estado en materia de Justicia si el fiscal general del Estado obstruye la acción de la Justicia en los círculos de poder relacionados con el PP".

Las quejas contra el fiscal general del Estado son interminables y se le acusa de "azuzar la ley penal en cualquier proceso que pueda afectar, aunque sea tangencialmente, a los adversarios del Gobierno, y bloquea y niega toda investigación cuando las tramas de corrupción alcanzan, siquiera indiciariamente, a algún miembro o acólito de los gobiernos del PP".

El ministro de Justicia, tiene disposición, según su entorno, a convocar una reunión y, al menos, dialogar.