Bochorno veraniego

Populares y socialistas abrieron el pasado domingo -en paralelo- la campaña para los comicios madrileños del 26 de octubre; mientras los dirigentes nacionales y territoriales del PSOE rodeaban a Rafael Simancas en la Plaza de Vista Alegre, el presidente del Gobierno y su heredero al frente del PP encabezaron en el Palacio de Exposiciones el apoyo de su partido a Esperanza Aguirre. Todos los oradores coincidieron en subrayar la condenable irregularidad de ese llamamiento a las urnas sin precedentes, convocado sólo tres meses después de celebradas las mismas elecciones autonómicas; sin embargo, la causa de esa anomalía (el transfuguismo de los diputados socialistas Tamayo y Sáez, que bloqueó la investidura de Simancas y forzó la disolución de la Asamblea) recibió interpretaciones y críticas antagónicas en uno y otro escenario. Allí donde el PP diagnosticó exclusivamente la irremediable manifestación de las mezquinas riñas por el poder dentro de la Federación Socialista Madrileña (FSM), el PSOE denunció la compra de los dos escaños por una trama político-inmobiliaria para anular el veredicto de las urnas.

Tras el frustrado intento socialista de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción tipificaran como delito de cohecho las conductas de Tamayo y Sáez, los trabajos realizados durante los meses de julio y agosto por una comisión de encuesta de la Asamblea para esclarecer ese oscuro caso de transfuguismo no se cerraron con un dictamen oficial: los dos diputados investigados tenían la llave del pleno para aprobar o rechazar cualquier resolución al respecto. Las sesiones parlamentarias -retransmitidas por televisión- constituyeron una afrenta a la dignidad de las instituciones democráticas; el bochorno político resultó mas insoportable que el tórrido verano. El PP utilizó su mayoría absoluta en la comisión (gracias a la obligada ausencia de los tránsfugas) para desnaturalizar sus objetivos y manipular su desarrollo: además de rechazar las solicitudes de documentación y las peticiones de comparecencias plenamente justificadas de los socialistas, confió la presidencia de la comisión a un diputado que traicionó sus deberes arbitrales de neutralidad en aras de un cínico sectarismo partidista.

Las casi insuperables cortapisas a la investigación puestas por el PP y la incapacidad del PSOE para superarlas frustraron las expectativas socialistas de hacer aflorar una inequívoca conexión causal entre la deserción de sus dos diputados tránsfugas y una trama político-inmobiliaria organizada por el PP para dar la vuelta a las elecciones. Sin duda, la febril comunicación telefónica de Tamayo con el constructor Bravo y el abogado Verdes -militantes ambos del PP- inmediatamente antes o después de su deserción y la irrupción en esa comedia de enredo de Romero de Tejada -secretario general de los populares madrileños con despacho en la calle de Génova- no parecen simples casualidades y dan un fundamento razonable a esa sospecha. Sin embargo, tampoco cabe descartar la existencia de redes locales de corrupción política transversal formadas por militantes de diferentes partidos a espaldas de sus dirigentes nacionales. Pero ni los socialistas (resueltos a descargar la culpabilidad exclusiva sobre el PP) ni los populares (temerosos de verse salpicados por el escándalo si admitían responsabilidades compartidas) se preocuparon de analizar una posibilidad especialmente amenazadora para los partidos y para el sistema democrático.

Los ciudadanos que vieron en televisión, escucharon por radio o leyeron en la prensa las declaraciones de los tránsfugas y de otros comparecientes quedaron probablemente sobrecogidos al atisbar la mugrienta realidad que se esconde en los subsuelos de los partidos. No será fácil para los votantes del PSOE metabolizar que Tamayo y Sáez figuraban en la lista cerrada y bloqueada que introdujeron el 26-M en la urna; los esfuerzos del PP para atribuir móviles ideológicos a la decisión tomada por los dos tránsfugas (su aversión a los comunistas de Izquierda Unida) no se tienen en pie. Y tampoco habrá sido agradable para los votantes de Esperanza Aguirre saber que Romero de Tejada -secretario general del PP en Madrid- mintió a la comisión y ocultó que una copisteria le paga sin trabajar un sueldo mensual y la cuota de la Seguridad Social.