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Reportaje:LA PRECAMPAÑA ELECTORAL

Tres recetas para cocinar una lista electoral

La participación de los militantes y el reparto de poder entre 'familias' condicionan la forma de elegir a los candidatos en el PP, el PSOE e IU

El pasado 10 de junio, fecha de constitución de la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 25-M, los "indignos" diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez decidieron romper con la disciplina de su grupo, el socialista, y escapar con el botín de la mayoría absoluta que las urnas habían otorgado, por mor de las alianzas poselectorales, a PSOE e IU. Ese día comenzó la mayor crisis institucional sufrida por la Comunidad de Madrid en sus 20 años de historia, que ha obligado a repetir los comicios el próximo 26 de octubre.

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Las causas últimas del cataclismo aún son oscuras, pero incluso quienes apuntan a una presunta trama inmobiliaria que habría comprado la voluntad de los dos tránsfugas vuelven hoy la cabeza al proceso previo, el de elaboración de listas, con una misma pregunta: "¿Podía haberse evitado?"

No existe un libro de estilo común a todos los partidos que les marque pautas objetivas a la hora de elegir a sus candidatos y elaborar sus listas electorales. Cada uno usa un sistema diferente, y ninguno garantiza el éxito ni la honradez de los elegidos. En Madrid, los dos grandes partidos, PP y PSOE, han sufrido en sus carnes el mal del transfuguismo en distintas épocas, y no por ello han cambiado su forma de escoger a quienes están llamados a representar a millones de ciudadanos.

"Por muy mala opinión que tengas de alguien, por poco que te fíes de la valía de algún diputado, lo que nunca esperas es que vaya a hacer algo así", repetían los socialistas, y asentían muchos populares, en las semanas posteriores al 10 de junio. Lo que sí diferencia a unos partidos de otros es el peso que dan a la participación, formal o real, de sus militantes en esa fase de elección de candidatos. Lo que sigue es un resumen del proceso en el PP, el PSOE e IU.

PARTIDO POPULAR Aznar y 22 más

Hasta el 7 de julio de 2002, todas las quinielas apuntaban a Esperanza Aguirre como favorita para encabezar la candidatura del PP a la alcaldía de Madrid. Pero ese día el presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar, se reunió con Alberto Ruiz-Gallardón para comunicarle, a él y al resto del mundo, su última jugada maestra: Ruiz-Gallardón lucharía por conservar la capital para el PP y Aguirre sería candidata a la presidencia regional. Ambos aceptaron, y lo que luego hicieron los órganos electorales del PP fue ratificar esa decisión.

"Bueno, la última palabra la tiene Aznar, pero esos nombres los propuso oficialmente el Comité Ejecutivo Regional [con 90 miembros] y la Ejecutiva Nacional [101, aunque la cifra es variable]", puntualiza Pío García-Escudero, presidente del PP en Madrid. Esa propuesta, que se conoció públicamente tras la reunión de Aznar con Ruiz-Gallardón, y no después de ninguna reunión de las ejecutivas, fue ratificada después, junto a la lista completa y por unanimidad, por el Comité Electoral Regional -siete miembros designados por la dirección del PP madrileño- y por el Comité Electoral Nacional -15 miembros elegidos igualmente por los órganos ejecutivos populares a escala nacional-.

Aguirre conservó para su lista a la mitad del anterior grupo parlamentario popular, incluidos varios ex consejeros de Ruiz-Gallardón. Además, incorporó a algunas personas de su confianza. Esas aportaciones directas de la candidata, más otro grupo de diputados cercanos a Pío García-Escudero, conforman el grueso del nuevo grupo, según explican dirigentes del PP. Pero también hay personas colocadas en la lista por el ministro Rodrigo Rato, el otro peso pesado del PP de Madrid, e incluso por ex secretario general del PP, Javier Arenas, que no pertenece a la ejecutiva regional del partido. Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid, no participa en la elaboración de esa candidatura. Su labor se centra en la elección de los aspirantes a alcalde para los distintos municipios.

