La fiscalía acusa de nuevos delitos al delegado de Turismo en Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha decidido ampliar los delitos imputados al delegado de Turismo de la Junta, el andalucista Antonio Prats, por unos hechos ocurridos en marzo de 2001, cuando era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Sanlúcar. En aquella fecha, Prats participó en una protesta laboral en las dependencias del Consistorio, que forzó una intervención de las fuerzas antidisturbios para proteger al primer edil, Juan Rodríguez, del PP, quien se encontraba cercado en la alcaldía. A los cargos de atentado contra la autoridad y lesiones, la fiscalía suma ahora los de detención ilegal y desorden público.

El vicesecretario de Organización del PP de Cádiz, Daniel Nieto, pidió ayer a la Junta que "reconsidere el cargo concedido a esta persona". El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar, Rafael Rubio, reconoció ayer la "alegría" del gobierno popular de la ciudad por la decisión de la fiscalía.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, declinó ayer valorar el asunto por desconocer los términos de la denuncia contra Prats. Éste rechazó ayer, a través de una portavoz, a hacer algún comentario sobre la decisión del fiscal.

Prats deberá también responder ante las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas sobre contrataciones ilegales, falseo de datos y supuestas condonaciones a particulares mientras era concejal de Urbanismo de Sanlúcar. En esa etapa, un portavoz de la empresa Parquigrán denunció que un intermediario le exigió una elevada cantidad de dinero a cambio de la adjudicación municipal para la construcción de un aparcamiento subterráneo en Sanlúcar.