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La Junta recaudará 41 millones de euros con el 'impuesto verde' para reparar daños ecológicos

El Gobierno andaluz no descarta aprobar la ley de Fiscalidad Ecológica con los presupuestos

Lourdes Lucio

El Gobierno andaluz aprobó ayer la tramitación del anteproyecto de ley de Fiscalidad Ecológica, la primera norma de estas características de España, que persigue ir más allá del principio de quien contamina paga y convencer a las empresas de que invertir en producción limpia es una manera de ahorrarse costes. La futura ley contempla una tasa y cuatro figuras impositivas por las que la Junta estima podrá recaudar 40,9 millones de euros que revertirán en proyectos medioambientales. El Ejecutivo autonómico pretende aprobar la ley antes del fin de la legislatura, por lo que no descarta utilizar una vía no muy bien vista por la oposición: la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Junta para 2004.

La principal finalidad de ley es garantizar la sostenibilidad medioambiental y el de "romper el binomio de que los beneficios de las empresas son privados y el daño ecológico colectivo", según afirmó la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.

El anteproyecto ha sido elaborado al alimón por Medio Ambiente y la Consejería de Economía y Hacienda, que ha llevado el peso de su elaboración. "Cualquier actividad económica que tenga un impacto no deseado ya sea en el agua, en el aire o el suelo tiene que ser compensado al medio ambiente a través de la fiscalidad ecológica", afirmó ayer la titular de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, quien subrayó que la ley, pactada desde el principio y hasta el final con Los Verdes -socio de legislatura del PSOE-, no es "un canto al sol" sino que comparte acciones concretas.

La ley será de aplicación progresiva y pretende que las empresas e industrias andaluzas se adapten antes de tiempo a la normativa europea que obligará en 2007 a reducir de manera drástica la emisión de contaminantes.

Una tasa y cuatro figuras impositivas que se implantarán de manera gradual están previstas en la futura norma, cuya aplicación provocará que "el principal contribuyente de Andalucía sea el que deposita los residuos radiactivos en El Cabril", el cementerio nuclear gestionado por la empresa Enresa ubicado en la sierra cordobesa de Hornachuelos en el que se recogen depósitos de medio y baja actividad. Es el único de estas características que existe en España.

Al mismo tiempo, el Gobierno andaluz pretende incentivar a las empresas para que inviertan en fórmulas alternativas que tengan un menor impacto medioambiental, de manera que la ley contempla deducciones entre el 15% y el 25%. Magdalena Álvarez subrayó, en previsión de que el Gobierno central recurra algunos artículos de la ley, que la Junta se "ha ajustado como un guante" a los principios dictados por el Tribunal Constitucional.

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La ley de Fiscalidad Ecológica forma parte de los compromisos alcanzados por el PSOE con Los Verdes al inicio de la legislatura y ya cuando se anunció, sin conocer su contenido, el sector turístico se puso en pie temiendo el establecimiento de una ecotasa similar a que existe en Baleares, una medida descartada por el grupo de trabajo que se creó en el Parlamento andaluz. "A no ser que el turista traiga en la mochila residuos radiactivos, no sé cómo puede afectar", dijo Álvarez.

El Ejecutivo autonómico pretende cumplir la palabra dada por Manuel Chaves en el Parlamento y aprobar el proyecto de ley en este mandato, una intención que se antoja muy difícil, pese a que se quiere dar "la máxima celeridad". La legislatura, si se agota, finaliza a finales de diciembre, el texto no ha entrado en el Parlamento y carece aún de los informes preceptivos de los consejos Consultivo y Económico y Social. Sólo si el Gobierno decide incluirlo en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Junta para 2004 podría ver la luz. Esta medida no fue descartada ayer por la consejera de Economía y Hacienda, aunque es conocida su alergia a modificar leyes y crear nuevas figuras fiscales por este sistema. Tampoco la oposición aplaude precisamente este método porque considera que se hurta el debate en profundidad de medidas de mucho calado y ésta, sin duda, lo tiene. El propio Chaves, en una comparecencia parlamentaria el pasado mes de abril, calificó la ley de Fiscalidad Ecológica como una de "las leyes más importantes que se van a presentar a lo largo de la legislatura".

Fuensanta Coves y Magdalena Álvarez, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
Fuensanta Coves y Magdalena Álvarez, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.EFE

Los nuevos gravámenes

La ley de Fiscalidad Ecológica recoge una tasa y cuatro impuestos cuyas características son las siguientes: -

E Impuesto atmosférico. Grava la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Los tipos impositivos van desde 5.000 euros para las primeras diez unidades contaminantes hasta 14.000 euros por encima de 50. La recaudación prevista, según cálculos de Economía del año 2002, es de 16,1 millones de euros y afectará a 36 contribuyentes. -

E Impuesto sobre los vertidos a las aguas litorales. Supone la conversión en figura impositiva del actual canon de saneamiento. La tarifa está compuesta por un tipo fijo de 10 euros por unidad de contaminación corregido por tres coeficientes multiplicadores: en función del tipo de vertido, de la zona de emisión y del tipo de conducción del vertido. La recaudación prevista es de 4,9 millones de euros y 81 contribuyentes. -

E Impuesto sobre el depósito de residuos radiactivos. Su finalidad es compensar el efecto que el depósito tiene en los recursos naturales. Será contribuyente quienes entreguen la basura radiactiva en el vertedero y el titular del depósito, que en este caso es el mismo, Enresa. El tipo impositivo es único: 7.000 euros por metro cúbico. La recaudación ascenderá a 14 millones de euros.

E Impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos. La finalidad de esta figura es utilizar el depósito únicamente con carácter residual, para aquellos productos para los que no se pueden reciclar y desincentivar el traslado de residuos desde otras comunidades autónomas y países a los dos instalaciones existentes en Andalucía: la de Nerva (Huelva) y Jerez de la Frontera (Cádiz). Según datos de la Junta actualmente vienen de fuera de la comunidad el 45% de lo depositado. Con carácter general, la base imponible se determinará por el sistema de estimación directa mediante sistemas de pesaje. Este impuesto establece dos tipos impositivos: 35 euros por tonelada en función de que el residuo que se deposita no sea reciclable y 15 euros por tonelada en función de que el residuo que se deposita sea valorizable. La recaudación estimada es de 5,2 millones de euros y afecta las instalaciones de Nerva y Jerez.

ETasa para el control de la contaminación, con la que se compensa el coste de todos los servicios que presta la Consejería de Medio Ambiente.

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