PSOE Sin primarias por falta de candidatos

El PSOE elige a su candidato por un sistema de primarias: cualquier militante puede postularse si cuenta con el apoyo del 10% de los afiliados o bien es propuesto por los órganos de dirección del partido. Éste fue el caso de Rafael Simancas: a él lo propusieron los 40 miembros de la Comisión Ejecutiva (máximo órgano de gobierno) de la Federación Socialista Madrileña (FSM) y lo ratificaron los 720 del Comité Regional (máximo órgano deliberativo). El primero de esos órganos salió del congreso celebrado por la FSM en 2000, en el que Simancas fue elegido secretario general. El segundo lo integran representantes de las 147 agrupaciones de militantes. Nadie más se ofreció como candidato, así que al final no hubo primarias.

En cuanto al resto de la candidatura, la elabora la Ejecutiva Regional después de consultar a las agrupaciones. Pero la dirección federal del PSOE puede, en última instancia, modificar o añadir nombres. ¿Con qué criterios se hace la lista? "Mérito y capacidad", asegura Antonio Romero, secretario de Organización de la FSM. "No siempre. Demasiadas veces se echa mano de las cuotas, del reparto entre familias, y eso acaba metiendo en la candidatura a los menos capaces", reconocen otros miembros del Comité.

¿Cómo entraron Tamayo y Sáez, ambos pertenecientes a la corriente Renovadores por la Base? "Se hizo un informe sobre la anterior legislatura cuya conclusión fue que todos los diputados habían trabajado bien. La mitad de ellos siguieron en la lista", se limita a decir Romero. Sin embargo, desde el mismo día de la espantada de los tránsfugas fue unánime entre los socialistas la opinión de que Tamayo era "un intrigante y un vago", y Sáez una "inútil" que sólo había hecho una pregunta parlamentaria en cuatro años.

La lista encabezada por Simancas es fiel reflejo de la división de poder en la Ejecutiva regional que él preside: la mayoría son guerristas, aunque entre quienes lo apoyaron en 2000 hay también antiguos renovadores. El resto, renovadores puros o renovadores por la base, que no votaron a Simancas pero fueron integrados por él en la dirección, suman casi un 30% de la Ejecutiva y de la candidatura. Hay, por último, tres fichajes: Inés Alberdi, Soledad Mestre y el ex ministro Carlos Westendorp.

IZQUIERDA UNIDA Asamblea electoral

Si hay una formación que da importancia a lo que digan sus militantes, al menos sobre el papel, es IU. Para empezar, porque la dirección federal no interviene en ningún momento: los candidatos a las elecciones de Madrid los deciden los militantes de Madrid. La Ejecutiva Federal "ni sugiere ni modifica ni ratifica nombres", subraya el responsable de Organización, Ildefonso Fernández. Todo el proceso se cocina en el Consejo Político Regional, máximo órgano directivo.

Setenta de sus 140 consejeros son elegidos por los militantes en la Asamblea (equivalente al Congreso de PP y PSOE) que se celebra cada tres años. Los otros setenta salen de las asambleas locales más importantes (de un total de 133), según su número de afiliados. La de Móstoles, por ejemplo, proporcionalmente la de mayor peso, aporta tres miembros al consejo. Es, por tanto, un órgano nacido directamente de la militancia de base el que se encarga de elegir, cada cuatro años, al candidato y elaborar la lista. Después, la Conferencia Electoral, constituida por 670 delegados enviados también por las asambleas locales, debe ratificar o rechazar esa propuesta.

Cosa distinta es cómo se cocina la candidatura. La lista con la que IU concurrió a los comicios del 25-M y concurrirá a los del 26-O, encabezada por Fausto Fernández, sufrió un auténtico calvario hasta que fue ratificada. Las luchas internas obligaron primero a las dos familias de IU a pactar un reparto paritario de puestos (los números pares de la lista para un sector, los impares para el otro); después, la dirección se dio cuenta de que no cumplía el mandato estatutario de igualdad de sexos. Hubo que volver a empezar. Cuando los ánimos parecían calmados y cada grupo había logrado su cuota, la Comisión Federal de Garantías emitió un informe que obligaba a rehacer la lista porque discriminaba a una corriente minoritaria. La dirección regional decidió que ese informe no era vinculante en Madrid. El resultado final es una lista repartida al 50% entre las dos grandes (y enfrentadas) familias de IU.

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